Los feminicidas de Fernanda y Karina apelaron sus sentencias y los tribunales de alzada les redujeron las penas, en lo que organizaciones civiles denuncian como una tendencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Magdalena Velarde y Roberto Sánchez tuvieron que esperar más de ocho años para que el feminicida de su hija Fernanda tuviera una sentencia medianamente justa.
En agosto de 2022, Led Clemente Sandoval fue condenado a 69 años y tres meses de prisión por el feminicidio de Fernanda Sánchez Velarde, cometido el 4 de enero de 2014 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. A finales de 2022, los padres de Fernanda Sánchez Velarde fueron notificados de la reducción de sentencia para Led Clemente, ordenada por los tres magistrados del Tribunal de Alzada, responsables de dar respuesta a las apelaciones en el Estado de México: Elizabeth Rodríguez Cañedo, Guillermo Peralta Ramírez y Felipe Landeros Herrera.
La sentencia para Led Clemente quedó en 43 años de prisión, una reducción de la tercera parte de lo que se le dictó inicialmente por el feminicidio de Fernanda.
“La justificación de los magistrados, que ni siquiera me han dado la cara porque la notificación se hizo en una audiencia remota, fue que debían garantizar los derechos humanos de él al considerar que su sentencia fue excesiva”.
De esta manera, Led Clemente recibió la condena mínima que contempla el Código Penal del Estado de México en el artículo 128, el cual establece que para casos de feminicidio “la penalidad será de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia, y de 700 a 5 mil días de multa”. Asimismo, se señala que la pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima esté embarazada. En marzo de 2023, Antonia Alemán celebró la sentencia vitalicia ─es decir, el tiempo que dure su vida─ dictada a Luis Iván Rodríguez Figueroa por el feminicidio de su esposa Sandra Karina García Alemán, cometido el 18 de mayo de 2020 en el municipio de Temascalapa, Estado de México.
Pero tres meses después, en junio, los magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco determinaron reducir su condena a 55 años de prisión. El mismo tribunal prohibió a Antonia difundir los nombres de los magistrados en medios de comunicación ─sin una razón legal al respecto─, por lo que la familia de Sandra Karina teme represalias en su contra.
“Justicia nunca va a haber porque mataron a mi hija, pero lo ideal sería que hasta que Kari salga del cementerio, Luis lo haga de la cárcel, y eso nunca va a pasar. Las sentencias vitalicias son para esos hombres que se atreven a quitarle la vida a una mujer”.
Estos son solo dos casos que organizaciones civiles y acompañantes de las víctimas ─como el colectivo SIWA artesanas de Paz y Justicia─ han documentado en los tribunales de alzada del Estado de México en los últimos dos años.
Tan solo en 2022, los tribunales de apelaciones de la entidad resolvieron por lo menos cinco reducciones de sentencias y reposiciones de juicios en casos de feminicidio y violación, de acuerdo con SIWA.
Para Ximena Ugarte, representante legal en los casos de Fernanda y Karina, reducir las sentencias de feminicidas no es un fenómeno reciente, sino constante, y se debe a una combinación de varios factores: impunidad, corrupción, falta de debida diligencia y falta de perspectiva de género.
“La opacidad o la impunidad resulta de la ausencia de mecanismos accesibles para cualquier persona a obtener información de cuántas sentencias se han disminuido. Si uno entra a la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México encuentra cifras que no sirven para determinar si antes este fenómeno sucedía más que ahora. Pero nosotras, como acompañantes, hemos constatado que al menos en los últimos tres o cuatro años, el TSJ sí ha implementado una política de reducción de sentencias”.
¿Cuál es el objetivo de reducir sentencias?
Cuando Fernanda Sánchez fue asesinada tenía 18 años de edad, un embarazo de cuatro meses y un bebé de poco más de un año.
La familia de Fernanda exigía penas máximas en ambos delitos: 70 años por el feminicidio de Fernanda y ocho por el aborto que le provocó su muerte. Pero al momento de dictar sentencia condenatoria, el juez Edson Apolo Dionisio Santos consideró una pena menor en ambos delitos al no haber antecedentes penales del acusado.
“Ahora los magistrados dicen que por el aborto no se le podía juzgar doble vez, porque ya iba incluido en la sentencia que le dieron, esa es su justificación de reducirle la sentencia. Pero por el aborto solo le habían dictado seis años y meses, no los 26 años que le quitaron”.
La señora Magda cree que la intención de los sentenciados por feminicidio es lograr reducir su condena para en algún punto obtener su libertad anticipada o por buena conducta. Mientras, ella teme por la vida de su nieto, hijo de Fernanda y Led.
“Él quitó dos vidas, de por sí ya es imposible que pueda pagar algo por haber matado a mi hija y al bebé que esperaba, pero lo mínimo sería que pagara con una sentencia que lo mantenga ahí adentro. No quiero que tenga la posibilidad de salir porque sé que yo no viviré esa cantidad de años (la sentencia de 43), pero mi nieto sí, mi nieto está en la plenitud de su vida y no quiero que salga y que tenga la posibilidad de molestarlo”.
La señora Antonia tampoco entiende cómo evalúan los tribunales de apelaciones y con base en qué deciden reducir sentencias a feminicidas. En su caso, los magistrados también consideraron que la sentencia vitalicia era excesiva y violatoria a los derechos humanos de Luis Iván.
“Les han arrebatado todo a nuestras hijas y ahora vienen unos magistrados a dictar un veredicto que, en el ‘mejor de los casos’, es la reducción de muchos años de prisión, porque hay muchos casos en los que ordenan repetir todo el juicio, sin importar el daño colateral que nos causan a las familias, los gastos económicos, acudir a audiencias, papeleos, retrasos, revictimización”.
“No sé a qué se debe que los tribunales de alzada hagan esto, pero es muy cruel para mí y para la memoria de nuestras hijas. Mínimo hubiera esperado que le dejaran la sentencia máxima de 70 años”.
Sentencias más allá de la punitividad
La reducción de sentencias en casos de feminicidio va más allá de la punitividad. La abogada Ximena Ugarte expone que la principal consecuencia de estas decisiones es la falta de certeza jurídica para las personas que están esperando obtener justicia.
“No voy a señalar si está bien o mal que se pongan sentencias máximas o vitalicias, pero sí tiene un efecto simbólico para las familias que han perdido a sus hermanas, hijas, mamás. Y también tiene un impacto social, porque quiere decir que, de alguna manera, se está castigando de manera adecuada la comisión de este delito”.
Entonces, añade, la determinación de los tribunales de alzada al momento de reducir una sentencia no se puede reducir a un mero formalismo jurídico de si se valoraron o no de manera adecuada los elementos probatorios, sino determinar si esa valoración se está haciendo bajo los protocolos de perspectiva de género establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia Mariana Lima Buendía.
“Debe haber congruencia en el Poder Judicial del Estado de México. Los tribunales de alzada carecen de perspectiva de género, y esto causa una especie de ‘psicosis’ entre todos los demás juicios que están en camino. Pareciera que para las familias no basta que ya pasaron muchos años en el proceso, sino que una vez que obtienen esa sentencia que tanto han esperado ─y que claramente no regresa a sus hijas─, deben vivir en la zozobra de que no basta, y que un simple formalismo reducirá la sentencia”.
El Estado de México es actualmente la entidad más peligrosa para las mujeres. En 2018 tuvo un repunte de feminicidios, desde entonces y hasta junio de 2023 se registraron 600 casos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante 2021, el 78.7% de las mujeres mayores de 15 años en el Estado de México dijo haber sufrido algún tipo de violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Un informe del colectivo Impunidad Cero ─publicado en 2022─ reveló que a nivel nacional solo el 27% de las muertes violentas de mujeres son investigadas como feminicidio. Además, en 2021 la impunidad directa para el delito de feminicidio a nivel nacional fue de 45.8%, y el Estado de México registró impunidad en el 56.7% de los casos.
“Yo le pediría a jueces y magistrados que de verdad se tomen el tiempo de leer un poco los casos de feminicidio. Me gustaría que se pusieran un minuto en nuestro lugar y que piensen que ellos también pueden pasar por algo como esto, y hasta que no lo hagan seguirán cometiendo injusticias con las víctimas”.
https://la-lista.com/genero/2023/08/03/magistrados-se-apiadan-de-los-feminicidas-les-reducen-las-penas-en-el-edomex
