Con 32 feminicidios y 102 homicidios dolosos contra niñas y adolescentes desde 2015, en Edomex reinan la violencia, la incompetencia y la insensibilidad de ministerios públicos, advierten ONGs
ESTA ES LA CUARTA ENTREGA DE UNA SERIE DE CINCO, DEDICADA AL FEMINICIDIO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
Ximena Paola Vargas Romero acababa de cumplir 14 años. La tarde del pasado 9 de mayo, salió de su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México, pero nunca volvió. Su cadáver fue encontrado desnudo, tendido boca abajo con una bolsa en la cabeza, rastros de sangre en la zona genital y huellas de haber sido agredida de forma brutal.
El Estado de México es el lugar más peligroso para ser niña o adolescente. Encabeza la lista de feminicidios de menores de edad, con 32 de 202 casos registrados entre enero de 2015 y mediados de este año, seguido por Veracruz, con 19 víctimas; Jalisco, con 18, y Chiapas y Sinaloa, con 15.
Mientras se escribía este texto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) había actualizado sus cifras de incidencia delictiva a junio de 2018, agregando ocho víctimas de feminicidio más a las 194 reportadas por este medio el pasado lunes.
La entidad mexiquense ocupa además el primer sitio en homicidios dolosos de mujeres menores de edad con 102 de 696 casos reportados —seguido por Tamaulipas y Guerrero, con 47 casos cada uno— y el segundo lugar en lesiones dolosas contra este mismo grupo al registrar mil 479 víctimas de 12 mil 866 en el mismo periodo de tres años y medio, solo por debajo de Guanajuato.
También es el lugar donde más niñas y adolescentes han desaparecido desde 2015 hasta la fecha: de 2 mil 343 fichas de mujeres menores de edad inscritas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), a 730 se les vio por última vez en territorio mexiquense.
“El Estado de México es el paraíso de la impunidad”, opina Juan Martin Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). “Tú puedes hacer ahí cualquier cosa ilegal y no pasa nada, y esto es por el nivel de corrupción de las autoridades”.
La peor combinación: violencia extrema y autoridades indolentes
Un año antes del asesinato de Ximena, en el mismo municipio de Nezahualcóyotl se había escrito una historia igual de escalofriante. Sergio Gutiérrez y su hija Valeria estaban a seis calles de llegar a casa. Era la tarde del 8 de junio de 2017. Viajaban en bicicleta por calles de la colonia Benito Juárez cuando comenzó a llover, según narró el padre. Para evitar que la pequeña de once años se mojara, Sergio decidió parar una combi de transporte público que iba vacía y subió a la niña en ella mientras él la seguía en su bicicleta. A final de cuentas, era un trayecto de tan solo cinco minutos.
Él trataba de no perder de vista la unidad de la Ruta 40 en que viajaba su hija, pero el vehículo comenzó a acelerar y de un momento a otro se perdió entre decenas de micros iguales. Sergio finalmente llegó al punto en donde le indicó a su hija que debía bajar pero ella nunca apareció.
Los padres de Valeria comenzaron a buscarla incansablemente. Acudieron a los paraderos del transporte público, a la policía municipal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México e incluso al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la Ciudad de México, dado que el hecho ocurrió en los límites de la entidad mexiquense y la capital. De las autoridades del Estado de México solo recibieron largas para activar la Alerta Amber, el protocolo para encontrar a menores no localizados.
Sus esperanzas de encontrarla sana y salva pronto se acabaron. Al día siguiente, el cuerpo de la pequeña Valeria fue encontrado abandonado en el asiento del copiloto de la misma camioneta que había abordado: ella había sido violada y asfixiada. Y la Alerta Amber, que debió activarse un día antes, se emitía casi al mismo tiempo que su cadáver era localizado.
Horas después las autoridades detuvieron al chofer de la unidad y presunto asesino de Valeria, José Octavio “N”, quien contaba con antecedentes penales en Ciudad de México e incluso había estado recluido en un penal por el delito de abuso sexual.
Aunque en el Estado de México se supone que es necesario no tener antecedentes penales para ser chofer de transporte público, José Octavio lo hacía. El conductor fue recluido en el penal Neza-Bordo y el 15 de junio amaneció colgado con una cuerda.
Para Juan Martín Pérez, director de REDIM “este caso es muy ilustrativo de lo que sucede en el Estado de México”: la denuncia se minimiza y el tiempo se pierde. La muerte violenta de Valeria conmocionó a la opinión pública al grado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió una investigación exhaustiva para que el crimen no quedara impune.
“Este caso genera una gran consternación y preocupación a este Organismo Nacional, toda vez que existirían señalamientos por parte de familiares de la víctima, en el sentido de que la denuncia que en su oportunidad formularon sobre la desaparición de la niña no fue debidamente atendida por las autoridades que conocieron de la misma, además de que la persona señalada como presunto responsable del homicidio y ataque a la menor, habría estado laborando normalmente como chofer de transporte público en el Estado de México, teniendo denuncias penales por abuso sexual en la Ciudad de México”, señala el comunicado.
Su historia también despertó la indignación de la comunidad y por esa tragedia nació la asamblea vecinal Nos Queremos Vivas Neza, que además de exigir justicia para las víctimas de feminicidios apoya a otras víctimas de violencia de género y a familiares de mujeres desaparecidas. Karina Bolaños, integrante de este colectivo, nos cuenta del peligro de ser mujer en un municipio como Nezahualcóyotl. Señala que el crimen organizado está detrás de de la desaparición de chicas que luego son enganchadas en redes de trata sexual pero también está la otra cara de la violencia: la del acoso callejero, en el transporte público y la que se vive en el propio hogar.
«Muchas mujeres son asesinadas por sus parejas o sus ex parejas dentro de sus casas, también con signos muy fuertes de violencia, descuartizadas, y a veces hasta los mismos hijos son testigos de los feminicidios de sus madres”
Karina Bolaños, integrante de Nos Queremos Vivas Neza
Neza es parte de una zona más amplia del Estado de México en el que el solo hecho de ser mujer, niña o adolescente te convierte en blanco de muchos peligros. De hecho, la Secretaría de Gobernación declaró una alerta de género en once municipios de la entidad desde hace tres años –10 de ellos en la zona metropolitana que rodea al Valle de México– como mecanismo para proteger los derechos humanos de las mujeres dados los altos niveles de violencia feminicida. Los municipios sobre los que opera la medida desde julio de 2015 son: Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl.
Pero con todo y la alerta, los ministerios públicos de la entidad siguen siendo omisos e insensibles ante las víctimas. «De pronto es sorprendente el nivel con el que actúan, de ponerse al lado de perpetrador, de defenderlo, es algo que más allá de sorprendernos, nos indigna”, denuncia Karina. “Pero si no hay pruebas”, “nada más fue una cosa cualquiera, un golpecito” o “ni aguantas nada” son algunas de las respuestas que la activista de Neza ha escuchado por parte de los integrantes de la Fiscalía del Estado de México cuando una víctima de violencia de género acude a denunciar, aun cuando el servidor público es una mujer.
“Me tocó el caso de una doctora legista que estaba revisando una mujer que fue sobreviviente de feminicidio. Su esposo la navajeó, la golpeó y la doctora le dijo ‘ay, si supieras lo que me hacía mi esposo’ como si (la víctima) tuviera que aguantar eso y más”
Karina Bolaños, integrante de Nos Queremos Vivas Neza
Incluso los jueces forman parte de esta cadena de omisiones como en el caso de Fátima, una adolescente de 12 años cuya historia abordamos ayer. A pesar de que tres hombres la privaron de la libertad, abusaron sexualmente de ella, le fracturaron huesos, la apuñalaron 90 veces y finalmente le arrojaron tres rocas sobre la cabeza, la juez que analizó el caso no quiso clasificar el delito como feminicidio porque no estaba segura si Fátima ya menstruaba al momento de ser brutalmente asesinada.
“¿Alerta Amber? ¿Para qué? Si se fue con el novio”
María Salguero es una geofísica que se dedica desde hace dos años a contar las muertes violentas de mujeres en México, entre ellas las de niñas y adolescentes como Ximena y Valeria. Todos los días lee los periódicos para identificar los nuevos casos de feminicidios tomando como referencia la tipificación del delito plasmada en el artículo 325 del Código Penal Federal.
De acuerdo con esta ley, comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, las cuales existen cuando ocurre alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; que el agresor tuviera antecedentes de cualquier tipo de violencia familiar, laboral o escolar en su contra; que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre ambos; que la víctima recibiera amenazas previas relacionadas con el delito; que haya sido incomunicada y finalmente, que su cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.
La activista da seguimiento al fenómeno siguiendo esta metodología y cada vez que aparece un caso nuevo en las noticias que encaja en el perfil del delito, ella agrega una cruz en su mapa digital de feminicidios en México, georreferenciando el lugar del crimen con todos los datos disponibles de la víctima. Su propósito es darle nombre y rostro a cada mujer asesinada por la violencia machista.
Salguero nos cuenta que se dio a la tarea de armar este mapa porque en ese momento no había datos oficiales sobre el tema. Antes ella estaba involucrada en casos de desapariciones y fue allí donde se dio cuenta de algo: muchos feminicidios comenzaban con la desaparición de la víctima. “Nos llegaban casos de niñas desaparecidas que luego terminaban siendo víctimas de feminicidios, te estoy hablando de 2013 o 2014”.
También recuerda que desde entonces las autoridades de procuración de justicia, en especial las del Estado de México, se negaban a levantar la Alerta Amber para localizar a las adolescentes mayores de 13 años. “Siempre me quedé pensando a cuántas niñas de esa edad no se les levantó la alerta a tiempo”, se lamenta la activista.
–¿Por qué no se les levantaba la Alerta Amber? –preguntamos a Salguero.
–No sé si por huevonada, pero siempre les terminaban diciendo a las mamás ‘espérese, seguro se fue con el novio’.
Karina Bolaños coincide con el testimonio de Salguero. “Siempre hay una reticencia enorme por levantar las alertas. Hay acusaciones que no tienen ningún fundamento como ‘se fue con el novio, ya regresará, son cosas de chamacas rebeldes’. No quieren levantar la denuncia y hacen pasar momentos muy malos a los familiares”, denuncia.
Juan Martín Pérez, de REDIM, señala que desde enero de este año —cuando entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares— ya no es necesario esperar 72 horas para activar la Alerta Amber en caso de que desaparezca una menor de edad, aunque sigue siendo una práctica cotidiana en las fiscalías y procuradurías de todo el país ya sea por desconocimiento de la ley o por un claro desprecio hacia la situación de las niñas y sobre todo las adolescentes.
“En el Estado de México son habituales, como fue el caso de Valeria, las expresiones misóginas y violentas contra las adolescentes preguntando si tienen tatuajes, cómo iban vestidas, si tenían cabello pintado o si tenían novio, porque esos son elementos para que las autoridades aseguren que se fueron con el novio o para que las busquen en los hoteles cercanos, así de grotesco… casi todos los casos que conocemos en el Estado de México tienen el mismo patrón”
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de REDIM
Pero incluso si se activara a tiempo la Alerta Amber, Juan Martín asegura que se trata de un engaño ya que esta es solo una herramienta de difusión que pide ayuda al público, más no un protocolo de búsqueda de los menores. “En realidad, en la mayor parte de los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes no hay búsqueda”, afirma el especialista.
Primera entrega: Feminicidio de menores: cada vez matan a más niñas y adolescentes en México
Segunda entrega: El feminicidio de menores se pierde entre cientos de crímenes mal clasificados
Tercera entrega: Lorena y su titánica lucha para que el feminicidio de su hija de 12 años no quede impune
