Cuando el odio termina en un feminicidio, crimen, separación de familias y duelo se hace visible por ser extremo, aparece en las noticias, se discute en las redes sociales. Después retorna el silencio. Sale el escándalo, lo rojo, dice la activista trans Gloria Davenport, pero cuando se trata de las violencias normalizadas, el silencio se generaliza. Con ella coinciden especialistas en infancia, homofobia, mujeres, personas migrantes y pueblos indígenas. La discriminación, el racismo, la violencia económica causan daños por generaciones, explica Paloma Bonfil, pero se habla poco de ellos. Esa violencia estructural, explica la doctora en sociología rural, es un reflejo de la desigualdad, la impunidad y la falta de oportunidades. Son, en su opinión, nuestros problemas más terribles, asegura. Anayeli Pérez, abogada que defiende casos de feminicidio, agrega otros elementos más a la descripción de Bonfil: la corrupción y la colusión que, al final del camino, se leen como una permisividad para violentar mujeres.
De las 6,614 niñas, niños y adolescentes que están desaparecidos, seis de cada diez son niñas y adolescentes mujeres, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Además, es el segundo país del mundo donde más matan a personas transgénero, de acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas. A una persona trans, dice Martha Elena Díaz, de la organización Transfamilia, no se le quiere ver, se le quiere esconder y se le orilla a una situación de precariedad brutal porque desencaja, incomoda.
Diversos especialistas coinciden en que la discriminación y el racismo marginan a las personas, las dejan sin empleo y las vuelven altamente vulnerables. La violencia normalizada mata. En México, 23 por ciento de la población siente que en los últimos cinco años se le ha negado un derecho injustificadamente, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017. Para una mujer indígena es lo mismo, y para una mujer indígena pobre que vive en una zona donde hay crimen organizado, es peor, asegura Paloma Bonfil.
Si se trata de un niño que migra sin documentos, la violencia que le espera dice Salvador Lacruz, de la organización civil Fray Matías de Córdova, es absoluta. “Cada vez llegan más niños en condiciones extremas, la autoridad es particularmente cruel, es un tema muy difícil de manejar y una carga fuerte para el Estado, no hay institucionalidad que pueda cumplir con el interés superior de la infancia”. Lacruz trabaja en la frontera con Guatemala, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en donde “ni siquiera –observa– hay los recursos adecuados para tratar con la niñez local, sobre todo si se piensa en la población indígena; necesitan atención integral y la realidad es que es muy precaria y muy negligente”. La cereza del pastel es el machismo. Juan Martín Pérez asegura que México es un país profundamente machista, inmerso en una condición de guerra que genera un entorno para la trata de personas. De acuerdo con la organización GIRE, cada día hay en promedio dos nacimientos de madres de entre 10 y 11 años.
MISOGINIA QUE TERMINA EN CRIMEN
EL DÍA que Lorena decidió denunciar que por años su padrastro la había abusado sexualmente, un ministerio público le cuestionó: “¿Por qué no lloras, ¿cómo te voy a creer que fuiste violada?”. Lorena, de entonces 17 años, no supo qué decir, narra Rebeca Ramos, coordinadora de incidencia en política pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Con la representación de GIRE, Lorena logró tener acceso a la interrupción del embarazo por el delito de violación. En su testimonio, documentado por la organización civil, quedó asentado que Lorena había sufrido abuso durante años. Y que para sobrevivir, había interiorizado y normalizado lo ocurrido. Hasta que quedó embarazada y la verdad salió a la luz. La violencia se genera desde la idea de que las mujeres sirven para satisfacer los deseos de los hombres, que son como objetos sexuales, apunta Rebeca Ramos. De las mujeres que han reportado haber sufrido un tipo de violencia sexual en su infancia, por la edad que contaban en su primer embarazo, se sabe que 44.7 por ciento de las víctimas tenía 12 años; 42.9 por ciento, 11 años; y 29.3 por ciento, 13 años. Las cifras forman parte de un análisis hecho por GIRE con base en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016. En México, en promedio, cada día hay dos nacimientos de madres de 10 y 11 años. A diferencia de otros tipos de violencia, la sexual, en la mayoría de las ocasiones, la ejerce algún familiar o conocido. De acuerdo con la Endireh 2016, los agresores de mujeres que reportaron un embarazo adolescente y una agresión sexual durante la infancia fueron: 24 por ciento, tíos; 19.8 por ciento, un vecino o un conocido; 16 por ciento, un primo; 9.4 por ciento, un hermano; 8.5 por ciento, el padrastro o la madrastra; 7.4 por ciento, el padre, y 4.1 por ciento, el abuelo o la abuela. Y para las mujeres no se sabe qué es peor: si la agresión o ir a denunciar ya que, refiere la académica Paloma Bonfil, son revictimizadas y el acceso a la justicia es escaso. Eso le sucedió a Lorena, quien no conseguía que se le autorizara la interrupción del embarazo por causa de violación; hasta que llegó una organización civil a representarla. Desde luego que los hombres también sufren injusticias, pero esto no ocurre en la misma proporción que con las mujeres. Bonfil explica que ellas son más vulnerables dado que muchas no tienen autonomía ni poder de decisión, y tampoco independencia económica. Ramos explica que, en los casos de violencia sexual, no se requiere denuncia, pero los operadores de los servicios de salud ponen obstáculos para que la ley se cumpla. Esto se atribuye muchas veces a cuestiones morales o religiosas; otras, a negligencia, lo cierto es que la cadena de violencia sigue perpetuándose. “Una vez llevada a cabo la primera agresión, se les sigue violentando”, asegura la funcionaria de GIRE. Anayeli Pérez Garrido, directora de la organización Justicia Pro-Persona, que es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señala que hay mucha impunidad y corrupción en las investigaciones judiciales; o que, en el mejor de los casos, hay negligencia. “Las investigaciones muestran deficiencias –abunda–: nos encontramos a servidores públicos que no investigan o no lo quieren hacer porque están coludidos, los peritajes son contradictorios entre hallazgos e informes”. Desde su perspectiva, no hay nada estratégico en materia de prevención para que los feminicidios no vuelvan a suceder. “No se sancionan estos crímenes tan atroces, y eres omiso como Estado para combatir, para sancionar, de ahí que se manda mensaje de permisividad”, asegura la abogada. Pérez Garrido pone como ejemplo el caso de Lesvy Berlín, cuya familia representa. La procuraduría de CDMX sostiene que Lesvy se suicidó con el cable de un teléfono público, ubicado en la UNAM; pero existen videos donde se ve que su novio la golpea en la cabeza con la cadena del perro de Lesvy.
De acuerdo con los peritajes independientes es imposible afirmar que se haya suicidado. La misma investigación tiene contradicciones, como que se asienta que el novio de Lesvy atestiguó cómo se quitaba la vida y no hizo nada para impedirlo. Es sabido, refiere la abogada Pérez Garrido, que el novio de Lesvy tiene una cadena de influencias que lo favorecen dentro de la universidad, lo que permitió que la justicia lo favoreciera. No obstante, al demostrarse las inconsistencias, el caso se encuentra, actualmente, en la revisión de amparo. Los feminicidios van en aumento a escala nacional. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en 2015 se perpetraron 389; en 2016, 580; en 2017, 671, y durante 2018 se cometieron 786.
Todos los meses el SESNSP publica la incidencia delictiva en el país. Pero estas cifras no reflejan el total de mujeres que fueron asesinadas ni si el delito fue catalogado como feminicidio. Aluden solo al total de víctimas reportadas en averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por las procuradurías estatales. Lo que se clasifica como feminicidio cambia entre entidades y años
PROBLEMA ESTRUCTURAL
Como en los casos de violencia sexual el agresor suele ser un conocido o familiar, muchas veces la denuncia queda en segundo plano al haber dependencia económica o lazos emocionales y afectivos. Rebeca Ramos explica que, por ser dependientes en el orden económico, las mujeres suelen no denunciar. Considera que sería importante conocer qué respuesta les da el Estado mexicano. Si bien hay refugios en los centros de justicia, estos no siempre funcionan como deberían y entonces “salirte de tu vida y sacar al proveedor, no es fácil”. La abogada de GIRE considera que si se quiere eliminar la violencia a las mujeres se deben considerar otros factores, además de la violencia sexual y la económica. Está también la falta de protección del Estado para que las mujeres puedan trabajar y criar a sus hijos, y tener acceso a la seguridad social. Las mujeres optan por trabajos informales porque solo así se pueden hacer cargo no solo de sus hijos e hijas, sino de las personas adultas mayores de sus familias. Son dobles y triples cargas las que llevan las mujeres. A esto hay que agregar que las mujeres se vuelven botín de guerra en las zonas donde hay fuerte presencia del crimen organizado. Así lo indica Paloma Bonfil: “Si te quieres vengar del grupo contrario, te llevas a la familia, ahí aumentan los homicidios y feminicidios, ahí donde no hay estructura de autoridad; por supuesto que las mujeres tienen mayores condiciones para ser víctimas”. Anayeli Pérez considera, por otra parte, que los feminicidios son resultado de la discriminación contra las mujeres. Para ella, el contexto lo es todo. La violencia se presenta en todos los niveles socioeconómicos, aunque la vulnerabilidad aumenta cuando se adolece de recursos. Se llevan a las mujeres de las zonas donde hay mayor riesgo, en los municipios que tienen alta marginalidad, que son también en los que se concentra la violencia y crimen organizado. “Salir de la unidad habitacional es toparte con los criminales, la policía lo sabe, están coludidos, son diversos niveles, ser mujer o niña es un riesgo porque te van a violentar. En el tema de feminicidio es alto, cualquiera te arrebata la vida, pero también hay asesinatos de jóvenes feministas, activistas, universitarias; ser mujer es un riesgo, a cualquiera nos puede pasar, hay que estar alertas, fortalecernos”.
HUIR DEL INFIERNO Y HALLAR RECHAZO
LA CHARLA con Salvador Lacruz se interrumpió. Mientras hablábamos, un hombre de El Salvador acababa de cruzar la frontera de Guatemala con su hijo y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) los quería separar. El niño había perdido sus papeles y querían deportarlo hasta que su padre resolviera, en las oficinas consulares de su país, en Tapachula, conseguir otros. Lacruz es el coordinador del área de incidencia política en la organización Fray Matías de Córdova. Todos los días trabaja en la frontera y atiende los casos de personas que buscan refugio o asilo en México. Desde su punto de vista, en materia de derechos humanos ve dos problemas en los últimos años. Uno, la protección a personas migrantes que buscan que se les reconozca como refugiadas. “Se les invisibiliza y se inhibe que accedan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)”. Para él, el Instituto Nacional de Migración (INM) impide esta gestión. A las personas que solicitan refugio se les detiene, no se les canaliza a la institución que debe reconocerlas como tales. El segundo problema, explica, son los niños y niñas que están siendo maltratados. Los infantes son detenidos, los ingresan en albergues y casi todos son deportados. Salvador Lacruz insiste en que la situación de los niños y niñas es preocupante. “Hemos logrado, a través de UNICEF y el Servicio Jesuita a Migrantes, apoyar a bastantes niños para ayudarlos a acceder a la vía de refugio; a muchos otros no los hemos logrado identificar, no tenemos acceso a ellos, son devueltos [por el INM] sin que una autoridad facultada y preparada les haga entrevista en profundidad y dicte medidas de protección para no ser devueltos”. La situación desde que llegó al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador es diferente, afirma Lacruz. Se nota la diferencia, agrega, en comparación con la caravana de octubre del año pasado. En ese momento “la violencia y represión fue espantosa, ahora no es así, pero tampoco echamos grandes alharacas. “Se ha tenido otra actitud desde el principio, trataron con otro enfoque, pero parecen medidas improvisadas, es una situación lamentable en el puente, todos estos días de operativo vemos situaciones preocupantes, insisto, incomparables con el año pasado, pero la ayuda humanitaria se deteriora, las condiciones de higiene, la falta de alimento, eso preocupa con adultos mayores, niños y niñas, es una situación bastante extrema”, detalla.
En 2018, según cifras de la Comar, 29,600 personas pidieron asilo. En 2017 fueron 14,619, y en 2016, un total de 8,796. En 2017 se otorgó residencia permanente por condición de refugio a 2,406 personas, de las cuales 886 son de El Salvador; 817, de Venezuela, y 581, de Honduras, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. De enero a septiembre de 2018, un total de 17,116 personas solicitaron refugio en México, de las cuales 7,484 provienen de Honduras; 4,249 son de Venezuela, 3,533, originarias de El Salvador, y 791, de Guatemala, según las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
MIGRANTES, PERFILES VULNERABLES
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) es una asociación civil que desde 2015 tiene un proyecto de representación legal a solicitantes de asilo financiado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Daniela Gutiérrez, abogada de la CMDPDH, explica que el INM tiene una política de detención y deportación de las personas migrantes. Ella, al igual que Salvador Lacruz, celebra que el trato haya cambiado con el nuevo gobierno, pero desgraciadamente –dice– sigue la política de detención. Se criminaliza la migración irregular, afirma la jurista. El Estado mexicano, abunda, debería tener una buena política migratoria que facilite la identificación de perfiles vulnerables, niños, niñas adolescentes, víctimas de tortura, personas con discapacidad, y atender sus necesidades particulares. Si se trata de una persona migrante en situación especial se debería evitar a toda costa la deportación, sobre todo en solicitantes de asilo. Mariana Peguero, quien también es abogada de la CMDPDH, indica que las personas que solicitan asilo son llevadas a un centro de detención donde pueden permanecer por tiempo indefinido. La mayoría de las personas prefiere regresar y no estar privados de su libertad, pues no han cometido ningún delito, entonces se les somete a procesos de deportación. Daniela Gutiérrez explica que los solicitantes de asilo salen de México o son enviados a la Comar a discrecionalidad del INM cuando no debería ser así; no deberían pasar por detención bajo ningún motivo. La ley dice que cualquier solicitante de asilo debe ser remitido a la Comar, pero los llevan a la estación migratoria. “Las personas en contacto con el INM son rechazados y no los dejan ingresar al territorio mexicano o son deportados, apunta. El objetivo, la vocación del procedimiento migratorio, es que la persona salga del país”. Salvador Lacruz dice que las organizaciones civiles lograron hacer entrar en razón al personal de migración para que no separaran al niño salvadoreño de su padre. Ambos fueron guiados a la oficina consular de El Salvador con el propósito de tramitar nuevos papeles para el infante.
INFANTES DESAPARECEN ENTRE VIOLENCIA, POBREZA Y DISCRIMINACIÓN
GISELLE, de 11 años, esperaba a su papá en la esquina de avenida Central y Benito Juárez, en Chimalhuacán, Estado de México (Edomex). Luego de buscarla por seis horas, su mamá difundió su foto y pidió ayuda. Nueve días más tarde, el pasado 28 de enero, se encontró su cadáver en Ixtapaluca. La historia de Giselle es asimismo la de Fátima, otra niña a la que violaron y asesinaron en 2015 también en el Edomex. Y la de Giselle y Fátima también es la historia de 6,614 niñas, niños y adolescentes que están oficialmente desaparecidos. Seis de cada diez de estos casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED, con datos de corte hasta abril de 2018). Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, define el feminicidio en mujeres adolescentes como algo gravísimo. Contextualiza estos sucesos en el marco de la estructura de violencia armada que se desató en México con la guerra contra el narcotráfico que inició el gobierno de Felipe Calderón y prosiguió el de Enrique Peña Nieto. En la REDIM hicieron un corte de los feminicidios ocurridos de 2015 a 2018 y encontraron un incremento de más de 70 por ciento de homicidios en mujeres adolescentes. Pérez García explica que este aumento coincide con el de las confrontaciones de grupos armados en distintas poblaciones. Son las consecuencias no deseables de la estrategia para combatir el crimen organizado. Anayeli Pérez, abogada de la organización Justicia Pro-Persona, dice que se atenta contra la vida y la integridad de las mujeres con una saña extrema. Ha sido una lucha que se reconozcan estos homicidios como feminicidios. En una condición de guerra, que no es privativa para el caso mexicano, abunda Pérez García, se genera y potencia un entorno de trata de personas con fines de explotación sexual por parte de los grupos de fuerza militar y los grupos criminales. El experto en infancia dice que hay otro factor que no se puede dejar de lado y es el de la pobreza. En lugares donde hay escenarios de crimen organizado, y donde las niñas, niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, se les coloca en extrema condición de vulnerabilidad. Eso, indica, “nos ha llevado a señalar que hay una epidemia de desaparición de mujeres adolescentes”. La doctora Paloma Bonfil, especialista en poblaciones indígenas con énfasis en género, comenta que las mujeres indígenas son un sector invisible. Además de que padecen otras agravantes de violencia estructural como son la pobreza y el racismo. “No son en general casos a los que la gente le preste atención”, sostiene. “Me angustia –agrega– ver los datos de chicas desaparecidas y, si es indígena, cómo le van a hacer, cómo van a encontrar a una niñita de Puebla o de Oaxaca; ¿ante quién pueden acudir?”. También refiere la dificultad de que se asignen a las zonas más marginadas recursos públicos: “Cómo se van a mover ahí, si no existen. Me angustia mucho que, en medio de esta terrible situación del país, hay sectores aún más desprotegidos, no veo nada que sea efectivo para aumentar su protección. He visto que, en grupos de buscadores de los desaparecidos, son las madres, las esposas, las respuestas, las más efectivas; son de las propias mujeres, de las organizaciones; son ellas mismas, son sus propias voces, a esas organizaciones muy poca gente las apoya”, lamenta. Juan Martín Pérez García añade a esto el tema del machismo. En un país profundamente machista como México, la autoridad tiende a negar los hechos de secuestro, desaparición. Se argumenta que se trata de un intento de robo, tal y como ahora están diciendo sobre lo que ocurre en las estaciones del metro capitalino. Al darle privilegio a una estrategia para bajar las cifras, el experto dice que se desestiman las denuncias, se niegan los hechos y hay un 97 por ciento de impunidad, sin considerar el subregistro. Giselle y Fátima vivían en el Estado de México. Esta entidad concentra el mayor número de infantes no localizados. Tres de los diez municipios con el mayor número de desapariciones acumuladas en el Edomex y la mayor proporción es de víctimas mujeres que hombres. Tan solo en Ecatepec, tres de cada cuatro víctimas de desaparición infantil o adolescente fueron mujeres, según datos del RNPED. Para el director ejecutivo de REDIM es importante que se exijan datos e indicadores. Pone como ejemplo que se quitó de las estadísticas del INEGI el indicador de trabajo infantil. Este dato es fundamental porque es un indicador de pobreza extrema, “¿cómo se va a saber si la estrategia del gobierno funciona, si no hay datos?”, inquiere. Aunado a la grave situación de seguridad que padecen niñas, niños y adolescentes, Pérez García comenta que hace falta política pública para estos grupos. Hay, afirma, recortes presupuestales para agenda de infancia, se quitó mucho del dinero para estancias infantiles. Por ello, cuestiona: “¿Qué se va a hacer con esos niños? ¿Se van a quedar solos en casa o a cargo de desconocidos o adultos mayores? No se está considerando el abandono emocional que padecerán ni, mucho menos, las condiciones de riesgo a las que se les expone dejándolos solos”.
CUANDO TRANSGREDIR “LO NORMAL” ES CAUSA DE MUERTE
LAS FIESTAS siempre terminaban en los lugares donde había show de mujeres travestis o transexuales que imitaban cantantes. “Nos tomábamos las fotos con ellas, bailábamos con ellas, pero me preguntaba, ¿dónde están en el día?, ¿cómo se insertan en la sociedad? Al pasar de la fiesta a la investigación me di cuenta de que no están, no pertenecen, solamente valen para el entretenimiento, para la diversión, es un asunto un tanto fetichista”, dice el documentalista Flavio Florencio, quien ha trabajado filmando la vida de las personas trans. Mientras hacía su trabajo, el cineasta veía cómo los hombres se emborrachaban de golpe para armarse de valor y sacarlas a bailar o pasar unas horas en la intimidad con ellas. Luego aparecían muertas. La vida de una mujer trans está rodeada de violencia y soledad. Lo peor de todo es que ni muertas las acompañan. Sus cuerpos, comenta, no son reclamados en las morgues. México, después de Brasil, es el país donde más se cometen asesinatos a personas trans, según el Trans Murder Monitoring Project (Proyecto de Monitoreo de los Asesinatos de las Personas Trans) y el Observatorio de Personas Trans Asesinadas. De acuerdo con las cifras del Observatorio, en 2018 se cometieron un total de 369 casos de homicidios reportados de personas trans y género-diversas entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, lo que constituye un aumento de 44 casos en comparación con la actualización de 2017, y de 74 casos en comparación con la actualización de 2016. La mayoría de los asesinatos ha ocurrido en Brasil, donde se cometieron 167; le sigue México, con 71; Estados Unidos, con 28, y Colombia, con 21, lo que suma un total de 2,982 homicidios reportados de personas trans y género-diversas en 72 países en todo el mundo entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2018. Gloria Davenport, activista e integrante del primer parlamento de mujeres de Ciudad de México, explica que las mujeres trans sufren múltiples violencias. Al no ubicarse dentro del esquema binario hombre o mujer son marginadas del trabajo, la educación, la cultura, lo que —en muchas situaciones— las orilla a trabajar en el sexo servicio. Gloria pone de ejemplo una mujer trans que es rechazada por su familia y migra a Ciudad de México, en donde puede cambiar su acta de nacimiento y tener una identidad de mujer, pero no encuentra trabajo ni tiene dónde vivir, entonces se ponen de acuerdo entre ellas para rentar un cuarto y salir a buscar trabajo a través de la actividad sexual porque no tienen otra opción. “Muchas tampoco pueden acabar sus estudios; la única opción que hay es exponerse a pasar incluso por encima del propio ejercicio libre de la sexualidad, porque no están eligiendo a la persona con quién vincularse en la intimidad, lo cual es muy grave y todo a través de la necesidad económica”, abunda. Gloria Davenport añade que también hay mucha explotación hacia las mujeres transexuales. Aceptan ser parejas de hombres violentos porque ahí encuentran la subsistencia. No es fácil, explica, que un varón acepte públicamente tener una pareja trans, solo la reconocen de la puerta hacia adentro.
En un país tan machista, asegura Flavio Florencio, no hay lugar para que el hombre pueda asumir libremente una relación con una mujer trans, “las mujeres trans viven las relaciones amorosas de manera violenta, además no salen con su pareja, ¿por qué?, porque van a decir que eres un maricón, que eres un pervertido porque te gustan las mujeres con pene”. Martha Elena Díaz es representante de Transfamilia en Ciudad de México. La organización se dedica a dar acompañamiento a las personas que quieren transitar en su identidad sexual. También acompañan a sus familias. En su experiencia las familias o quienes forman un vínculo afectivo primario con las personas trans juegan un papel fundamental que determina si se convierten en personas marginadas o en situación de vulnerabilidad. “El primer contacto con padres o hermanos es muy importante, en el momento en que ese círculo social primario lo o la rechaza, automáticamente está en una situación precaria. Los índices de adicción son altísimos, los de suicidio son altísimos, y los de violencia también”, afirma.
LAS OTRAS VIOLENCIAS
Martha Elena cuenta que las personas trans cuando llegan a tener trabajo sufren agresiones. Si quieren ir al baño de mujeres, les dicen: “Bájate los pantalones”. También hay violencia en las escuelas. Los aceptan, pero les piden el papel oficial con su nueva identidad. Y así se salen del apuro para no darles el espacio, comenta. Gloria Davenport explica que también hay violencia de Estado porque no se esclarecen los crímenes contra las mujeres trans. Se les ve como crímenes pasionales y entonces se reducen a problemas violentos de pareja. Asimismo, considera que hay una violencia de quienes quieren “laborizar” el trabajo sexual de las personas trans como si eso solucionara el problema estructural de la falta de empleo. “La idea de que vivimos solamente a través de nuestra sexualidad cierra otras instancias como los espacios políticos o empresariales. El regulacionismo no es la solución”.
