Las cifras revelan que este brutal fenómeno ha ido en aumento desde 2015 a la fecha, lapso en el que han sido asesinadas 194 chicas; mexico.com te presenta un panorama sobre el feminicidio de menores en una serie de cinco entregas
ESTA ES LA PRIMERA ENTREGA DE UNA SERIE DE CINCO, DEDICADA AL FEMINICIDIO DE MENORES
Ana Lizbeth Polina Ramírez apenas tenía ocho años cuando alguien decidió asfixiarla. Bastó con que la pequeña saliera unos momentos a jugar afuera de las oficinas donde trabajaba su madre para que su familia la perdiera para siempre.
La pesadilla comenzó hace una semana, el domingo 15 de julio, en la colonia Vistas del Río del municipio de Juárez, Nuevo León. Las cámaras de seguridad de la empresa habían captado a un hombre robusto acercarse a la menor para llevársela del lugar. Tan pronto la madre denunció el hecho a la policía municipal comenzaron a buscarla, pero fue hasta la mañana siguiente que la Fiscalía estatal activó la Alerta Amber, un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos.
Para ese momento ya era demasiado tarde: el cuerpo inerte de Ana yacía abandonado en un lote baldío en la misma colonia donde desapareció.
Al tiempo que ella era raptada y asesinada, otra menor sufría su mismo destino, pero en Altamira, Tamaulipas. Ahí, en una colonia llamada Arboledas, Estrella ‘N’, otra niña de 8 años, fue asesinada mientras se encontraba sola en su casa. Varios medios locales dieron a conocer que el lunes 16, un hombre, al parecer conocido de los padres, se metió a la casa y tras haber abusado de la pequeña, la mató de una herida en el cuello.
Estos dos casos de feminicidio infantil estremecieron a la opinión pública en solo una semana, en un país en el que la violencia de género se encuentra triste y fuertemente arraigada, y en el que el feminicidio de menores de edad (de cero a 17 años) ha crecido en los últimos años.
En diciembre de 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comenzó a recabar cifras sobre el perfil de las víctimas de este crimen en cada estado y logró crear un historial de los últimos tres años.
En 2015, se registraron 50 víctimas. Un año después, la cifra creció a 53. Para 2017 ya sumaron 61, y en los primeros cinco meses de este año, se habían contabilizado 30 casos. En total, estamos hablando de 194 feminicidios de niñas y adolescentes en este lapso. Esto en números absolutos.
Pero incluso si consideramos el crecimiento de la población femenina menor de 18 años en el tiempo —según las proyecciones del Consejo Nacional de Población— la tasa del delito crece de 2.54 casos por cada millón de niñas y adolescentes en 2015 a 2.70 casos en 2016 y a 3.12 en 2017.
Esto dicen las cifras oficiales, pero es probable que el fenómeno sea mayor. De acuerdo con datos de la activista María Salguero —quien lleva un seguimiento detallado del fenómeno— la cifra de feminicidios de este año ya suma 43 casos, contando los ocurridos en la tercera semana de julio.
Estos crímenes, según coinciden especialistas, ocurren en medio de un caos de marcos legales donde cada estado decide cómo atender e investigar sus casos, y a esto, añaden expertos, se suman instituciones donde aún prevalece una cultura machista y misógina.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) evidenció en 2017 que las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. “La violencia machista que se ejerce desde las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia en todo el país”, indicó Redim en un mensaje para las autoridades de los tres niveles de gobierno.
La ola feminicida contra niñas en México ha sido tan preocupante que desde 2015 la ONU pidió a las autoridades mexicanas implementar medidas concretas para frenar estos casos. El Comité de los Derechos del Niño, expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, “y que resultan en una extremada violencia contra ellas”. Por ello llamó al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.
También recomendó al país «velar por que se penalice el feminicidio (asesinato de una mujer por razón de su género) en todos los códigos penales de los estados, con objetivos que permitan su adecuada implementación de acuerdo con los estándares internacionales y estandarizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país. El Estado deberá garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federales y estatales”, fueron las recomendaciones que hizo la ONU.
No hay acciones para el cambio cultural
Para Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el aumento de feminicidios de niñas y adolescentes se ha dado, entre otras razones, por la ausencia de un mandato federal que ha provocado que haya estados donde casi no se destinan recursos para prevenir y castigar estos delitos, lo que hace que sea más fácil cometerlos.
Además, señala el funcionario federal, las instituciones locales tienen marcos legales desiguales, es decir, cada estado investiga de manera distinta el feminicidio. A esto se suma que algunos casos de violencia de género contra menores son atendidos por las procuradurías y otros por institutos de mujeres e incluso por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
“Las acciones contra la inseguridad pública están adoleciendo de una perspectiva de género, pero también claramente no estamos haciendo el trabajo de cambio cultural. México ha avanzado muchísimo en el cambio legal a favor de la igualdad y ha avanzado en la creación de instituciones, pero no hay acciones para el cambio cultural. Esto nos deja en una situación donde la violencia de género no solo no puede disminuir, sino que aumenta”, agrega Bucio.
El titular del SIPINNA señala que existen más de 3 mil instituciones a nivel nacional para garantizar la seguridad de los menores, pero en muchas de ellas se minimizan los distintos tipos de violencias contra los niños, niñas y adolescentes.
“Hay más protección (para los menores) que hace tres años, pero no hay la protección que se requiere para los problemas de la realidad. Los números que estamos viendo (de feminicidio) lo evidencian”
Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del SIPINNA
Ricardo Bucio detalla que existe un compromiso de parte de gobernadores para mejorar sus instituciones con el fin de garantizar el bienestar de los menores, sin embargo, “no todos lo están haciendo”.
A finales de año, añade el secretario, todos los gobiernos locales tienen que asumir un marco legal contra el castigo corporal, “que es la puerta de entrada a las violencias expresas, que puede terminar en el peor de los casos en feminicidio”.
Las procuradurías de atención a niños, niñas y adolescentes, asegura Bucio, ya cuentan con un mandato legal para tener mecanismos de atención diferenciada y evitar que casos como el de Ana o Marlene se multipliquen por todo el país.
Segunda entrega: El feminicidio de menores se pierde entre cientos de crímenes mal clasificados
Tercera entrega: Lorena y su titánica lucha para que el feminicidio de su hija de 12 años no quede impune
