Datos oficiales muestran que más de 95% de las víctimas de lesiones por violencia sexual en escuelas son mujeres. La situación se agrava porque las autoridades escolares tienden a encubrir a los agresores y permiten que estos sigan presentes en los planteles, señalan especialistas.
En el periodo de 2016 a 2022, el número de lesiones por agresiones sexuales cometidas dentro de escuelas subió 142%, al pasar de 88 a 213 por año, de acuerdo con los registros de casos atendidos en hospitales públicos dados a conocer por la Secretaría de Salud federal. Este incremento, de acuerdo con especialistas, ocurre en un contexto en el que las autoridades escolares encubren los hechos y, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no hay consecuencias administrativas.
En total, en los siete años de registros de Salud, se han brindado 884 atenciones a personas que fueron lesionadas por violencia sexual dentro de planteles, agresiones que afectaron principalmente a las mujeres, que fueron el 95.6% de las víctimas.
Estas agresiones en 10 casos tuvieron como consecuencia el embarazo de mujeres menores de edad —quienes representaron el 65% del conjunto— y en tres provocaron que sufrieran un aborto. Sin embargo, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advierte que en los datos recabados por las autoridades podría existir un sub-registro por el estigma y el miedo que rodean al tema.
Los casos registrados por las autoridades muestran que este tipo de violencia se concentró en la población de cero a 18 años, con 750 casos.
Según el informe Ya no es un secreto, pero sigue el silencio, elaborado por la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), el abuso sexual que se presenta en escuelas se caracteriza por la participación de múltiples agresores, el encubrimiento del personal escolar y agresiones que pueden llegar a ser extremas, como actos rituales, uso de disfraces, cámaras e indicios del uso de sustancias para sedar a niños.
Estas prácticas, detalló en entrevista la directora de la ODI, Mariana Gil, suceden en un panorama en el que cada vez se conocen más casos “y resulta muy evidente que los protocolos no privilegian la investigación y que las escuelas no dan vista a las autoridades, sino que encubren, mientras por parte de la SEP no hay consecuencias administrativas».
Agresores en las aulas
Al no existir sanciones de las autoridades escolares a los agresores sexuales, estos continúan compartiendo espacios con las víctimas. Un ejemplo de ello es el caso del Centro de Bachillerato Tecnológico de Huehuetoca, donde recientemente las autoridades educativas reinstalaron a un profesor que se encontraba suspendido por denuncias de acoso sexual.
Karla, madre de una de las jóvenes afectadas —quien estudia el último semestre de bachillerato—, narró en entrevista que su hija fue acosada por un profesor durante el periodo en el que tomaron clases virtuales por la pandemia de COVID-19, hecho que se descubrió a partir de las investigaciones de la orientadora de la escuela.
Esta situación fue denunciada y varias estudiantes presentaron capturas de pantalla de conversaciones donde el docente les hacía comentarios de índole sexual que después justificaba como errores de dedo. En marzo de 2022, la dirección del plantel notificó a la comunidad escolar que el profesor había sido separado del cargo.
Sin embargo, el pasado 14 de febrero se informó que el profesor había sido reinstalado en su puesto, con el argumento de las autoridades de que las adolescentes “habían seguido el juego» al docente, aunque en el caso de la hija de Karla, la joven fue diagnosticada por un psicólogo con depresión y ansiedad como consecuencia de lo ocurrido.
En la semana del 8 de marzo de 2023, las alumnas se manifestaron en la escuela con un tendedero de denuncias, en las que volvieron a evidenciar el acoso del profesor. Este continúa yendo a laborar con normalidad, lo que ha llevado a las jóvenes a volver a presentar malestares emocionales.
En el caso de la hija de Karla, la directora le ofreció buscar otra forma de calificarla, pero ella decidió continuar asistiendo a su último semestre, con medidas de protección, porque considera que las acciones que se tomen deben pensar en las otras alumnas y las nuevas generaciones que quedarán desprotegidas frente al profesor.
En tanto, la denuncia penal que interpuso Karla contra el docente sigue su curso, y ella y su familia están a la espera de que la Fiscalía General del Estado de México tome la declaración de la joven en las próximas semanas y así se emitan las medidas para impedir que el presunto agresor esté en las instalaciones.
El Estado de México encabeza la lista de entidades con más casos de lesiones por violencia sexual contra menores de edad cometidos dentro de escuelas, con 172 registros, mismos que tuvieron un aumento del 151% en el periodo de 2016 a 2022, al pasar de 18 a 47 víctimas por año.
En segundo lugar está Guanajuato, con 80 casos, seguido de Chihuahua (68), Ciudad de México (58) y Jalisco (51).
Tania Ramírez, directora de la REDIM, destacó que uno de los factores que favorecen que se den las agresiones es “la falsa noción de que las niñas y niños tienen demasiada imaginación o exageran —como en el caso de la hija de Karla— y eso no debería ser así; cuando hay una denuncia de haber vivido algún tipo de violencia sexual, tenemos que creerles a priori».
“Las escuelas ya no son lugares seguros»
Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, las lesiones dolosas en escuelas —que en total ascienden a casi 6 mil en siete años— se encuentran enmarcadas en un contexto de violencia generalizada en todo el país, lo que lleva a que “las escuelas ya no sean lugares seguros, pues ya hace bastante tiempo que hemos visto que también son escenarios de riesgo donde las niñas y niños están haciendo una reproducción de la violencia que viven en sus contextos comunitarios».
El especialista alertó que, además de que esta realidad se ha extendido a la totalidad del territorio nacional, las agresiones que se presentan muestran cada vez un mayor grado de crueldad, misma que deja marcas en las víctimas más allá de las lesiones físicas.
De las personas atendidas por lesiones relacionadas con violencia sexual en escuelas, la mayoría reportó como consecuencia principal del ataque malestar emocional (351), estrés postraumático (85) y depresión (31).
Sin embargo, Pérez García señaló que es un error individualizar las consecuencias a las víctimas directas, porque esto minimiza los acontecimientos que afectan a la comunidad escolar por completo.
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