Marcela fue golpeada y retenida ilegalmente durante horas por Jorge Ignacio, su expareja; él está libre porque sólo lo acusan de un delito «no grave», aunque amenazó con matarla.

La noche del 29 de octubre de 2011, Marcela fue golpeada y retenida ilegalmente durante horas por Jorge Ignacio, su expareja, quien la convenció de acudir a su departamento bajo la advertencia de que quería suicidarse, pues no soportaba “vivir sin ella y verla feliz”.

Aunque ella denunció a Jorge Ignacio por el delito de tentativa de feminicidio y privación ilegal de la libertad, pues mientras la golpeaba él le manifestó su intención de asesinarla y la mantuvo cautiva durante horas, él está bajo investigación por el delito de lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida, un cargo que le ha permitido llevar su proceso en libertad.

Días antes de la agresión, Marcela y Jorge Ignacio, quien mientras mantuvo una relación con Marcela tuvo episodios de violencia contra ella en múltiples ocasiones, salieron a cenar y él le dijo que se encontraba deprimido. Ella abandonó el lugar luego de que él le reclamó por encontrarse “bien, contenta”.

Aquel 29 de octubre, Jorge Ignacio llamó a Marcela por teléfono y le dijo estar arrepentido por la discusión pasada. Le pidió que fuera a verlo porque quería suicidarse.

Ella acudió a su domicilio en un taxi y le pidió al conductor esperarla mientras verificaba que él no se hubiera causado lesiones; sin embargo, ante las súplicas de su expareja de que se quedara a platicar, ella se despidió del taxista y entró al departamento.

Marcela entró al baño y al salir fue noqueada de un puñetazo en el rostro. Jorge Ignacio la golpeó, la pateó y la estranguló hasta que estuvo convencido de que estaba muerta, pero no fue así, solo se encontraba inconsciente.

Lo único que pudo detener la golpiza que le propinó nuevamente cuando ella recuperó el aliento fue la advertencia de Marcela: si la asesinaba iba a meterse en problemas.

Jorge Ignacio accedió a entregarla con un terapeuta, pero bajo la amenaza de que si lo denunciaba, la buscaría y mataría.

Luego de ser entregada, Marcela fue internada en un hospital donde la atendieron por hematomas múltiples en la cara y cráneo, un esguince cervical grado I, fractura en una costilla izquierda, edema cerebral severo, y una oclusión intestinal.

Un delito “no grave”

Marcela, madre soltera de dos hijos, cuenta que no quería denunciar a Jorge Ignacio, ante el temor de que él tomara represalias en su contra o intentara agredir a su familia.

Su hijo mayor la convenció de acudir a denunciarlo por los delitos de privación ilegal de la libertad, pues la mantuvo cautiva durante horas, tiempo que aprovechó para agredirla en al menos tres ocasiones, y por tentativa de feminicidio, pues él le repitió varias veces que la quería matar.

Por la denuncia de Marcela se abrió la causa penal 201/2012 contra Jorge Ignacio “N”, quien en 2012 se dio a la fuga, por lo que fue incluido en la lista de “Los más Buscados” en la página oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; la policía capitalina logró detenerlo el 12 de noviembre de 2013, pero puesto en libertad una semana después.

Nora Alicia Martínez, abogada que asesora a Marcela en el caso, advierte que la tipificación del delito como no grave y la negativa de investigación de feminicidio no son las únicas irregularidades en el caso, pues no se acudió al lugar de los hechos de inmediato, lo que permitió la manipulación de la escena, ni se citó a declarar al taxista que acompañó a la víctima, ni al terapeuta que la rescató.

Ante la inconformidad de la víctima por el proceso de investigación contra Jorge Ignacio, a finales de 2013 se giró una segunda orden de aprehensión contra el agresor, quien estuvo prófugo por cuatro años, hasta el pasado 20 de septiembre, cuando fue detenido por policías de la Ciudad de México.

Esta vez el asunto fue turnado con otro juez, Santiago Ávila Negrón, encargado de Juzgado 35, conocido por haber sentenciado a prisión a Yakiri Rubio, víctima de violación que asesinó en defensa propia a su agresor.

Casi un mes después, el 16 de noviembre, Marcela fue notificada de que Jorge Ignacio había sido liberado, bajo el argumento de que sólo era investigado por lesiones dolosas que no ponen en peligro la vida de la víctima, aunque hoy ella vive con una retina desprendida y problemas gastrointestinales por la perforación de intestino que sufrió con los golpes.

Una multa de 50 mil pesos le permitió a Jorge Ignacio llevar su proceso en libertad.

 “La impartición de justicia no puede estar a capricho”

 Al enterarse de que nuevamente habían puesto a Jorge Ignacio en libertad, Marcela hizo público su caso a través de medios de comunicación, lo que llevó a que el juez Santiago Ávila Negrón se excusara para dejar el caso, mediante un documento en el que acusa a la víctima de intentar hacer un uso de la justicia a capricho y por venganza.

A través de un documento del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con fecha del 22 de noviembre de 2017, Santiago Ávila Negrón se “excusa de seguir conociendo de la presente causa”, porque “la impartición de justicia no puede estar al capricho de alguna de las partes, que utiliza a las autoridades para realizar venganzas personales y utiliza a los medios de comunicación para denostar a las mismas autoridades sin el menor respeto a sus determinaciones”.

Ahora, el juez Álvaro Quiroz Cabrera tiene en sus manos el destino de la investigación por las agresiones que “milagrosamente no mataron a Marcela”, informó la abogada.

Ana Katiria, abogada que logró la libertad de Yakiri Rubio, hizo un llamado a organizaciones sociales, defensoras y activistas a solidarizarse con Marcela y apoyar su caso, pues “si no pudimos salvarla de la violencia de su pareja, tenemos que hacer lo necesario para salvarla de la violencia institucional”.

Para la defensora, quien acompaña a Marcela y su asesora legal en el proceso contra Jorge Ignacio, las decisiones que hasta ahora han tomado los jueces que han tenido a su cargo la investigación son “decisiones machistas, de un sistema patriarcal y violento”, y eso “no lo vamos a permitir”.

Animal Político consultó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sobre la razón por la que la averiguación previa del caso se realizó por el delito de lesiones dolosas y no por tentativa de homicidio o de feminicidio; sin embargo, la dependencia dijo que, debido a que el caso se encuentra en juzgados ya no pueden emitir una postura al respecto.

Sobre las denuncias de la víctima acerca de las irregularidades con las que se ha juzgado su caso, el Tribunal Superior de Justicia expresó que no pueden ofrecer información o una postura al respecto, ya que el juicio continúa en curso.

De acuerdo con el Tribunal, el caso ha tenido un curso favorable para la víctima; sin embargo, dijeron no tener registro documental que acreditara que Marcela ha exigido que se juzgue a Jorge Ignacio por tentativa de feminicidio y privación ilegal de la libertad, sino únicamente que se ha solicitado que se cataloguen sus lesiones como graves (que ponen en riesgo la vida).

Al respecto, las abogadas que asesoran a la víctima señalaron que para ellas lo más importante, por ahora, es que se reconozcan como graves las lesiones que sufrió Marcela y que se reaprehenda a su presunto agresor, quien lleva su proceso en libertad luego de pagar una multa.

Posteriormente, anunciaron, buscarán que se reclasifique el delito de lesiones por el de tentativa de feminicidio, para que Marcela, “sobreviviente de un intento de asesinato, tenga justicia”.

En las próximas semanas, la Sala 5ª del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolverá si se revoca o no la libertad bajo caución al presunto agresor.

http://www.animalpolitico.com/2018/01/marcela-agresor-libre-lesiones/