Uno de los que apretaron el gatillo reconoce haber recibido 180.000 pesos de su esposo, el exdirector de Amazon en México, acusado de feminicidio
Uno de los sicarios que apretaron el gatillo contra Abril Pérez Sagaón en noviembre de 2019 ha declarado ante un juez que la vida de esta mujer costó 180.000 pesos (unos 9.000 dólares), menos del sueldo de un mes de su marido como director de Amazon en México. Que Juan Carlos García fue el que contrató a una banda de matones para que orquestaran su muerte, poco después de que ella lo denunciara por intentar asesinarla en su casa, delante de sus hijos, y que si se producía antes de la siguiente audiencia, cobrarían un monto extra (unos 50.000 pesos más, 2.500 dólares). Mientras se orquestaba el plan, Juan Carlos García ya se encontraba en paradero desconocido. Un tribunal había reclasificado el delito y le permitió libertad bajo fianza. Y Pérez hacía lo que podía para ganar la enésima batalla contra su exmarido legalmente. Pero para que la justicia de México lo buscara, hicieron falta esos dos balazos.
Las declaraciones de uno de los ocho detenidos por el asesinato de Pérez en las primeras audiencias del juicio ponen de nuevo en la mira a García, el elegido de Amazon para inaugurar en México su filial en 2015 y director de ventas web de la multinacional de electrodomésticos Elektra, prófugo de la justicia desde el crimen y sobre el que pesa una ficha roja de la Interpol. García tenía una orden de alejamiento después de que su esposa lo denunciara por intento de homicidio. Después de 11 meses de batallas legales contra su agresor, de divorciarse y lograr la custodia de sus tres hijos, todavía seguía peleando por demostrar que ese hombre había intentado asesinarla. Esa semana había acudido a la capital —se había mudado a Nuevo León tras la separación— para realizarse una prueba psicológica que formaba parte del proceso de apelación contra García. Fue acribillada de camino al aeropuerto, con sus hijos adolescentes en los asientos de atrás del coche.
Los sicarios tuvieron la puntería de asestarle dos tiros, en la cabeza y en el cuello, el día en que cientos de mujeres protestaban en la capital por la violencia machista, el Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre de 2019, una tragedia que se cobra la vida de 11 mujeres al día en México. Que no da tregua a la mitad de su población y que cada año engrosa la estadística. En un país con una impunidad del 95% de los casos y donde menos del 10% de delitos se denuncia, Pérez se había atrevido a alzar la voz contra su agresor. Y se había convertido en un blanco, ante la incapacidad institucional de proteger a las mujeres víctimas de violencia.
Ese día viajaba en un coche con sus dos hijos menores y su abogado rumbo al aeropuerto de la capital. Había terminado los trámites que requería en ese momento el proceso judicial e iba a regresar a Monterrey. Estaba sentada en el lugar del copiloto. Y alrededor de las 17.30 horas, un vehículo alcanzó su ventanilla y disparó directamente a su cabeza, otro balazo alcanzó su clavícula. Ni el conductor, que era su abogado, ni sus hijos, recibieron un disparo. Fue un ataque directo. Después de más de seis horas, los médicos no pudieron salvarla. Y falleció cerca de la media noche.
La noche en que decidió alzar la voz
Todo comenzó en enero de 2019. Según una sentencia del caso a la que tuvo acceso EL PAÍS, la que acabó exculpando a García del intento de homicidio de su esposa y poniéndolo en libertad, Pérez relató ante un juez las agresiones de su marido y le reconoció que temía por su vida.
El 4 de enero de ese año, de madrugada, su marido entró a la habitación de ambos cuando ella dormía y la despertó de un fuerte golpe en el cráneo. Al abrir los ojos, vio a García con un bate de béisbol en la mano; la golpeó de nuevo en el lado izquierdo de la cara, ella comenzó a gritar pidiendo auxilio. La puerta estaba cerrada con seguro, no podía salir, declara en su testimonio. Él la agarró del cabello y le gritaba: “Te voy a matar. Destrozaste nuestra familia”, señala en la declaración. Entonces, intentó cortarle en el cuello con un “objeto punzocortante”, detalla el texto, ella se resistió, pero le hizo un corte en el mentón. Después, intentó asfixiarla con sus manos, según la denuncia y los informes médicos. Ella relata haber comenzado a perder el aliento y todo a su alrededor se había fundido a negro. “Su hijo fue determinante” para evitar que su padre la matara, reza la declaración. El menor irrumpió en el cuarto y empujó a su padre y, también según la denuncia, su madre huyó por una ventana.
Pero estas declaraciones de Abril Pérez Sagaón ante la Fiscalía, además de presentar informes forenses y médicos del hospital privado ABC, no fueron suficientes para que el juez Federico Mosco González considerara que lo sucedido se trató de un intento de feminicidio. La intención de asesinarla, el magistrado la descartó con este argumento: “Si hubiera tenido intención de privarla de la vida, lo hubiera hecho desde el primer golpe, al encontrarse ella dormida”. Y concluyó que se trató de lesiones simples. Entonces, se reclasificó el delito a violencia familiar y lesiones. Pérez solo consiguió en esos meses de batallas una orden de alejamiento.
Esta semana, tres años después de lo sucedido, han comenzado las primeras audiencias del juicio por feminicidio de Pérez. Los ocho detenidos, entre los que se encuentra una banda de sicarios, el que ha confesado apretar el gatillo, Rodolfo N y el taxista que los desplazó, Juan N., han sido los primeros en arrojar pruebas clave. Y el crimen ha resucitado como un símbolo de la impunidad en los casos de mujeres asesinadas en el país. El que presuntamente orquestó su muerte, planeó cada detalle, cantidades de dinero y movilizó a la banda, se ha salido de momento con la suya.
