Este domingo, familiares de víctimas, colectivos y otras organizaciones marcharon para exigir justicia en los casos de feminicidios, y que haya seguridad para las mujeres en el país.
El Monumento a la Madre, en la CDMX, quedó lleno de cruces rosas. Las participantes en la marcha que estaba por salir, la del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, simbolizaban así lo que han catalogado como un sexenio, el de Enrique Peña Nieto, que deja el peor contexto de violencia contra las mujeres.
A las 3:15 de la tarde salió la vanguardia de la marcha, rumbo al Hemiciclo a Juárez. En el primer contingente iban los familiares de las víctimas de feminicidio, ahí las consignas que se lanzaban eran las mismas que las madres han gritado por años sin resultado: “Ni una más ni una más ni una asesinada más”, “¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora!”, “No fue suicidio fue feminicidio”.
Atrás de ese primer contingente de familiares venían los de jóvenes activistas con sus consignas en contra de la violencia machista. “Mujer, hermana, si te pega no te ama”, “Señor, señora, no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, “No somos maquinitas de reproducción, somos mujeres de derecho y decisión”, “Que te dije que no, mi cuerpo es mío, solo mío, yo decido”.
Caminando junto con hombres que se sumaron a la manifestación del que se conoce como el Día Naranja, decretado por la ONU en 1999 para movilizar a la opinión pública y a los gobiernos a emprender acciones concretas por una cultura de la no violencia contra las mujeres, la marcha avanzó por Reforma hasta el Hemiciclo a Juárez.
Al llegar ahí, Irinea Buendia, madre de Mariana Lima, asesinada en el Estado de México en 2010, tomó el micrófono para emitir el pronunciamiento de las familias de las víctimas y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
La activista dijo que un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres es el legado que deja Enrique Peña Nieto al concluir su sexenio.
“Las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son negligentes y omisas, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de Mariana Lima, emitida en marzo de 2015”.
La violencia de género, agregó Buendía, afecta a las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público. “Nos enfrentamos a contextos comunitarios de alta criminalidad donde somos consideradas mercancía, botín de guerra. Atentan contra nuestro cuerpo y nos someten a niveles de violencias inimaginables. La impunidad es imperante, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de la violencia”.
Irinea señaló que de acuerdo a datos del OCNF, 40% de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70% de los casos las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público.
Las causas de muerte documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras. Del 2012 al 2016 solo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio, sin determinar si estas fueron o no condenatorias.
En este contexto tan adverso, “el Estado toleró y legitimó la presencia y el control territorial de redes y estructuras criminales a nivel nacional que atentaron contra la vida de las mujeres y niñas.
A pesar de que se identificaron y documentaron patrones del delito, prácticas y modus operandi, tanto el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales fueron omisos al negarse a reconocer la vinculación del feminicidio con otros delitos, reduciéndolo sólo al ámbito privado, intentando desconocer que los contextos criminales están atentando contra la vida de las mujeres”, advirtió Irinea Buendia.
Si bien durante el gobierno de EPN, agregó, se logró la investigación y la declaratoria de 17 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), éstas no tuvieron el impacto esperado porque la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no quiso corregir y fortalecer el Mecanismo, a pesar de las propuestas hechas por organizaciones expertas de la sociedad civil.
Frente a esto, los familiares de las víctimas de feminicidio, el OCNF y diversas OSC le exigieron a la administración entrante:
-Que exista un compromiso real del nuevo Gobierno Federal para resolver de fondo y con un enfoque diferencial, la situación de las violencias que viven las niñas y mujeres en México.
-Eliminar las políticas públicas que no dan resultados, a través de un sistema de evaluación en donde los impactos positivos puedan ser medibles.
-Que el Poder Legislativo proponga un marco legal que depure a las instancias que pasaron de Procuradurías a Fiscalías, a fin de sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstruyan el acceso a la justicia, para que la autonomía de las Fiscalías no sea un sinónimo de impunidad frente a los derechos de las víctimas y sus familias.
-Que el Poder Legislativo, las autoridades estatales y federales construyan, de manera coordinada, marcos legales y las políticas públicas para salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres.
-Que el presidente de la República electo, los gobernadores/ra actuales y los cinco nuevos gobernadores/ra incluyan el combate, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres como un eje transversal y una prioridad en sus agendas políticas.
En Ecatepec, Estado de México, también se registraron movilizaciones para exigir que ya no haya feminicidios, y que se haga justicia en los casos de violencia contra la mujer.
Este domingo, el diario Reforma reportó que un grupo criminal que operó en Ecatepec y Tecamac, entre 2011 y 2012, se atribuyó la muerte de al menos 35 mujeres en esos municipios mexiquenses.
De acuerdo con el diario, al tener acceso a las carpetas de investigación se conoció que dicha banda tenía protección policial, y era encabezada por un exmilitar.
“Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas no es un esfuerzo de corto plazo. Requiere esfuerzos coordinados y sostenidos de todos nosotros”, señalaron los jefes de los organismos de las Naciones Unidas, PNUD, UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, en un comunicado conjunto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Cada año, 64 mil mujeres y niñas en promedio son asesinadas en el mundo y, en México, al menos 7 mujeres son asesinadas al día, de acuerdo con ONU Mujeres.
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