Muchos de los 671 casos de “homicidios dolosos” contra niñas y adolescentes que se han dado desde 2015, deberían estar clasificados como “feminicidios» y no lo están, lo que va en detrimento de penas más severas contra los culpables y acciones adecuadas de prevención y atención a las víctimas
ESTA ES LA SEGUNDA ENTREGA DE UNA SERIE DE CINCO, DEDICADA AL FEMINICIDIO DE MENORES
Blanca Estela, una adolescente de 17 años de edad, fue atacada sexualmente, golpeada y asfixiada el 16 de junio de 2017. Su cuerpo fue abandonado en el interior de una cisterna en la delegación Iztacalco, Ciudad de México. El agresor fue detenido mes y medio más tarde, pero el caso no fue clasificado como un feminicidio, sino como un homicidio calificado, pese a que los trabajos periciales confirmaron la violencia de género.
“Se resolvió un caso de homicidio calificado ocurrido el pasado 16 de junio (de 2017), en agravio de una adolescente de 17 años, golpeada un sinnúmero de ocasiones, agredida sexualmente y privada de la vida por asfixia“, dijo el procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido durante una conferencia de prensa. ”Creo que debe destacarse el profesionalismo de nuestra policía de investigación y la capacidad que tiene de respuesta”, presumió.
El caso de Blanca Estela evidencia la falta de perspectiva de género que existe en las instituciones en México; y ello tiene una consecuencia más grave aún, que es que el número real de feminicidios de menores está oculto tras los datos de los delitos clasificados como “homicidios dolosos”, coinciden en señalar especialistas consultadas por mexico.com, e incluso lo acepta un funcionario federal.
Este lunes dimos a conocer que al menos 194 feminicidios de menores de edad (clasificados como tal) se cometieron entre enero de 2015 y mayo de este año, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Pero resulta que a estos casos habría que agregar el de “homicidios dolosos» y tenemos como resultado que en ese mismo periodo hubo 671 asesinatos de niñas y adolescentes (0 a 17 años). Es decir, muchos de estos últimos casos bien podrían ser como el de Blanca Estela.
Y, al igual que sucede en el caso de feminicidios, la estadística de homicidios dolosos contra menores ha ido creciendo: en 2015 se registraron 193 casos; en el 2016, 170; en el 2017 hay un incremento a 220, y en los cinco primeros meses de este 2018 hay 88 casos. Si hacemos el cálculo con relación a la población, el delito también ha crecido, pasando de 9.8 casos por cada millón de mujeres menores de 18 años en 2015, a 11.2 casos en 2017.
El problema de fondo y la consecuencia de esta falta de clasificación estricta, es que se invisibiliza a las víctimas y las aleja de acceso a la justicia. Reportar adecuadamente estos casos permite la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida, así como penas más severas para los culpables, acciones de prevención, atención, investigación con criterios metodológicos y presupuesto necesario, dice la CNDH, respecto al tema en un caso de Puebla ocurrido en 2017.
“La autoridad no está clasificando los casos”
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dice que dentro de la cifra de homicidios puede haber feminicidios que no fueron clasificados de forma adecuada. Esto lo sabe porque ha estudiado a profundidad los informes de autoridades federales que se han realizado para generar alertas de género en algunos estados.
Ella explica que las bases de datos disponibles no contienen detalles desagregados de cada muerte de una menor. Esto ha dificultado demostrar cuántos feminicidios están dentro de la cifra de homicidios, y muchos de éstos últimos pueden ser potenciales feminicidios.
“La autoridad no está clasificando los casos de niñas como feminicidios. Muchas veces en el imaginario de los operadores de justicia piensan que solamente se agrede, se discrimina a mujeres adultas y no ven el feminicidio en niñas. No cabe en la mente de la autoridad y lo invisibiliza”, opina Luz Estrada.
“Cuando ves que la autoridad oculta datos, puede ser que esté involucrada, ¿Por qué no podemos saber la verdad? ¿Por qué la autoridad no investiga? (…) No solamente se trata de discriminación, machismo, sino que debemos saber si existe corrupción o involucramiento de autoridades con la delincuencia”, agrega la integrante del OCNF.
El propio Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lo acepta: “Sí puede haber (feminicidios que se investiguen como homicidios). Eso depende de la fiscalía e incluso de la decisión que tome el propio juzgador, y si no hay claridad de lo que implica la perspectiva de género y si no hay un marco legal adecuado acerca del feminicidio, esto podría estar ocurriendo claramente”.
Para la activista Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida Guerrera, quien ha generado su propia base de datos de feminicidios, existen más feminicidios infantiles, pero las autoridades no lo reportan por “corrupción, omisión o falta de preparación”.
En lo que va de 2018, ella ha documentado 46 feminicidios de menores de edad, mientras que la cifra oficial –con corte a mayo— es de 30 casos reportados. Para Frida, esto manda un mensaje de impunidad, y con ello “es más fácil» asesinar a una niña: “Hay un mensaje que mandan: ‘son niñas, no me importan, nadie las va a reclamar’”.
Cultura adultocéntrica
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) coincide en que hay “una alta probabilidad” de que la visión y cultura machista en el marco jurídico y en los funcionarios que atienden los casos imposibilite una clasificación apropiada de estos delitos violentos. El problema puede estar desde cómo las procuradurías conceptualizan el tipo penal hasta las evidencias que presentan para sustentar el caso y los elementos que el juez toma en cuenta al momento de emitir su sentencia.
Con todo, el especialista no puede afirmar que se trate de una práctica generalizada y particularmente intencional. Para ello, señala, se tendría que hacer una revisión caso por caso de todos los homicidios de niñas y adolescentes que no fueron investigados como feminicidios.
Si la ausencia de un marco con perspectiva de género ya es un problema al momento de investigar un feminicidio, las niñas y adolescentes quedan en mayor desventaja cuando además tenemos un sistema adultocéntrica que normaliza la violencia contra los menores. De acuerdo con el director ejecutivo de REDIM, el 80% del marco legal mexicano discrimina los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, esto en un país donde ocho de cada diez hechos de violencia sexual contra menores de edad son cometidos por alguien que tiene una relación directa y casi siempre de poder sobre ellos. Este trato desigual en la legislación –que ve a los niños como propiedad familiar– contribuye a que haya más casos de feminicidios contra mujeres menores de 18 años que además no son tipificados como tal.
La duda sobre si México está investigando de forma correcta los feminicidios ha ido creciendo. Tanto que este lunes la ONU emitió recomendaciones para que el Estado adopte “medidas urgentes” con el fin de prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas y desapariciones de mujeres.
Entre otras cosas, la ONU recomendó a México unificar los protocolos de investigación policial sobre el feminicidio y crear bases de datos más detalladas.
Primera entrega: Feminicidio de menores: cada vez matan a más niñas y adolescentes en México
Tercera entrega: Lorena y su titánica lucha para que el feminicidio de su hija de 12 años no quede impune
