Violencia de género: Las muertas de Juárez
En su libro Harvest of women, la autora Diana Washington deja entrever que en los asesinatos de mujeres hay un asunto más delicado que el narco.
Diana Washington especial para «La Jornada»
Ciudad Juárez. La saña con que las mataban fue lo que me llamó la atención al principio. Fue una noche de invierno, en febrero de 1999, cuando leía hasta la madrugada una serie de relatos que narraban detalles de muerte tras muerte desde 1993. Así empezó todo. A pesar de lo que decían las autoridades, estos casos no eran normales y eran muchos. Mujeres y niñas de entre 13 y 18 años fueron violadas, estranguladas y mutiladas.
Entre ellas estuvo Gladys Janeth Fierro, de 12 años, quien fue raptada en mayo de 1993 antes de ser encontrada sin vida. Fue violada y estrangulada. En septiembre de 1995 fue localizada otra estudiante, Silvia Rivera Morales, 17, esta vez en Lote Bravo, al sur del aeropuerto. Aparte de ser violada y estrangulada, el seno derecho le fue cercenado y el izquierdo arrancado a mordidas, al igual que ocurrió con otras de las víctimas que se hallaron en 1995 en el Lote Bravo, uno de los terrenos disputados de Ciudad Juárez, que pertenecía a diferentes familias poderosas.
Sagrario González, 17, obrera de una maquiladora, también desapareció después de salir del trabajo en abril de 1998. Días después se localizó su cuerpo en un lote baldío y se determinó que fue violada, estrangulada y acuchillada. En 1996 fueron seis las víctimas acuchilladas, mutiladas y violadas que se encontraron en una zona desértica conocida como Lomas de Poleo.
Los cadáveres de Lote Bravo y Lomas de Poleo estaban entre los 24 expedientes que estudiaron los especialistas de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) cuando visitaron Ciudad Juárez en marzo de 1999, después que el presidente Ernesto Zedillo solicitó apoyo al mandatario estadunidense Bill Clinton durante una reunión en Mérida, Yucatán, en febrero de 1999. Los cuerpos de algunas de las víctimas tenían un triángulo en la espalda, marcado con alguna arma punzocortante. En el Oriente, el triángulo es un símbolo de la ultraderecha.
Los relatos que leía esa noche invernal eran desconcertantes. Aún los asesinatos de las mujeres no habían sido relacionados, pero casi todos se caracterizaban por una violencia extrema. También era evidente que seleccionaban a las víctimas y que existía algún sistema organizado para raptarlas. Se desaparecían en la zona del centro, a plena luz de día, sin que nadie viera nada. Al principio pensaba que se trataba de algunos delincuentes depravados que gozaban de protección por sus nexos con el bajo mundo. Había indicios de algo semejante. No me imaginaba, entonces, que detrás de las muertes había algo mucho más complejo y turbio….
La muerte de un abogado
Fue la noche del 5 de febrero de 2002 cuando Mario Escobedo Anaya salió del despacho que compartía con su papá, también abogado, en la calle Constitución. Subió a su camioneta para dirigirse a una tienda en el bulevar Zaragoza, donde tenía una cita para acordar la fianza de un cliente. El asunto tenía que ver con la mamá de un reo apodado El Venado. Este se había escapado de una cárcel de la ciudad de Chihuahua y había matado a un policía. El joven abogado defendía a uno de los dos choferes acusados de asesinar y violar a ocho mujeres que se hallaron en un predio de Ciudad Juárez en noviembre de 2001. Se dio cuenta desde la tienda de que alguien lo seguía.
Mario, su papá y Sergio Dante Almaraz, el defensor del otro chofer acusado, habían hecho garras ante los medios informativos el caso de las autoridades. Por eso habían sido amenazados de muerte. Poco antes, los tres abogados se habían entrevistado con el equipo de Downtown 20/20, de la red televisora ABC en Nueva York. Otros periodistas y yo estuvimos presentes en el despacho de los Escobedo cuando llegó la ABC. También llegaron las esposas de los choferes acusados. Se difundió el programa el 31 de enero, y menos de una semana después Mario sería asesinado por policías.
Mario sentía que la gente que lo perseguía quería acorralarlo y su salida del estacionamiento se convirtió en una persecución a toda velocidad sobre las calles de Juárez, principalmente por Municipio Libre. Desesperado, Mario le habló a su papá con el celular que traía y con la otra mano manejaba su camioneta.
«Ayúdame!», le dijo a su papá.
Su padre trató de calmarlo. Ya había subido a su auto para encontrarse con su hijo. En unos momentos, después de varias comunicaciones cortas y frenéticas, el papá escuchó un ruido fuerte por su celular, y perdió el contacto con Mario. Cuando llegó, tres minutos después, se dio cuenta de que había chocado la camioneta de su hijo. Pero Mario no murió del impacto, murió de un balazo. El lugar estaba rodeado de policías.
La primera versión oficial fue que los policías estatales mataron al abogado porque lo confundieron con El Venado. Después dijeron que Mario les había disparado y que tuvieron que defenderse. Posteriormente un testigo relató lo que pasó esa noche. El dijo que después de que chocó la camioneta del abogado, los policías que lo perseguían bajaron de sus camionetas, y uno de ellos, el primer comandante Alejandro Castro Valles, brincó a la parte trasera de la camioneta, rompió el vidrio con su arma y le disparó al abogado -que había resultado lastimado- en la cabeza.
La juez nunca aceptó la declaración del testigo, alegando que ya había terminado el tiempo para agregarlo al expediente. Fueron exonerados los policías. El diario Norte de Ciudad Juárez publicó fotografías comprobando que los balazos que tenía la camioneta de los policías no existían la noche que mataron al abogado. Aparecieron después, indicando que se habían sembrado las balas para sostener la defensa de los policías.
Pero había más detrás de la muerte del abogado. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México dijeron que El Venado fue enviado por el capo Vicente Carrillo Fuentes para asesinar al gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez.
El cártel de los policías
La muerte de Javier Felipe El Negro Lardizábal figura como símbolo importante en la historia de las asesinadas en Juárez. Según el expediente de la denuncia que llevó a cabo su hermana, el ex agente municipal desapareció en mayo de 1993 cuando andaba investigando de manera encubierta la corrupción dentro de la policía estatal de Chihuahua. Ya había juntado información sobre agentes y comandantes supuestamente involucrados en el narco y en el robo de autos.
Una de las personas a las que investigaba era Sergio Rodríguez Gavaldón, quien tuvo la culpa de que sicarios conocidos como Los García hubieran matado en 2001 a la hija joven y al concubino de la doctora forense Irma Rodríguez Galarza, quien hacía las reconstrucciones de restos para poder identificar a hombres y mujeres que fueron víctimas de homicidio.
El ex policía Lardizábal fue visto por última vez cuando estuvo hospedado en el hotel Montecarlo, el mismo lugar que ocupaba como oficina Javier Benavides, el entonces subdirector de la Policía Judicial del estado. Benavides después fungió como jefe de la policía municipal en Juárez. Según familiares del extinto, la administración de Francisco Barrio contrató a Lardizábal para la investigación encubierta, cosa que no quiso reconocer la oficina del gobernador. El cadáver de Lardizábal fue localizado en noviembre de 1993 en Lote Bravo, el mismo lugar que se convirtió en un cementerio clandestino de mujeres jóvenes que fueron violadas y mutiladas en 1995.
En un video de la autopsia de Lardizábal aparecen las esposas con las que fue sujetado. No eran las esposas de él, y por el número seriado que se puede ver en el video, eran esposas de policías. Su hermana, Rosa Lardizábal, regidora para el gobierno municipal actual de Juárez, acusó formalmente a Jesús Buil Issa, comandante de la Policía Judicial del estado de Chihuahua, de tener que ver con la desaparición de su hermano. Buil Issa negó los señalamientos. Después de esto, jamás se volvió a saber de otra investigación de la corrupción policiaca hecha por las autoridades estatales o municipales.
Con la muerte de Lardizábal, nació el llamado cártel de los policías de Juárez. Rafael Aguilar, el primer gran capo de la ciudad, fue policía federal antes de entrar al narco, pero él representó la vieja guardia. Como referencia, 1993 fue el año en que Amado Carrillo Fuentes se apoderó de la plaza fronteriza, y desde mayo se desató un infierno que llegaría a incluir centenares de desapariciones y muertes de hombres y mujeres, cientos de narco ejecuciones, y más de 120 de las muertes sistemáticas de mujeres.
Phil Jordan, ex funcionario de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) en El Paso, Texas, comentó que el trabajo principal de los policías en Juárez era proteger los cargamentos de drogas de los narcotraficantes, y algunos se convirtieron en narcos de tiempo completo. Uno de ellos, el ex comandante municipal Roberto Corral, fue ejecutado en un ajuste de cuentas en 2002. Corral protegió a un narcotraficante que había violado a una niña de 11 años. Un policía municipal estuvo a punto de arrestar al sujeto en un rancho al sur de la ciudad, cuando llegó la orden de Corral de que se retirara de allí porque no tenía nada que ver la policía municipal en esos asuntos.
El cártel de Juárez
La corrupción de la policía a todos sus niveles en Juárez es clave para explicar por qué siguen los levantones misteriosos, las ejecuciones relacionadas con los ajustes de cuenta y los asesinatos sistemáticos de mujeres. Esto no pudo suceder de manera sostenida sin la influencia «y mucho billete» del cártel de los Carrillo Fuentes. La estrategia de Amado era utilizar el terror para eliminar a sus rivales y domar la estructura que trabajaría para él. La DEA confirmó que el cártel había infiltrado el gobierno del PAN en Chihuahua al inicio de los noventa.
Con el inicio del imperio de Amado en 1993 se desató una violencia estremecedora, que no ha dejado de azotar a la comunidad. Los códigos viejos, eso de dejar a los niños y a las mujeres en paz, se echaron a un lado. Dentro del cártel de Amado ahora todo se vale. Los pactos entre el cártel y el gobierno se armaron durante la gestión del ex gobernador Francisco Barrio, quien antes figuraba como símbolo importante del cambio y de la reforma política en Chihuahua.
En 1996 se encontraron en los arenales de Valle de Juárez los cuerpos de dos hermanas que radicaban en El Paso, Victoria y Pearl Parker. La policía de El Paso dijo que alguien las había convencido que fueran a Juárez, y allí las asesinaron con cinco balazos en la cabeza a cada una. Las autoridades relacionaron sus muertes con el narco. La policía vinculó a las hermanas con Eddie Barragán, un hombre que junto con Jorge Garibay y Matthew Baca fue raptado en 1998 por policías en el Kentucky Club, en la avenida Juárez. En 2001 acompañé a la hermana de Jorge Garibay a un ejido al este de Zaragoza. Ella tenía una pista de que allí habían sepultado a su hermano desaparecido. A la mejor estaban también Barragán y Baca. Llevamos palas y se nos atoró el auto en los arenales. Según ella, estábamos en narco territorio. No encontramos nada, y mi coraje fue profundo cuando me enteré después de que la pista había venido de un psíquico.
Los periodistas
Hace cinco años charlaba con Sonia del Valle en un café de la Condesa, en el Distrito Federal. Ella entonces escribía para la agencia de noticias CIMAC. En esa época ella andaba tras una de las líneas que por casualidad yo y otros perseguíamos al mismo tiempo. Quería hablar con ella de esto. Sonia relató que después de consultar con sus fuentes, alguien de la Procuraduría General de la República le avisó de manera amigable que el asunto de Juárez se trataba de gente protegida, y que si ella persistía no había nadie en México que la podría proteger. Ya no volví a saber de Sonia por mucho tiempo.
Mi amigo Sergio González, de Reforma, recibió una golpiza en 1999, que lo llevó al hospital. Sus asaltantes le comentaron que era un encargo «del comandante» por lo de Juárez. El asalto ocurrió en el Distrito Federal. En agosto de 2002, llegó la escritora Isabel Arvide a El Paso, con José Vasconcelos, funcionario de la PGR, para platicar sobre los asesinatos de las mujeres. Conocí a Isabel cuando vino a Juárez en enero de 2002. Su escolta contaba con 11 agentes federales y tres Suburban blindadas. Acababan de nombrar a Jesús Chito Solís como procurador del estado de Chihuahua. Heidi Slaquet, amiga íntima de Isabel, había desaparecido en Juárez en 1995, y hasta la fecha Isabel sigue investigando qué fue de ella.
En la reunión con Vasconcelos le pregunté a él sobre varios puntos relacionados con los casos. Le pregunté sobre el paradero de los agentes federales que fueron señalados como responsables de las desapariciones, en 1998, de dos mujeres que trabajaron en el antro Pachangas. Los agentes, Carlos Cárdenas Cruz y Jorge García Paz, fueron transferidos a Querétaro y nunca más se supo de ellos. Dijo Vasconcelos que iba a indagar, y comentó que al procurador Macedo de la Concha le preocupaba lo que pasaba en Juárez. Pero más mujeres tendrían que morir antes de que los agentes de elite de la UEDO y la AFI pisaran Juárez para indagar. Al año siguiente, policías de Chito Solís arrestaron a Isabel dos veces en la ciudad de Chihuahua por supuesta difamación, primero al dueño de un diario, y la segunda vez por difamación al procurador.
Modus operandi?
A finales de febrero de 2003 llegó información a la FBI de El Paso sobre algunos lugares y personas en el centro de Juárez que podían tener algo que ver con las desapariciones y muertes de mujeres jóvenes. La FBI envió la información a la fiscalía estatal de Chihuahua, que investiga los crímenes. Rolando Alvarado, el fiscal federal de la UEDO que envió la PGR para investigar las muertes de las mujeres, también recibió la información.
Según la inteligencia, se utilizaba gente de las escuelas de computación ECCO para reclutar a víctimas, y también tenía que ver una casa de música llamada Paraíso Musical, un bar llamado Club 15, el Club Marlboro y el restaurante La Sevillana. Las autoridades afirmaron que algunas de las personas mencionadas vivían en El Paso. La inteligencia de la FBI decía que había planes inminentes para matar a más mujeres. ¿Y qué hacer con esto? Sentía que me ahogaba en un abismo de impotencia y que de mí dependían las vidas de las niñas de Juárez. Otros compañeros que andaban en esto me confiaron que habían caído en la depresión, y otros tenían pesadillas.
Para junio de 2003, el fiscal Alvarado comentó a miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos que le había pedido a sus jefes que lo cambiaran de estas investigaciones porque «no le hallaba» y que quería regresar a su tarea previa, la investigación de más de 300 hombres desaparecidos en Juárez desde 1993. Fue el colmo cuando confirmó otro agente de la PGR que los federales no habían entrevistado a testigos principales en relación con la información de inteligencia que recibieron. A la FBI le sorprendió que las autoridades mexicanas no pidieran apoyo, debido a que se mencionaba a gente de El Paso. Los agentes de la PGR tampoco se han arrimado a la FBI oficialmente para intercambiar información sobre los crímenes contra mujeres.
Ante el silencio oficial y la amenaza vigente de que más niñas serían sacrificadas se llevó a cabo una redada hecha por medios el 10 de agosto de 2003 para conocer los lugares que fueron señalados por la inteligencia de la FBI. Se llamó Operación Sagrario, por una de las víctimas. Amnistía Internacional estaba por difundir su informe sobre Juárez al día siguiente. Antes de la redada, fuimos a ver a Alejandro Gertz Manero en un hotel de El Paso. Lo acompañaban su coordinador de inteligencia y otra persona. Estuvieron presentes en la entrevista otros dos periodistas. Lo único que Gertz Manero quiso saber cuando terminamos fue cómo nos habíamos dado cuenta de que estaba hospedado en ese hotel. Como respuesta, le di las gracias al titular de Seguridad Pública por su tiempo y por la molestia.
Los políticos
«Pancho quiso hacer algo», dijo un familiar cercano de Barrio cuando el ex gobernador fue nombrado titular de la Secretaría de la Contraloría.
«El quiso traer los mejores investigadores… pero se dio cuenta que estaban involucrados ricos y poderosos y no se pudo hacer nada.»
Fue cierto que Barrio trató de hacer algo cuando era gobernador de Chihuahua. Su administración contrató a Robert Ressler, agente jubilado de la FBI y perfilador de nivel mundial. También contrató a un investigador español, Antonio Parra, que trabajaba en el Distrito Federal. Dos criminólogos más fueron invitados, también del Distrito Federal, nada más que éstos llegaron cuando apenas entraban el nuevo gobierno de Patricio Martínez y la nueva fiscal especial, Suly Ponce.
Existe un paralelo entre el ascenso de Vicente Fox, del PAN, a la Presidencia y el gobierno de Chihuahua. Las expectativas fueron grandes durante las campañas electorales pero el resultado fue el mismo -un desastre en cuanto a la seguridad pública, tanto la del estado como la de la nación-. Durante el gobierno de Barrio empezaron a desaparecer mujeres jóvenes. Ahora que está Fox en Los Pinos se empiezan a extender estos tipos de crímenes a otros lugares de la República. Estas muertes podrían ser la firma del crimen organizado, un aviso por rivales políticos, o una mera casualidad.
Será el pueblo mexicano quien habrá de juzgar si Barrio en verdad no pudo hacer nada.
Los expedientes secretos
En 2001 una fuente de la inteligencia del gobierno federal estadunidense me comentó: «Estos (los asesinos) tienen más víctimas en otras partes de México… y hubieras visto los nombres que vimos». No quiso elaborar más, pero después, por fuentes similares de México, empezó a llegar más información que indicaba que los asesinatos de mujeres en Juárez eran un asunto todavía más delicado que lo del narco.
Aprendí que hubo varias investigaciones mexicanas a nivel federal que se llevaron a cabo antes de 2003 y que fueron contundentes. En ocasiones distintas, también hubo oficiales estatales en Chihuahua que trataron -sin éxito- de seguir una de las líneas que ya conocían los investigadores federales. Agentes de la inteligencia del Ejército Mexicano también observaban con alarma lo que sucedía en Juárez. A ellos sólo se les permitía pasar la información a sus superiores.
Durante estas investigaciones numerosas personas fueron vigiladas. Se sabe quiénes son, «y está comprobadísimo», dijo uno de los investigadores mexicanos. Otro investigador le escribió una carta a Vicente Fox sobre sus hallazgos. El agente no sabe si le llegó la carta al Presidente, y desde que la envió él es ahora el que está vigilado y hostigado. Como nunca se arrestó a los sospechosos, sólo se puede especular para qué fines se están usando los resultados. No se debe descartar el chantaje político o la extorsión. Anteriormente, la FBI afirmó que en Chihuahua existen dos expedientes sobre los casos, «el que muestran a todo mundo y el que se guardan (…) y nosotros sabemos lo que contiene el que se guardan».
Las investigaciones mexicanas federales contienen relatos de oficiales y otras personas que facilitaban orgías donde se ultrajaba a mujeres que aparecían muertas después. Los investigadores dicen que algunas de las personas también participaban en los asesinatos. Entre los apellidos que funcionarios estadunidenses y mexicanos conocen de personas que supuestamente podrían saber de los hechos o podrían estar involucrados están: Molinar, Sotelo, Hank, Rivera, Fernández, Zaragoza, Cabada, Molina, Fuentes, Hernández, Urbina, Cano, Martínez, Domínguez y otros. No han vuelto a aparecer cadáveres en serie desde febrero, cuando se hallaron entre tres y cuatro por el Cristo Negro, y las autoridades en Chihuahua dicen que esto es prueba de que ya no están matando a mujeres. Pero informantes de la FBI han indicado que siguen las muertes, y la diferencia es que ahora los asesinos se están deshaciendo de los cuerpos de una manera espantosa.
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