Una niña fue violada por su abuelastro de 64 años –al momento de la agresión– y sus primos de 15 y 12 años. Han pasado dos años y la justicia no llega
¿Cuáles son las razones por las que una madre o una abuela desearía la muerte de su hija o nieta? Ana Lilia, una mujer mexiquense abuela de una niña de ocho años, las tiene claras. Quisiera que su nieta no tuviera los estragos que le provocaron las violaciones sexuales que sufrió desde los cinco años por parte de su abuelastro y dos de sus primos. Le gustaría que pararan las convulsiones que padece la pequeña. Que, al menos, tuviera apetito para comer algo y desarrollarse como cualquier niña de su edad.
Simplemente, anhela que su nieta no tuviera que pasar por el destrozo de su infancia producto de las agresiones sexuales, ni por la violencia institucional que enfrenta por exigir justicia.
“Ojalá hubieran matado a la niña, la dejaron desecha”
Mientras conversa con madres de mujeres víctimas de feminicidio en el Estado de México, Ana Lilia se reprocha el pensar que sería mejor si hubieran matado a su nieta.
Pero Lorena Gutiérrez Rangel y Eleocadia Matilde Bermúdez entienden su sentir. No la juzgan, abrazan esa indignación. A ambas les asesinaron a sus hijas, Fátima Quintana y Maicha Pamela González, de 12 y 16 años respectivamente.
Ana Lilia entiende que el dolor entre estos casos y el suyo es distinto, pero reconoce que el daño es el mismo. Por eso, sobre su nieta se pregunta: “¿con qué calidad de vida está, de qué forma la dejaron viva?”. Sabe que en todos los sucesos el quebranto es irreparable.
“Ojalá hubieran matado a la niña (…) la dejaron desecha, porque su vida cada vez está peor. No es por egoísmo, al contrario, porque tanto la quiero, yo le pedí mucho a Dios y le decía: ¿por qué no la mataron? ¿Por qué la dejaron viva sufriendo toda esta situación?”, narra en entrevista.
“Sólo le pido a Dios / que el dolor no me sea indiferente /que la reseca muerte no me encuentre / vacío y solo sin haber hecho lo suficiente”, dice la canción de León Gieco.
Frente a Lorena y Elocadia Ana Lilia considera que es poco el tiempo que lleva de lucha para que los responsables de las violaciones a su nieta sean procesados, pero aprende de sus experiencias. Desconoce cuál sea el costo por exigir justicia, pero está dispuesta a pagarlo.
“Le agradezco a Dios que me tenga de pie. En diciembre estaba tomando quimioterapias, ya estaba perdiendo mi vista. Ahí en la cama le pedía a Dios, porque sí soy católica y le dije – déjame hacerle justicia a la niña– y aquí estoy, aquí me tiene otra vez de pie.
“Aquí sigo porque la niña merece justicia. Aunque tarde, pero yo sí los quiero ver en la cárcel, yo sí quiero que paguen por lo que hicieron”, asegura.
“Ya no como porque me quiero morir”
La niña de ocho años no murió a causa de las agresiones, pero sí tiene múltiples afectaciones: sufre de convulsiones y tuvo una regresión en su desarrollo. Por eso, se volvió a orinar en la cama como cuando era bebé.
El día de su cumpleaños número ocho en lugar de festejo tuvo que declarar en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF. Ya no es capaz de recordar el abecedario y olvidó los colores. Sin embargo, pudo construir en un dibujo su concepto de justicia: que sus agresores sean encarcelados.
“Ella nos decía: ‘ya no como porque me quiero morir’. ¿Cómo es posible eso? Cuando le tomaron la declaración los dibujó en la cárcel y dijo: ‘los quiero ver en la cárcel y los quiero ver muertos‘. ¿Cómo una niña de ocho años pide ver muerto a alguien? Así fue el daño que le hicieron”, comparte Ana Lilia.
Además de una infancia tranquila para su nieta, Ana Lilia y su familia han perdido varias partes de su vida. Lo mismo que en los casos de feminicidios de Fátima Quintana y Maicha Pamela González en el Estado de México. Pues la familia de la víctima se convirtió en la perseguida.
Por ello, Ana Lilia prefiere omitir sus apellidos, al igual que el nombre de la niña que está resguardado en las causas penales CAJ/CAT/00/CAT/184/113530/21/12 y NEZ/CGO/UGZ/62/344818/21/12.
También prescinde del nombre de su hija –madre de la pequeña de ocho años–, ya que fue agredida físicamente y amenazada con llamadas telefónicas. Una mujer se comunicó con ella y le advirtió que un supuesto grupo delincuencial protegía a los violadores y que en cuanto bajara del avión en Tijuana –lugar donde ocurrieron las violaciones– actuarían en su contra. En esa ocasión, la hija de Ana Lilia tuvo que esconderse por mes y medio.
“Se me hace injusto porque estos tipos siguen libres, no se les hace nada y nosotras las víctimas seguimos sufriendo. A mi hija, aparte de que me la habían golpeado, me dijo: ‘mamá, no puedo ni asomarme porque me tienen cuidando. Hay un carro afuera, se dio cuenta dónde me metí, no veo a las niñas porque me da miedo que el día que me vean les hagan algo‘. Las amenazas –serán de un cartel o no– sí le llegaron a mi hija: la golpearon y la siguen vigilando”, cuenta.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) le dio un botón de pánico a la hija de Ana Lilia, pero no confía en él. Teme que una bala o un cuchillo sea más rápida que la respuesta de las autoridades.
“Nadie nos escucha”
La seguridad no es el único motivo por el que Ana Lilia habla en nombre de su hija de 24 años y su nieta de ocho. Las deficiencias en los procesos de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del DIF estatal hicieron que se involucrara de lleno en el caso.
“Mamá me están haciendo a un lado. No me hacen caso, llego a las nueve de la mañana que me citan, son las cinco de la tarde y no me atienden. ¿Estoy muy escuincla o qué?”, cuenta la queja que le hizo su hija.
Ana Lilia escuchó en algún discurso del gobernador Alfredo del Mazo que todos los y las mexiquenses tienen los mismos derechos. Por ello, decidió hacer valer esa impartición equitativa de justicia que oyó del mandatario.
Decidió buscar a los titulares de cada dependencia responsable de atender el caso de su nieta. Fue escalando en rangos administrativos confiando que el o la superior del funcionario anterior podría resolver lo que su subordinado no pudo.
Sobre todo después de que el ministerio público de la Agencia Especializada En Violencia (Ampevis) de Chimalhuacán, Jaime Hernández, le dijo: “Ay, para qué le siguen, ni les van a hacer caso porque sucedió en Tijuana”.
También buscó atención en el sistema municipal DIF de Los Reyes La Paz tanto en el ayuntamiento anterior como en el actual sin obtener ayuda.
Luego quiso entrevistarse con Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros, Fiscal General para la Atención de Delitos vinculados a la Violencia de Género, pero no tuvo respuesta.
Así que buscó al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, que la remitió con el Vice-fiscal General de Justicia, Rodrigo Archundia Barrientos.
Este reprochó que Dilcya García no se hubiera hecho cargo del asunto. Incluso presumió la celeridad con que él atiende sus casos.
“Yo le dije, qué bueno que usted trabaja rápido, pero su gente no, porque a mi hija ni siquiera la han atendido en su municipio. Está en Chimalhuacán, donde no le corresponde y me la mandaron hasta allá desde noviembre y no pueden hacer nada. No han girado las órdenes de aprensión porque no sucedió aquí”, detalla Ana Lilia.
También fue recibida por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF, Cristel Yunuen Pozas Serrano y por René Lovera Navarrete de la CEAVEM.
Pero Ana Lilia no se quedó ahí, mandó oficios de petición al gobernador Alfredo del Mazo y fue a Palacio Nacional a entregar cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El presidente sé que tiene asuntos realmente importantes y como mi nieta, hay muchas niñas. Si yo que me estoy moviendo no se nos hace justicia, qué pasa con toda esa gente. Yo estoy peleando por mi nieta y por todas las de atrás y nadie nos hace caso, cómo es posible”, reclama.
Atención psicológica deficiente
En su recorrido por instituciones de impartición de justicia estatal y federal, Ana Lilia logró que después de nueve meses su nieta recibiera terapia psicológica en agosto pasado. Aunque no fue la atención que esperaba.
“La que la atendió el 11 de agosto le dijo a mi hija: ‘la voy a dar de alta porque la veo bien’. Le dije: ‘perdón, pero es una pendeja. Cómo la ve bien, si la niña está convulsionando y se está haciendo pipí en la cama. No, está bien. O sea, no es necesario tener estudios y ser psicóloga para saber que la niña está mal, con todo esto que vivió es lo más lógico”.
También logró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entregara a la Fiscalía General del Estado de Baja California la carpeta de investigación. Aunque a la fecha no hay órdenes de aprehensión contra los violadores de la menor.
El mayor de ellos tenía 64 años al momento de la agresión, los otros tenían 15 y 12 años.
“Me dicen que el de 12 no se puede procesar porque es menor de edad y digo: ‘¿y la niña?, o sea, fueron dos años que le estuvieron violando. Sí, tenía 12, pero lo hizo hasta los 14, ahí no dicen que es menor de edad, que no sabía lo que hacía. Yo creo que sí sabía, lo estuvo haciendo durante dos años”, expresa Ana Lilia.
“Es un dolor de día a día que nos va carcomiendo“
Ana Lilia por sus exigencias pudo obtener que el Instituto de la Mujer de Toluca le brindara terapia psicológica. Sin embargo, al momento no ha conseguido el beneficio para su hija.
A pesar de la ayuda, aún no sabe lidiar con la situación. No tiene claro cuál es la mejor manera de ayudar a su hija y a su nieta.
Advierte el riesgo de no atender su salud mental, sabe que si esconde sus pensamientos y sentir puede enfermarse: “es un dolor de día a día que nos va carcomiendo y nos vamos llenando de odio”.
Aunque trata de gestionar sus emociones, se cuestiona: “cómo se quita uno este coraje de decir: ‘también los quiero muertos a ellos, también que vivan, que sufran lo que mis víctimas han sufrido’”.
Las lágrimas no quiebran del todo la voz de Ana Lilia mientras cuenta su historia. Tampoco la quebró el cáncer, el estrés, las dos parálisis faciales que tuvo, la negativa de las autoridades o una caída en las escaleras de la Fiscalía mexiquense.
La rabia o las ansías por lograr justicia para su nieta de ocho años al parecer es lo que la mantiene en pie.
“Sé que tengo que estar bien yo porque soy la que me estoy moviendo por todos lados. A mi hija ya me la golpearon, ya me la amenazaron”.
Si bien la voluntad de Ana Lilia y su hija no se quebrantan, sí flaquean, principalmente por intentar llevar una vida normal. Al igual que con las familias de víctimas de feminicidios en el Estado de México, las pérdidas económicas merman su calidad de vida.
“No quiero justicia divina”
Ana Lilia vende licores artesanales en una Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS) perteneciente a los sistemas DIF, pero no es un trabajo diario, ni estable, ni bien remunerado.
Cuenta, además, que su hija solo puede trabajar tres días a la semana, por lo que en ocasiones no logra cubrir las necesidades básicas de su familia “ella se pasa días sin comer”. Encima, la hija de Ana Lilia tiene que lidiar con la carga emocional.
“Con estas palabras le dije a mi hija: ‘qué pocos huevos de no agarrar una pistola de tu papá y jalarle. Tu padre tiene una pistola, ¿por qué no los mató?’. Y mi hija me dijo: ‘tú crees que yo no les quería cortar la cabeza mamá. Yo los conozco, yo conviví con ellos, ¿tú crees que no lo quería hacer?.
“Además, tengo que ver las fotos porque las he estado mandando a un lado y al otro, se me regresa todo. Lo único que quiero es despellejarlos vivos, lo único que quiero es matarlos yo, porque la justicia no hace nada”.
En el oficio que Ana Lilia envió a Alfredo del Mazo le solicitó que se le diera algún apoyo social como las despensas del programa Familias Fuertes o el Salario Rosa, pero no obtuvo respuesta. Por otros medios ha buscado que su hija sea beneficiaria, pero por no contar con conocidos en el PRI se los han negado.
Ante la situación de vulnerabilidad que vive su familia, Ana Lilia solicita que las instituciones de procuración de justicia y atención a víctimas volteen a ver su caso. Exige que su nieta reciba la atención especializada que requiere y también se preocupen por las familias de las víctimas de violencia de género.
“Para mí como abuela me destruye, yo estoy deshecha, me decía mi hija: ‘mamá, ¿tú crees que alguien nos va a hacer caso?’. Todos nos dicen y creo que a las compañeras (Lorena y Eleocadia) les dicen lo mismo: ‘espérate porque la justicia divina va a llegar. Yo quiero la justicia del hombre, porque la niña es la que ahorita sigue mal”.
Ana Lilia también ha sufrido desplazamiento forzado por las amenazas contra su familia. Aunque se convirtió en la voz de su hija y su nieta, tiene que esconder su nombre completo e incluso su rostro para evitar que la reconozcan y re victimicen a más miembros de su familia. Por eso, pide ser fotografiada en las sombras o de espaldas.
“Nadie nos escucha”, el desgarrador testimonio de Ana, abuela de niña víctima de violación
