Guadalupe Verónica Benítez fue apuñalada 17 veces, golpeada con un bloc de construcción en la cabeza y degollada frente a su casa en el Estado de México, el 6 de julio de 2017. La joven era violentada por su esposo, con quien tenía seis meses de matrimonio.
El 21 de enero de 2019 el tribunal de enjuiciamiento declaró culpable al esposo de la joven, él apeló la sentencia, pero como respuesta obtuvo una ampliación de la condena.
El Segundo Tribunal de Apelaciones del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, no sólo desechó hoy la apelación que solicitó Luis Ángel Reyes Jiménez contra la sentencia que le dictaron por el feminicidio de su esposa, Verónica Guadalupe Benítez Vega, sino que además aumentó siete años más su condena.
“Estamos con muchos sentimientos encontrados porque ella debería estar aquí y por qué jamás va a volver, pero al menos tiene justicia” dijo al salir de la audiencia Juanita Vega, hermana de la víctima, que desde el día del feminicidio ha emprendido una larga lucha para que el crimen no quede impune y obtener justicia para la joven.
El pasado 25 de enero, Luis Ángel Reyes Jiménez fue sentenciado a 55 años de prisión por lapidar, acuchillar y degollar en una calle de terracería del Estado de México a su esposa Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la licenciatura de Bioquímica Diagnóstica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El sentenciado, no conforme con la pena, interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlanepantla, Estado de México.
Hoy se realizó la audiencia en la que Segundo tribunal de apelaciones resolvería sobre ese recurso de inconformidad.
Víctor Caballero, integrante del colectivo Aequus, informó que el tribunal dio la razón a las víctimas, declaró improcedente la apelación y además aumentó la sentencia hasta 62 años y seis meses en prisión, siete años más que la que inicialmente le había otorgado.
El 21 de enero de 2019 el tribunal de enjuiciamiento declaró culpable al esposo de la joven. La juez hizo una relación de las pruebas que acreditaron responsabilidad del acusado, entre ellas, la evidencia genética obtenida de los rastros de piel en las uñas de Lupita y que coincidían con Luis Reyes, pues la joven intentó defenderse y arañó a su agresor.
La pericial de mecánica de hechos y diversas declaraciones de testigos también fueron evidencias que consideró el tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Tlanepantla.
Además, de acuerdo a condena inicial, el sentenciado deberá pagar la cantidad correspondiente a 15 mil días de unidad de cuenta, es decir, al menos un millón 267 mil pesos, más una multa de 236 mil 572 pesos, correspondiente a 2 mil 800 de unidad de cuenta.
Juanita Vega explicó que la familia temía que le redujeran e incluso a que le quitaran la sentencia “porque los abogados de él presumían mucho que tenían muchos contactos e influencias de los magistrados, había ese temor, pero sabíamos de antemano que había argumentos suficientes para que la juez le dictara la sentencia, porque había pruebas, testimoniales, sobre todo el cuerpo de mi hermana que es el que habló, se vio la manera tan cruel, tan salvaje en que le quitaron la vida, la manera en que la mutiló, le destrozó el rostro, las puñaladas, eso hablaba por si solo”, expresó la familiar de la víctima.
Los testimonios de las personas que vieron cómo la agredió poco antes de su asesinato fueron uno de los factores que se tomaron en cuenta para ratificar la condena.
Juanita comentó que al conocer la ratificación “no fue una felicidad porque la verdad mi hermana no va a volver jamás, ni aunque le hayan aumentado a Luis Ángel la pena, pero al menos tenemos la certeza que hay un feminicida menos en la calle”.
Los familiares de Juanita esperan que esta condena pueda servir como precedente y sirva para que otros feminicidas sepan que las víctimas pueden obtener justicia.
“El feminicidio es algo grave, alarmante, porque no son solo números, para nosotros son hijas, hermanas, madres que dejan hijos huérfanos, a quienes les cortan sus sueños, metas y proyectos”.
EL CASO
Guadalupe Verónica Benítez fue apuñalada 17 veces, golpeada con un bloc de construcción en la cabeza y finalmente degollada frente a su casa en el Estado de México, el 6 de julio de 2017. La joven era violentada por su esposo, con quien tenía seis meses de matrimonio.
La llamaban de cariño Lupita. Tenía 21 años de edad, era madre de un bebé de tres meses y estudiaba la licenciatura de Bioquímica Diagnóstica en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán Izcalli, de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
El feminicidio conmocionó a parte que la comunidad estudiantil de la UNAM, a organizaciones civiles y ciudadanos de San José del Vidrio, Villa Nicolás Romero, Estado de México. En su momento, la Universidad Autónoma de México (UNAM) se pronunció para exigir el esclarecimiento y castigo a los culpables.
Alumnos, compañeros y algunos catedráticos de Lupita también se solidarizaron con la familia desde entonces y hasta la fecha, han dado acompañamiento al caso junto con organizaciones como Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, quienes actualmente están a cargo de la representación del caso.
Luis Ángel, la pareja de Lupita, fue detenido y vinculado a proceso por el crimen, el 12 de julio de 2017, ante testimonios que lo señalan como el agresor.
El imputado negó el crimen y argumentó que en ese momento, sujetos desconocidos los atacaron, a él y a Lupita, en un intento de asalto; sin embargo, el hombre ha caído en contradicciones.
El 18 de junio de 2018 inició la etapa de desahogo de pruebas dentro del proceso judicial contra el presunto feminicida. En la primera audiencia, la juez citó a todos los testigos -tanto los de la Fiscalía y los de la defensa se hizo una programación para que comparezcan por bloques para desahogar los testimonios.
La familia de Verónica padeció un proceso difícil, pues sufrieren trámites burocráticos cambio de Ministerio Público y diversas audiencias que fueron alargadas y postergadas como maniobra de la defensa del imputado, lo que llevó a los parientes de las víctimas a no dejar el caso y presionar.
La familia Benítez acudía a las audiencias el respaldo y apoyo de organizaciones civiles, pobladores y amistades, pero principalmente con pobladores y vecinos de la joven, que desde el exterior de los penales, nunca dejaron de exigir justicia para la joven.
