En 2017 organizaciones solicitaron la Alerta de Género para la CDMX, la petición no prosperó con Miguel Ángel Mancera y ahora queda en pausa por temas jurídicos.
Durante los últimos dos años los gobiernos capitalinos han retrasado, por diversas razones, la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, a pesar de los altos índices de violencia e impunidad registrados.
La Alerta de Violencia de Género (AVG) es un mecanismo de protección que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
La urgencia por implementar la AVG en la CDMX radica en que, actualmente, es la quinta entidad con el mayor número de feminicidios registrados de enero a agosto del presente año. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en este periodo suman 33 feminicidios y 94 homicidios dolosos contra mujeres.
Con estas cifras la Ciudad de México únicamente es superada por Puebla, Nuevo León, Estado de México y Veracruz. De estas entidades solo Puebla y la capital del país no cuentan con la AVG.
Qué pasa en la CDMX
La AVG que hoy se discute, se solicitó desde septiembre de 2017 por un grupo de organizaciones encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una vez que el gobierno federal recibe una solicitud de AVG debe remitirla a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la cual emite un informe de la violencia en la entidad así como recomendaciones para que el gobierno local actúe.
Seis meses después de dar estas recomendaciones, los gobiernos estatales deben presentar los resultados obtenidos y con base en esto, la Conavim decide si activar o no la AVG.
Estos periodos no se han cumplido en la Ciudad de México.
En lo que respecta a la administración de Miguel Ángel Mancera, aunque la solicitud fue presentada desde septiembre de 2017, la Conavim entregó hasta marzo de 2018 el informe y recomendaciones al gobierno de la Ciudad de México.
Se cumplieron los seis meses que establece el reglamento y Mancera pidió una prórroga para entregar los resultados. Así llegó diciembre y el cambio de gobierno, la AVG quedó en pausa.
A su llegada, el gobierno de Claudia Sheinbaum conformó una mesa de trabajo que retomó la solicitud y tardó varios meses para llegar a una resolución.
En junio pasado la mesa de trabajo de la AVG, por mayoría de votos, decidió que era necesario implementar a alerta en la capital, sin embargo el gobierno de Sheinbaum se comprometió a ofrecer resultados positivos en seis meses.
Por su parte, la Conavim argumentó que no era necesaria la AVG pues de diciembre a la fecha el gobierno de la CDMX había realizado 13 acciones para prevenir la violencia contra la mujer, como la creación de la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía especializada para la Investigación del Feminicidio.
Ante esta decisión las organizaciones solicitaron un amparo federal el cual consiguieron el pasado 13 de septiembre a través del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
En este amparo, además del decreto casi inmediato de la AVG las OSC habían solicitado ser parte del grupo de trabajo que evaluara la alerta.
Todo se vino abajo cuando la Conavim interpuso un recurso de revisión con el pretexto de que el reglamento de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula que las solicitantes de la AVG no pueden formar parte del grupo de trabajo.
Si bien el artículo 36 de dicho reglamento estipula cómo debe conformarse el grupo de trabajo, no hay alguna restricción que impida a las organizaciones conformarlo.
Sin embargo el recurso de revisión fue aceptado y ahora se encuentra en un colegiado.
Esta situación ha generado críticas y acusaciones por parte de las organizaciones hacia contra la Conavim a la que acusan de obstaculizar la implementación de la Alerta de Género.
“Quieren ser juez y parte”
En entrevista para Animal Político Candelaria Ochoa, titular de la Conavim, asegura que la comisión está a favor de poner en marcha la AVG pero se tienen que respetar las reglas del juego.
La funcionaria explica que los seis meses que pidió el gobierno de Sheinbaum es un periodo al que todos los gobiernos tienen derecho antes de decidir si se aplicará o no la alerta.
En cuanto al tema del recurso de revisión asegura que no fue una decisión de la Conavim, sino de la Secretaría de Gobernación.
“Tuvimos varias reuniones después de tener conocimiento del amparo obtenido por las organizaciones y tras un análisis, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero determinó que debíamos proceder con este recurso, pues las solicitantes quieren ser juez y parte y eso no se puede según el reglamento, así fue que interpusimos el recurso”, señala.
Según Candelaria, además de este, hay otros dos motivos por los que la Segob decidió interponer el recurso de revisión: “en el amparo exigían que la Conavim dotara de recursos a cada alerta cuando eso es obligación de los gobiernos; y también piden que se transparente todas las acciones de los gobiernos, situación que tampoco es posible porque así lo estipula la Ley de Transparencia, que no se pueden transparentar todas las acciones de los gobiernos”.
Sobre las acusaciones de las OSC sobre una presunta obstaculización para activar la AVG, Ochoa asegura que ella no puede tomar decisiones sin consultarlas con la Segob, ya que la Conavim no es un ente descentralizado ni autónomo.
“Nosotros estamos a favor de que se implemente la Alerta de Género, pero por el momento no está en nuestras manos, habrá que esperar a que se resuelva el recurso de revisión y a que pasen los 6 meses que pidió el gobierno para entregar resultados”.
Según la titular de Conavim, el gobierno de Sheinbaum tiene como fecha límite el 5 de diciembre para entregar un reporte de resultado con base en las recomendaciones que hizo la mesa de trabajo.
“Hemos platicado con el Observatorio y las organizaciones, les hemos ofrecido que sean parte de este trabajo a través de contralorías, en donde podrán estar al tanto de las medidas y avances conseguidos con la Alerta de Género, nosotros confiamos en que aceptarán la propuesta”, finaliza.
“Nos quieren dejar fuera”
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, lamenta que el actual gobierno esté minimizando el tema de la violencia contra la mujer tal y como lo hizo el de Mancera.
“La Conavim y su titular solo están implementando estrategias porque nos quieren dejar fuera, como gobierno quieren hacer y deshacer a su antojo y que nadie cuestione sus acciones y resultados, por eso no nos quieren dentro del equipo de trabajo”, señala.
Según Estrada los gobiernos de otros estados como Jalisco y Estado de México sí les han permitido ser parte de la mesa de trabajo, “porque han dicho que la presencia de las organizaciones es indispensable”.
La directora del OCNF asegura que las organizaciones no tienen otra intención más que sumar y vigilar que las acciones de la AVG se cumplan.
A la vez lamenta que las mujeres de la Ciudad de México tengan que esperar por lo menos otros seis meses para estar en posibilidad de tener una Alerta de Género.
“Luchamos por esto durante los dos últimos años y ahora nos parecen absurdos los argumentos del gobierno y de la Conavim, los feminicidios y las agresiones contra mujeres han ido en aumento y ni eso les parece suficiente”, refiere. A pesar del contexto actual, María dice que la CDMX tendrá sí o sí una Alerta de Género, “solo están retrasando todo, pero no lograrán evitarla”.
