No hay edad ni lugar de resguardo frente a los crímenes contra las mujeres en México. Si el Estado es parte del problema, debe ser parte de la solución
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los feminicidios antes no se consideraban feminicidios porque eran homicidios: “Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio: eran homicidios”. Y circuló un video de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, un año después de que pronunciara un discurso en Hidalgo aún como director general de Bibliotecas en el que se dirige a las mujeres, de una forma que no sabemos si reír, llorar, si es que entran las risas grabadas o qué cuando dice que si buscamos emanciparnos de nuestros opresores, no esperemos que nuestra libertad llegue como un regalo, pues para eso, dice, están los libros. Parecerán notas de hace días, ruido de la semana pasada, tal vez como la salsa de Héctor Lavoe en Periódico de ayer: “Sensacional cuando salió en la madrugada/ A medio día ya noticia confirmada/ Y en la tarde materia olvidada”, pero no. Ambas dieron vueltas, su vigencia es importante y ambos discursos son muy reveladores del problema hoy. Parecerán dos puntos inconexos, pero no lo son. La línea que los une tiene mucho que decirnos y tiene que ver con la participación del Estado en el problema de los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres.
El término feminicidio no surgió con la 4T, pero los feminicidios sí han aumentado en los últimos tres años. Para comprender por qué han aumentado, y más importante, para poder hacer algo al respecto importa hacer un breve recorrido en la historia del término para ver cómo el total desconocimiento del término jurídico y su historia forman parte del problema. En 1976, tres feministas anarquistas definieron el concepto en el “Primer Tribunal Internacional de Delitos Contra las Mujeres” en Bélgica. Diana Russell propuso un conversatorio sobre femicide (o “femicidio”). Pero como la naturaleza misma del movimiento feminista —compuesto por varios feminismos— las luchas, así como la definición de los términos, son también una historia colectiva, pues no hay ninguna lucha que haya sido ganada una mujer sola, es siempre, y necesariamente, una política colectiva.
En aquel conversatorio académico hablaron tanto de casos en la ficción como algunos tomados en la realidad en Estados Unidos. Más adelante, en 1992, Diana Russell publicó Femicide: The Politics of Women Killing donde determina que el “femicidio” es el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres y es una forma de violencia sexual. Entre 1993 y 2006 fueron asesinadas de diversas formas violentas más de 400 mujeres y niñas en Ciudad Juárez (entonces surgieron los lemas “ni una más”, “ni una muerta más”). Ante los crímenes entonces inexplicables, el trabajo del escritor y periodista Sergio González Rodríguez, desde la crónica periodística, tuvo un papel importante y el de la doctora Marcela Lagarde, antropóloga e investigadora, fue esencial tanto en nombrarlo como en tipificarlo ante la ley.
En su trabajo de campo, Lagarde encontró que no todos los asesinatos eran idénticos y que no era un problema exclusivo de Ciudad Juárez, los casos se conectaban con otros asesinatos en otros municipios: era un problema más grande. Por ese tiempo leyó el libro de Russell y propuso adaptar el término al contexto mexicano, que no era el mismo para Estados Unidos o para otras partes del mundo, además de que el anarquismo de Russell excluía por completo al Estado como parte del problema. En México, la particularidad central incluye al Estado como parte de los crímenes de odio: un Estado que no garantiza los derechos humanos a la vida de las mujeres ni una vida libre de violencia feminicida. En palabras de la doctora Lagarde: “Siempre muy amablemente me presentan como quien acuñó la palabra feminicidio. Y sí, es cierto, vengo aquí a decirlo. Pero esa palabra es la transformación de otra palabra que fue la que a mí me sirvió de clave para entrarle al feminicidio y esa palabra es femicide, así, más chiquita, y esa palabra es de Russell y las colegas que están compiladas en dos obras que produjimos en la Cámara de Diputados, aliados con la UNAM, para traer a México el debate sobre el feminicidio”. Y así de la esfera académica, pasó a la esfera jurídica gracias al término que se enmarcó en el contexto mexicano y que en colectiva se impulsó para que en 2012 México fuera el primer país en el mundo en el que se tipificó el feminicidio. “Yo le aumenté cosas y por eso le aumenté una sílaba”, concluye Lagarde.
Uno de los parteaguas este sexenio fue la marcha del 16 de agosto de 2019 que nombró al centro de la Victoria Alada en Reforma el problema con la pinta negra “México feminicida”, pues señaló a la mirada pública este problema central, urgente, también una de las tres pintas luminosas que se proyectaron sobre Palacio Nacional la noche de este 7 de marzo. ¿Por qué sería importante que AMLO conozca la historia del término y sus precisiones jurídicas? No por una precisión lingüística ni por conocimiento de interés únicamente epistemológico: comprenderlo a fondo es tener una visión del problema. Es lo que permite tomar acciones en las políticas públicas para que se erradiquen (no que disminuyan, no, que paren por completo) no solo los feminicidios, sino la violencia en contra de las mujeres. Para cambiar la estructura de desigualdad que permite que los hombres cometan estos crímenes de odio. Detener no solo los crímenes de odio, sino también sus causas.
De ahí la gravedad de un discurso misógino como el de Marx Arriaga, pues tanto la red de bibliotecas como el contenido educativo deberían estar articulados para terminar con la violencia de género, no fomentarla. El discurso de Arriaga es igual de transparente que el de López Obrador: desde el Estado hacen visible la desigualdad que permite los diferentes niveles de violencia contra las mujeres. El presidente no se da cuenta, Arriaga tampoco se da cuenta de que discursos como estos forman parte del problema desde el Estado. Entonces no estamos avanzando hacia la paz y tranquilidad como dice López Obrador, tampoco hacia la libertad y la emancipación de nuestros opresores como dice Arriaga. ¿Por qué López Obrador no invita a diálogo a la doctora Marcela Lagarde? ¿Por qué Arriaga no lee alguna de sus investigaciones o de algunas otras especialistas? ¿Será que no les importa y eso se transparenta en sus discursos públicos? Es un problema de Estado, no es un problema de las mujeres. Tampoco es la exigencia de unas cuantas activistas. Es un problema social, es un problema que nos ocupa a todas y a todos.
Nicole, de siete años, víctima de feminicidio, desapareció mientras jugaba afuera del fraccionamiento en el que vivía en Hidalgo. Wendy, de 16, víctima de feminicidio, fue encontrada en un canal de aguas negras y sus amigas se reunieron para cargar su ataúd blanco en el Estado de México. Maricela, de 16 años, de origen otomí, víctima de feminicidio, fue encontrada con agresiones brutales en el rostro en la Ciudad de México. Ana Lilia, de 16 años, víctima de feminicidio, fue encontrada estrangulada dentro de una cisterna en Morelos. Karla, de 29 años, víctima de feminicidio, mamá de un hijo, fue encontrada con los pechos cercenados y su taxi flotando en el mar en Holbox. Ivonne, de 40 años, víctima de feminicidio, tenía un hijo de 10 años, buscaba la presidencia municipal y fue asesinada a balazos cuando iba camino a una reunión en Oaxaca. Estela, de 42 años, de origen mixteco y campesino, víctima de feminicidio, se dirigía a trabajar su cultivo, le quemaron una parte del cuerpo y la encontraron con sus perros cuidando su cuerpo, en Oaxaca. Liliana Cristina, de 46 años, víctima de feminicidio, fue asesinada a golpes por su expareja en Veracruz, a quien ella ya había denunciado. Carmen, de 80 años, víctima de feminicidio, murió en el hospital por causa de los golpes y las agresiones sexuales ocurridas en su casa en Veracruz. No hay edad ni lugar de resguardo. Algunos casos llegan a la luz pública, como estos ocurridos en fechas recientes, pero la gran mayoría no nos llegan. Si el Estado es parte del problema, debe ser parte de la solución a los feminicidios en tiempos de López Obrador.
