Más de 10 mil mujeres han sido asesinadas en México desde 2012, pero menos del 20 por ciento han sido juzgados como feminicidios
por Valeria Durán para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han per-mitido que menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).
En la investigación se solicitó a cada una de las Procuradurías y Fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras.
Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo 1,887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento.
Con base en estos informes, al menos 7 mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueran reconocidas como víctimas de feminicidios.
En el análisis de datos se identificó que algunas Procuradurías o Fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.
Tan sólo entre 2012 y 2015, las Procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el país, mientras que en la información entregada para esta investigación, las mismas autoridades reconocieron en el mismo periodo 8 mil 555 asesinatos.
Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos, que equivale a una diferencia de 19 por ciento. De acuerdo con las cifras recopiladas por MCCI, tan sólo en el primer semestre del año pasado fueron asesinadas en forma violenta otras mil 026 mujeres en el país.
Uno de los estados con subregistro de crímenes es el Estado de México. Según las cifras re-portadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.
Hoyos negros de la Ley
Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres –incluso des-cuartizadas o asfixiadas- no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios.
En este momento, quienes asesinan a mujeres a golpes o a cuchilladas, podrán obtener una pena menor –entre 20 y 25 años de cárcel- si por ejemplo alegan haber sufrido “una emoción violenta” por celos o enojo incontrolable, revela una Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).
No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las Procuradurías y Fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. Un ejemplo radical ocurre en el estado de Tamaulipas, donde de enero de 2012 a junio de 2016 fueron encontrados los cuerpos mutilados de 50 mujeres, y ni uno sólo de esos casos fue juzgado como feminicidio.
Para las autoridades de justicia tamaulipecas no fue suficiente evidencia que esas 50 mujeres hayan sido decapitadas, desmembradas e incluso en un caso desollada; tampoco tomaron en cuenta seis homicidios con rastros de violencia sexual y menos aún a las 214 asesinadas a balazos. En ese periodo ocurrieron en Tamaulipas 441 muertes violentas de mujeres y sólo una fue tipificada como feminicidio.
Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han sido formados por lagunas legales, protocolos inadecuados para proteger las escenas de los crímenes, investigaciones ministeriales erróneas y, sobre todo, una tipificación de los delitos con penas menores.
Además, México ha puesto la seguridad en manos masculinas. De las 32 Fiscalías y Procuradurías estatales solo dos están en manos de mujeres; Baja California, con la Procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva y Tlaxcala con la Procuradora Alicia Fragoso Sánchez.
Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, en México no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.
El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio:
- Los signos de violencia sexual
- Las lesiones o mutilaciones
- Los antecedentes de violencia
- Que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario
- Las amenazas o agresiones previas al asesinato
- Que la víctima haya sido incomunicada
- Que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público
Pero solamente 11 de las 32 entidades, es decir apenas una tercera parte de los estados del país, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Esto explica por qué en Coahuila se especifica que una relación sentimental, laboral de confianza o consanguinidad entre la víctima y el victimario son indicativos de feminicidio, mientras Campeche no lo reconoce así.
Los signos de violencia sexual y las mutilaciones son el único indicativo uniforme en todo el país, pese a eso las Procuradurías y Fiscalías descartan como feminicidios a homicidios que presentan estas características. Un ejemplo es lo que ha sucedido en Tamaulipas.
Karla Micheel Salas Ramírez, abogada y directora de la Asociación Civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, ha trabajado concretamente en el tema de violencia feminicida. Sus estudios la han llevado a concluir que, si en México no se reconoce la gravedad de los feminicidios, es porque el Gobierno Federal mantiene una negación ante la violencia de género.
“Esta negación que tiene la autoridad no permite generar una política criminal. En este país el dinero se coloca donde está el número rojo (…) Sabemos que en este país el dinero y los recursos institucionales están en donde se identifica que hay un problema, por esto en el tema de secuestros hay tecnología y unidades de punta. En el tema de feminicidio y de violencia en general contra mujeres, como se siguen maquillando las cifras y si tú le preguntas a Aguascalientes y te dice que tiene un feminicidio en 5 años ¡pues claro! en razón de qué yo le voy a destinar dinero y una unidad especializada si no hay casos”, cuestionó.
México es uno de los países pertenecientes a la Asamblea General de las Naciones Unidas que el 18 de diciembre de 1979 acordó adoptar las medidas señaladas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Con esta promulgación, publicada el 12 de mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, México se comprometió a adoptar todas las medidas adecuadas, incluida una legislación para modificar o abolir las leyes, reglamentaciones, costumbres y prácticas vigentes que constituyen discriminación contra la mujer.
Pese a ello, en los Códigos Penales de cada entidad, sigue sin ser uniforme la figura del feminicidio y sin modificarse los apartados que permiten que los feminicidas no cumplan con las sentencias acordadas para este crimen.
La violencia extrema contra las mujeres se ha extendido a medio país. En peticiones de información realizadas para esta investigación, 15 estados reconocieron tener 107 casos de mutilaciones, el 65 por ciento de las cuales han sido decapitaciones.
La estadística completa de este tipo de crímenes no fue posible obtenerla, porque algunos estados, como Aguascalientes y Durango declararon como información reservada los casos de mutilaciones, mientras que Quintana Roo, Puebla y Chihuahua se negaron a informar las causas de los homicidios de mujeres.
Si las circunstancias para tipificar un crimen de género fueran respetadas, tal y como aparecen en cada uno de los Códigos Penales locales y en el Código Penal Federal, o si la violencia con la que fueron asesinadas las mujeres hubiera tenido una mayor relevancia, en México habría por lo menos el triple de feminicidios de los mil 887 que reconocen las autoridades.
Juzgar la muerte violenta de una mujer como homicidio común, deriva en impunidad.
Un feminicida puede recibir un castigo de hasta 70 años de cárcel en algunos estados -como Morelos- pero si el asesino alega que el crimen lo cometió bajo un estado “de emoción violenta” (que también se conoce como crimen pasional), la pena se puede reducir a sólo una cuarta parte.
Matan a 6 cada día
De acuerdo con las cifras recopiladas para esta investigación, cada día son asesinadas entre 6 y 7 mujeres en México.
En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de mujeres, con 396 casos ocurridos en 2015.
Sin embargo, en cuanto a tasa, Guerrero fue ese mismo año el estado con la mayor tasa de crímenes de género, con casi 12 casos por cada 100 mil mujeres.
Le siguen, en orden de gravedad, Chihuahua con una tasa de 7.87; Colima 6.93, Baja California 6.54, Baja California Sur 6.23, Morelos 4.95 y Estado de México 4.88. De 2012 a mediados de 2016 fueron asesinadas en Guerrero 936 mujeres, pero sólo 50 casos fueron tipificados como feminicidios.
Es en ese estado donde se registra la mayor tasa de feminicidios de México, y en algunas localidades se tienen índices por encima de los países del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), calificados por la organización Small Arms Survey entre los 12 países más peligrosos del mundo para ser mujer.
En Iguala, municipio donde en 2014 sucedió el secuestro de 43 estudiantes normalistas, ocurre un asesinato de mujeres por cada 7 mil habitantes, mientras que en Honduras la tasa es de un homicidio por cada 13 mil, en Guatemala de uno por cada 20 mil y en El Salvador de uno por cada 28 mil.
Acapulco y Taxco, que son destinos turísticos de prestigio internacional, tampoco escapan de las elevadas estadísticas de violencia contra la mujer. En la primera localidad, que es uno de los destinos de playa más visitados en México, ocurrieron 74 asesinatos de mujeres en 2015, lo que representó un caso por cada 9 mil habitantes, es decir, una tasa del doble de la presentada en Guatemala y el triple de la registrada en El Salvador.
Mientras que en Taxco se presentó en 2015 el porcentaje más alto de asesinatos de mujeres en México, con el 62 por ciento del total de los homicidios ocurridos en ese municipio, mientras que a nivel nacional el promedio fue de 12 por ciento.
En Guerrero, además, se da el ocultamiento de cifras de homicidios.
La Procuraduría de Justicia sólo reportó 130 asesinatos de mujeres en 2015, pero un recuento hemerográfico permitió identificar 162 casos, de los cuales en el 73 por ciento se recurrió a violencia extrema.
Así matan a las mujeres
Características de homicidios dolosos contra mujeres, que en su mayoría no fueron tipificados como feminicidios, ocurridos del 1 de enero de 2013 a junio de 2016, según reportes de Procuradurías estatales, entregados a petición de las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y CONNECTAS
La Escuela
“Úsese y tírese”, parece ser un letrero que invisiblemente las mujeres han traído pegado a la espalda. Pero la violencia contra la mujer y la discriminación hacia el género femenino no es solamente heredado, está tan impregnado en la idiosincrasia del mexicano que hasta algunos gobernadores han sido cuestionados por su manera de ver a las mujeres.
A principios de 2015, en plena conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Baja California, Francisco Vega les dijo a las mujeres presentes en su evento:
“Están re buenas, re buenas todas… para cuidar niños, para atender la casa cuando llega uno y a ver mijito, las pantunflitas”.
El 15 de junio de 2016, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” hizo la siguiente declaración cuando se le preguntó respecto a las mujeres desaparecidas o secuestradas en el estado de Nuevo León:
“NOSOTROS NO TENEMOS NINGUNA DENUNCIA DEL SECUESTRO DE ALGUNA MUJER. QUIZÁS SE VAN CON EL NOVIO. NO HA HABIDO NINGUNA DENUNCIA DE SECUESTRO DE ALGUNA MUJER EN LO QUE LLEVAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN. PUEDE SER PROBLEMA DEL NOVIO QUE SE LAS LLEVE, SIN EL PERMISO DE LOS PAPÁS”.
Podría esperarse que en Baja California, teniendo el ejemplo de su gobernador, algunos habitantes podrían no preocuparse por los crímenes contra mujeres que “son buenas para cuidar a los niños y atender la casa”.
Sin embargo lo hacen, y los propios medios de ese estado se encargaron de informar en 2015 que a siete meses de reformado el artículo 129 del Código Penal del Estado, que amplió el concepto del delito de feminicidio y sus causas penales, el Ministerio Público solo calificó cuatro casos como homicidio doloso por razón de género, de los más de 72 que se habían cometido en la entidad.
Tal vez en un estado como Nuevo León, donde su gobernador declara que las mujeres desaparecidas no son secuestradas, sino que se fugan con el novio, podría ser contradictorio que los medios reportaran que en los primeros seis meses de administración (de octubre de 2015 a abril de 2016) de “El Bronco” 42 mujeres fueran víctimas de homicidio.
En Nuevo León se reconoció el feminicidio en el Código Penal apenas en 2013, y de ese año a mayo de 2016 se han reportado solamente tres feminicidios. Enfrentados con las 68 mujeres que de 2012 a mayo de este año murieron por golpes o estrangulamiento.
Pese a que la Fracción II del artículo 331 referente al feminicidio, cataloga cualquier tipo de violencia o lesiones en contra de la víctima como razones legales para tipificar un feminicidio, las 68 mujeres que fueron asesinadas violentamente sólo entraron a las estadísticas de los homicidios dolosos.
Nuevo León también fue el lugar del país donde el pasado septiembre fue detenido Luis Oscar Jiménez Herrera, mejor conocido como “el asesino del tinaco”, presunto asesino serial que mató a 16 mujeres en los últimos tres años en Monterey y San Luis Potosí; sus víctimas presentaban múltiples golpes y muerte por estrangulamiento.
Oscar Jiménez permanece internado en el Penal del Topo Chico sólo por el asesinato de una de sus víctimas, aunque las autoridades buscaban ampliar la averiguación.
La palabra feminicidio ya no es exclusiva de Ciudad Juárez, una población donde han pasado más de 20 años desde que se registró el primer caso que sirvió de antesala del terror a los más de 500 casos de mujeres asesinadas en ese punto.
Los feminicidios en México ahora se reflejan en todos los estados.
Impunidad
La abogada Salas Ramírez, quien trabajó el caso de los “feminicidas del campo algodonero” en Ciudad Juárez, consideró que el número de homicidios a mujeres cometidos con las características penales aplicables a la figura del feminicidio y que no son reconocidos como tal, entran directo al saco de la Impunidad.
Como abogada realizó diversos estudios alrededor de la figura del feminicidio. En 2015 elaboró un análisis sobre las 169 sentencias que se emitieron por causales de feminicidio durante cuatro años y medio.
Estas sentencias son las únicas que las Fiscalías y Procuradurías reportaron de 2011 a mediados de 2015 en el país, mismas que se emitieron en 9 entidades federativas: 12 en Chiapas, 55 en la Ciudad de México, 60 en el Estado de México, 2 más en Jalisco, 32 en Morelos, 3 en Oaxaca, una en Puebla, tres en San Luis Potosí y una en Veracruz.
“De esas sentencias no se sabe cuáles de ellas al final quedaron en firme. Es probable que algunas fueran revocadas. Yo tengo la certeza que al menos dos de las tres sentencias en San Luis Potosí fueron revocadas”, aclaró la directora de la AC.
Karla Salas opinó que el alto grado de impunidad reflejado en los delitos contra la mujer, es un reflejo de la propia falta de atención que el Estado le da a la mujer
“LA AUTORIDAD SIGUE SIN TENER UNA EXPLICACIÓN CLARA DEL PORQUÉ A PESAR DE TENER CRÍMENES QUE SE HAN COMETIDO CON SAÑA O CON VIOLENCIA SEXUAL; ES DECIR, CASOS QUE CLARAMENTE SON FEMINICIDIOS O QUE TENDRÍAN QUE HABERSE INVESTIGADO COMO FEMINICIDIO, NO SE INVESTIGAN. LA AUTORIDAD AL FINAL DEL DÍA NO LOS ESTÁ CONSIGNANDO, NI PROCESANDO, NI SE ESTÁN RECIBIENDO SENTENCIAS”.
Antes y después del feminicidio, el problema con los asesinatos a mujeres sigue siendo el mismo: la danza de las cifras.
Crímenes que se justifican
Según estos Códigos Penales, el homicidio por estado de emoción violenta no es otra cosa que una reacción motora, circulatoria y secretoria hacia un sentimiento de gran intensidad, el cual produce una perturbación psicológica transitoria que se manifiesta a través de formas violentas de expresión, falta de razonamiento, de discernimiento y de voluntad y, como consecuencia, se atenúa la imputabilidad del hecho.
Según las Fiscalías, el sujeto que comete el crimen vive una intensa conmoción del ánimo que provoca un desorden del comportamiento, la pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminución de sus frenos inhibitorios, lo que desencadena un delito del que prácticamente él no era responsable.
Karla Micheel Salas explica que incluso desde antes de que en los Códigos Penales existiera la palabra feminicidio, muchos “crímenes pasionales”, en los que la mujer engañaba a su pareja, se volvían atenuantes para disminuir la pena en caso de que fueran asesinadas.
“Esto es una atenuante que permite disminuir la pena. Había entidades federativas en las que un feminicida podía alcanzar una pena de tres meses. Las víctimas tienen un grado de responsabilidad porque no es que el sujeto que las amara las quisiera matar, sino que él no aguanto la infidelidad, la deshonra que generó esta mujer y entonces él simplemente no pudo controlarse, así que las asesinó”, mencionó la abogada.
Eso ante la ley es una justificación vigente y sólo los estados de Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y Tabasco especifican que la reducción de la pena no es aplicable cuando se trata de un homicidio cometido contra un cónyuge, concubina, concubinario o persona que tenga o haya tenido una relación de noviazgo.
El artículo 146 del Código Penal Local de Guerrero incluso puntualiza que el homicidio por emoción violenta es aplicable cuando se comete en contra de quien lo provocó. Y justifica que el hecho “atenúa en forma considerable” y transitoria la capacidad del sujeto activo para comprender el significado del hecho y conducirse de acuerdo con esa comprensión.
Cada uno de los hoyos negros en los sistemas judiciales, la falta de una implementación general de protocolos de atención en las zonas donde se comete el crimen o se encuentra el cadáver de una mujer y la negación de las autoridades a reconocer -de acuerdo a sus mismos Códigos Penales- cuando se comete un feminicidio han sido las piezas clave de la impunidad en la violencia de género.
La necesidad de una justicia real ha llevado a que los mismos familiares y amigos de las víctimas tomen las investigaciones en sus manos; ya no solo convocando a marchas, sino también buscando la evidencia que la autoridad no solicita de inmediato, como recrear los últimos minutos que vivieron las mujeres antes de ser asesinadas, pedir grabaciones de las cámaras de vigilancia de las calles y en algunos casos buscando dónde se oculta el aparente responsable.
Ya no es extraño encontrar decenas de páginas en las redes sociales que piden justica para Perla, Gaby, Diana, Imelda, Paulina y más nombres que figuran entre el gran listado de páginas que existen en sitios como Facebook y Twitter.
Los familiares de las víctimas piden justicia y cada vez confían menos en las autoridades. Los feminicidios en México aumentan, aunque oficialmente permanecen en la sombra.
http://contralacorrupcion.mx/web/femimicidiosocultos/
