Por violencia de género, cada mes son asesinadas al menos nueve mujeres.
Abigail
I.
La celebración familiar concluyó a la medianoche y Araceli buscó su cama. Abigail, su hija de 20 años, continuó en el patio en compañía de los últimos invitados, entre ellos Clemente, Juan e Iván, tres vecinos del pueblo de San Miguel Ajusco, Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. No había motivos para preocuparse.
La madrugada del domingo 11 de diciembre de 2016, Araceli cerró los ojos. Un rato después se levantó y buscó a Abigail. No estaba. Juan tampoco. Ahí quedaban Clemente e Iván, y ella preguntó por su hija. «Quién sabe», respondieron.
«¡Ayúdenme a buscarla!», gritó Araceli y corrió a buscar a sus familiares. Abigail no se ausentaba sin explicación, mucho menos en la madrugada, y los dos tipos juraban desconocer su paradero.
Abigail había invitado al festejo a Clemente, un conocido y amigo de Facebook. Clemente llevó al otro par. Araceli los conocía de vista, los vio pasar alguna vez. Pero poco sabía sobre sus vidas.
Cuando los invitados se retiraron, alrededor de las dos de la mañana, entre los tres forzaron a Abigail. La arrastraron a un terreno baldío, a un par de minutos de camino. La torturaron, la violaron y apretaron su cuello hasta quebrarle la vida.
Ciudad violenta
Este no es momento de cruzar los brazos. María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), está preocupada: la alerta de género emitida en algunos estados del país no ayudó a dimensionar la aguda situación del feminicidio.
A María de la Luz le inquieta el panorama en la capital mexicana. Primero, porque en la Ciudad de México este delito se intensifica, pero la autoridad no investiga las muertes violentas como feminicidios, ni siquiera a los asesinatos domésticos. Dice que son «venganza» y hasta ahí. Se repite el patrón del Estado de México. Segundo, porque aunque la capital cuenta con un protocolo en caso de feminicidio, los funcionarios invisibilizan la intervención de la delincuencia común y organizada. «Efectúan una campaña que afirma que la violencia es doméstica», indica, «y eso no está claro».
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) entregó al OCNF una estadística que indica que, de enero de 2015 a junio de 2016, se cometieron 116 homicidios dolosos de mujeres (la mayoría de 18 a 60 años) y 85 se investigaron como feminicidios, pero no precisa quiénes fueron los agresores.
«El protocolo, creado en 2012, cuenta con un comité de evaluación en el que participamos. Ni así nos dan detalles», acusa, y agrega que el gobierno de la ciudad también minimiza la desaparición de mujeres:
«Exponemos el tema al procurador y resta importancia. Hay un protocolo de búsqueda del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), pero con un enorme vacío. La ciudad es lugar de consumo de drogas, de tráfico de menores de edad. Mujeres continúan en la trata. Aquí opera el crimen organizado».
De enero de 2015 a junio de 2016, la procuraduría reportó 1,744 mujeres extraviadas. No utiliza el término «desaparición». Fueron localizadas 1,122. Quedan pendientes 622.
Cuando el Observatorio indaga los detalles de cada caso, la autoridad responde: «se fueron por ahí». «¿Por qué se ‘extravían’ tanto? ¿Las encuentran vivas?», interroga María de la Luz, «la desaparición por la comercialización de los cuerpos, por el tema de drogas, cuesta la vida de muchas. Exigimos una base de datos. ¿Y las 622 restantes?»
II.
La aterradora noche se fue enseguida y la tía de Abigail, Guadalupe, convocó al amanecer a la policía del pueblo. Uno de los acusados, Clemente, permanecía presente. Los otros arbitraban en canchas del pueblo y, el domingo por la mañana, sólo Iván acudió al trabajo. Araceli, Guadalupe y otros familiares lo buscaron.
Juan, primo de Clemente, considerado por Araceli el principal responsable del asesinato de su hija, desapareció ese día. Más tarde, Araceli se enteró de que el criminal llegó a su casa con el rostro rasguñado, manchado de sangre en labios y ropa. Afirmó a su mamá que había discutido con su novia.
Abigail tenía uñas largas y, cuando su cuerpo fue hallado, estaban rotas, ensangrentadas. Las rodillas desechas, el cuello quebrado.
Vecinos reportaron el hallazgo de un cuerpo en el terreno baldío y familiares lo reconocieron. Guadalupe recibió una llamada de su hijo: «¿están con ellos? No los dejen ir, Abigail está muerta».
Clemente e Iván fueron arrestados. La policía los remitió a la Coordinación Territorial de Tlalpan, fiscalía de la delegación. Araceli se trasladó al lugar.
Guadalupe fue al terreno y observó condones tirados alrededor de Abigail. Su hijo, de lejos, fotografió. Ya estaban ahí los peritos. Levantaron el cuerpo. También se llevaron los preservativos, se percató Guadalupe. El dictamen no registró esa evidencia.
Basurizar sus cuerpos
El protocolo de la Ciudad de México es contundente: el asesinato de una mujer es considerado feminicidio cuando presenta alguna de estas características: signos de agresión sexual, antecedentes de violencia, lesiones infamantes. Se agrava si existía un vínculo de confianza, sentimental o laboral, entre víctima y agresor.
«Si encuentras un cuerpo desnudo, con lesiones en zonas vitales, la saña es evidente, ¿por qué tantas puñaladas? Los criminales basurizan los cuerpos, los desfiguran. Pasa todo el tiempo en la ciudad», imputa María de la Luz.
La autoridad no acredita esa violencia extrema aunque los casos se dispararon en los invernaderos de Xochimilco, donde en los últimos meses fueron halladas unas siete mujeres asesinadas, con fuertes signos de tortura y agresiones sexuales. Y el problema mayúsculo se repite: no se investigan como feminicidios.
En la capital existe la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios y, dentro de su estructura, la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del delito de Homicidio Doloso en agravio de Mujeres, con sede en Azcapotzalco. Pero, en general, investigan los casos las fiscalía desconcentradas de la procuraduría, ubicadas en las delegaciones.
«Hay cuestiones gravísimas. Muchas veces, las desconcentradas pierden material probatorio. Eso afecta las investigaciones», reprocha María de la Luz. Hay un patrón: «en el mejor de los casos, omisiones y negligencias, pero en otros preocupa que pudiera haber incluso colusión»:
Las necropsias deben efectuarse en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), dependiente del Poder Judicial, «pero la procuraduría arma los dictámenes antes. Limpian los cadáveres y no lo reconoce. Cuando el cuerpo entra al instituto, se pierde evidencia».
«Quieren ocultar», concluye, «no investigan porque eso reduce la estadística. Hay recursos, pero excesiva corrupción en los MP. Se solapan cuando pierden pruebas. Capacitamos, pero las investigaciones son porquería. Los asesinos siguen libres, matan a otras».
III.
Morena, alta, delgada, sonriente. Así era Mayra Abigail Guerrero Mondragón. En San Miguel Ajusco, vivía con su mamá y hermana en una casa modesta. Cuando la asesinaron, estaba por recibir título y cédula profesional en gastronomía, y estudiaba derecho en una universidad en la delegación Cuauhtémoc.
«Todo desapareció esa noche», llora Araceli en un local céntrico. Dos causas provocaron su muerte: asfixia por estrangulamiento y traumatismo craneoencefálico, derivado de los severos golpes que recibió.
Lo impensable: los acusados fueron liberados al mediodía del lunes. Apenas había pasado un día, el cuerpo de Abigail permanecía en el Incifo, pero ellos ya transitaban las calles.
Araceli y Guadalupe ignoran qué pasó en el interrogatorio. Preguntaron al fiscal de Tlalpan por qué liberaron a ese par de asesinos. «Vayan a preguntar al otro MP, nosotros no sabemos», respondió. «No nos involucren», dijeron en la agencia vecina.
«Fuimos de un lado para otro», recuerda Araceli, «después, los fiscales de Homicidios y el de Tlalpan nos informaron que las leyes cambiaron. Los liberaron porque no tenían las pruebas genéticas para determinar su culpabilidad, aunque sabían que era un feminicidio con tortura. ¿Qué otra prueba querían, además del cuerpo de mi hija?»
Clemente e Iván se fugaron del pueblo. Sus familias afirman que ellos no son asesinos.
«Pasan los meses. Dimos tiempo, pero la autoridad sigue en lo mismo. Callan», increpa Araceli. «Urge que los encuentren, esto se va a repetir».
La ciudad, igual que el Edomex hace diez años
El Observatorio se confronta con las autoridades capitalinas: Inmujeres, Secretaría de Gobierno, PGJ. «Denunciamos las irregularidades en las investigaciones y que los asesinatos van más allá de lo doméstico», indica María de la Luz.
La organización solicitó que se investiguen las zonas norte (Gustavo A. Madero) y oriente (Iztapalapa) de la ciudad que colindan con los municipios del Estado de México: Ecatepec, Tlalnepantla, Texcoco, Chalco y Nezahualcóyotl, donde el pasado 9 de junio el conductor de una combi de la ruta 40 violó y asesinó a Valeria.
«Ahí está el crimen», argumenta Estrada, «las chavas del Estado de México vienen a la capital a trabajar y de aquí se las llevan. Si no se atiende, el problema crecerá como en esa entidad, donde, si se hubiera decretado a tiempo la alerta de género, no habría tantas desapariciones».
«¿Puede compararse el panorama del feminicidio de hace diez años del estado con el de hoy en la ciudad?», pregunto.
«Sí, porque aquí ya se vislumbra que matan y desaparecen a las mujeres».
Esta violencia no es aislada, resalta, «no hay que ignorar las zonas cercanas al Estado de México, colindante con Guerrero y Michoacán, donde violencia y delincuencia organizada son tremendas. Trafican a las mujeres. El análisis de contexto funciona para entender la situación y no decir que una mujer ‘se extravió’. Si la autoridad de la ciudad sigue culpando a la víctima y no acepta que no sólo las asesinan sus parejas, pronto tendremos un contexto terrible. La actitud nos obliga a solicitar la alerta de género. Hoy, las mujeres están en mayor riesgo».
IV.
Araceli escuchó a las autoridades de Tlalpan afirmar que si los condones no se notificaron en el dictamen, «no existieron». Pero una perito especial revisó con lupa las fotografías que tomó el hijo de Guadalupe. Comprobó su presencia: eran tres.
«El fiscal insinuó que yo mentía», indica Guadalupe, quien acompaña a Araceli en la charla, «desde el inicio, la policía de Tlalpan hizo un pésimo trabajo».
Las dos hermanas se movilizaron. Se entrevistaron con Patricia Mercado, titular de la Secretaría de Gobierno, y con el Inmujeres, donde les recomendaron buscar asesoría en el Observatorio, organización que las acompaña legalmente.
El caso pasó a la Fiscalía de Homicidios, donde dicen que la investigación va lenta. Con el personal del área especializada en feminicidios nunca se entrevistaron. Mientras tanto, los asesinos desaparecieron del pueblo.
«Alguna vez escuché la palabra feminicidio, pero no le daba importancia. Parecía algo muy lejano», comparte Araceli.
Araceli exige la investigación rigurosa que se le negó a Abigail: «nosotros entregamos a los asesinos, la autoridad los dejó libres. ¿Ya violaron y asesinaron a otras mujeres? Sí. Hay que ver la saña con que mataron a Abigail».
Altar a Lesvy Berlín en el lugar dónde fue encontrado su cuerpo, en la mañana del miércoles 3 de mayo, en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Foto por Ernesto Álvarez.
Lesvy
I.
Las obras literarias preferidas de Lesvy Berlín Osorio Martínez eran El Principito y Mujercitas. Leía sobre cosmovisión prehispánica y libros de corte infantil, especialmente los de Anthony Browne. Era políglota y coleccionaba diccionarios en diversas lenguas. Tenía pendiente leer Mujeres que caminan con lobos.
La última vez que se vieron, su mamá, Aracely, le preparó pasta. Esa noche durmieron juntas. Antes de retirarse de la casa de Aracely, la joven de 22 años dejó una última nota en el tocador: «Mamá, te amo inmensamente cuando preparas pasta».
Horas después, la madrugada del 3 de mayo, Lesvy fue asesinada y hallada en los jardines aledaños al Instituto de Ingeniería, en Ciudad Universitaria. El cuerpo estaba «atado a una caseta de teléfono público», detalló la UNAM.
La noticia cimbró a la ciudad. La alarma se activó en la universidad y no era la primera vez. El 6 de septiembre de 2010, Adriana Morlett, estudiante de la Facultad de Arquitectura, desapareció después de asistir a la Biblioteca Central. Al siguiente diciembre algunos de sus restos óseos fueron encontrados en Tlalpan. Antes asesinaron a Areli Osorno y a Cristel Estebalí. Entonces, el delito de feminicidio no estaba tipificado.
Más de un mes después del asesinato de Lesvy, su mamá comparte que, en compañía de la abogada que lleva el caso, Sayuri Herrera, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, acudió el pasado 30 de mayo al área de feminicidios de la Fiscalía de Homicidios, en Azcapotzalco. Solicitó acceso a la carpeta de investigación y una copia.
Las citaron más tarde, pero sólo le entregaron una reproducción del segundo volumen. «Queremos también el primer tomo y lo que se sume. Debemos constatar que se haya seguido el protocolo», demanda Aracely.
La madre entregó el documento a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la dependencia que emitió una queja después de que la PGJ-CDMX publicara los mensajes en Twitter, reproducidos en medios y portales, que revictimizaron a Lesvy y justificaron su muerte: «estuvieron alcoholizándose y drogándose», «ya no estudiaba desde 2014, dejó sus clases en CCH Sur, debía materias».
Ciudad de México «juarizada»
Tarde o temprano pasaría. No es extraño que la capital presente extremos violentos que antes caracterizaban a otros estados: la Ciudad de México se juarizó, dejó de ser un oasis.
Esa es la conclusión de Mariana Berlanga, investigadora de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Estudia el feminicidio desde los casos en Ciudad Juárez y expone que «el tema es multifactorial. La estructura económica influye en la violencia de género: las mujeres son la mano de obra más explotada y, por otro lado, el conservadurismo y misoginia subsisten. Por eso son importantes las protestas. Visibilizar».
Berlanga, coordinadora del diplomado en Estudios feministas desde América Latina, contextualiza: «con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, la violencia, no sólo de género, proliferó. Las instituciones colapsaron: hay 120 mil ejecutados, 27 mil desaparecidos. El crimen decide».
«¿En qué momento la ciudad se juarizó?», cuestiono.
«Cuando el gobierno dejó de gobernar», responde, «como dejó claro con el caso Ayotzinapa. Eso incidió en la capital y el punto de inflexión fueron los cinco asesinatos en la Narvarte. El mensaje fue claro: ya no estás a salvo en la ciudad».
Hace una década, el feminicidio se veía algo lejano a la capital, «y ahora está aquí. Las mamás de Juárez dijeron que al rato iban a matar a todo mundo. Denunciaron redes de trata y las llamaron exageradas. Era lógico: la violencia tiende a aumentar».
El caso de Lesvy dejó un aviso: se rompió la frontera, «estamos desbordados. Cualquier mujer puede ser asesinada y se repiten las reacciones de hace 20 años en Juárez, o en el Estado de México: criminalizar a la víctima, decir que algo hizo para merecer ser asesinada. Esto ya es parte de nuestra realidad».
Berlanga finaliza: «donde hay un feminicidio, quedan una familia y comunidad rotas. Dispara todas las violencias. Las mujeres son las víctimas directas pero toda la sociedad termina quebrada».
Mapa del feminicidio
A María Salguero no cesan de buscarla los medios. No es para menos: esta mujer de 38 años es ingeniera geofísica por el Politécnico, pasó de las manifestaciones en las avenidas de la capital a la creación de un mapa interactivo en Google que documenta los feminicidios en México.
Desde su cuenta en Twitter, @PrincesaBathory, se dedica al activismo desde hace tiempo y, en 2013, ella y otros tuiteros trabajaron un mapa de desaparecidos: «En 2015, veía demasiadas notas de feminicidios. Hacía falta una buena base de datos. Hacer visibles a las víctimas, nombrarlas», relata.
Dio el primer paso en enero de 2016, con ayuda de sus conocimientos en matemáticas, una computadora Acer y la información de la prensa en internet. El Gráfico se convirtió en una de sus fuentes de cabecera.
Configuró la función de alertas de Google con etiquetas como: «feminicidio», «mujer asesinada», «mujer descuartizada». El buscador notifica nuevos casos y María actualiza el mapa. Las cruces en círculos rojos representan los casos de 2016, las moradas las de 2017. Al dar clic, del lado izquierdo se despliega la información del feminicidio.
Por ejemplo: rangos de edad, escenario del crimen, el vínculo de la víctima con el asesino y si éste fue aprehendido o es prófugo. El mapa documenta que el año pasado se cometieron 2,010 feminicidios en el país.
Salguero se basa en el Modelo de Protocolo de investigación de ONU Mujeres, que define feminicidio como «la muerte violenta de mujeres por razones de género, que tenga lugar dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión».
La semana en que Lesvy fue asesinada, indica María, se cometieron otros cuatro feminicidios en Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y Álvaro Obregón.
«En 2016, cuento 104 casos en la ciudad, y esto prueba que la procu maquilla las cifras», acusa, «debe activarse la alerta de género. Hay descuartizadas, enmaletadas, calcinadas. Es un horror».
El mapa contradice a la PGJ
En México son asesinadas siete mujeres cada día, de acuerdo con el OCNF y la ONU, y la entidad más peligrosa para ellas es el Estado de México, con 933 feminicidios y 4,281 desapariciones de 2005 a 2014, la mayoría jóvenes menores de edad, indica la cifra oficial de la procuraduría de la entidad. La dependencia registró 504 asesinatos de enero de 2014 a septiembre de 2015, pero no informa cuáles fueron catalogados como feminicidios.
Estos datos no reflejan una totalidad, pues son los casos denunciados por familiares y la autoridad no siempre clasifica como feminicidio.
Los encabezados de 2017 en la prensa muestran que la Ciudad de México va por el mismo rumbo: «Lisa desapareció mientras paseaba a su perro», «Contrata asesino para matar a su esposa» (ambos casos de Benito Juárez), «Pilar salió de casa sin llevarse nada; sospechan de joven» (Iztapalapa), «Asesinó a su madre y ocultó el cuerpo durante una semana» (Coyoacán), «Hallan dos muertas en Tláhuac».
El mapa de Salguero revela números que contradicen a la PGJ-CDMX, instancia que entregó a VICE México una estadística que informa que en 2015 y 2016 se iniciaron, respectivamente, 56 y 46 averiguaciones por feminicidio. En 2016, Salguero documentó 58 más: 104 en total, un promedio de ocho o nueve cada mes.
De enero a abril de 2017, la procuraduría cuenta 14. La activista registró 50, hasta el 19 de junio.
La dependencia señala que de julio de 2011, cuando se tipificó el delito en la ciudad, a abril de 2017, se sentenciaron 77 personas.
Del mapa de Salguero se desprende que la mayoría de las víctimas tenía edades entre los 18 y 59 años. El 23 por ciento no se identificó. Hay más mujeres baleadas o asfixiadas y sus cuerpos fueron encontrados en la vía pública, casas o vehículos. Casi todas eran de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Xochimilco o Álvaro Obregón. La identidad del feminicida se desconoce en 53 por ciento de los casos y el 61 por ciento está prófugo. Sólo una persona recibió sentencia.
El hombre que descuartizó a una joven en Tlatelolco fue condenado a 50 años de cárcel por el delito de homicidio, aunque se tratara de un evidente feminicidio. Casos así activan las sospechas de activistas y organizaciones como el Observatorio del Feminicidio.
Los datos de la procuraduría en poder de esta organización notifican que del 27 de julio de 2011 al 30 de abril de 2016, se contaron 258 feminicidios. El Universal informó que, a diciembre pasado, la cifra ascendió a 291. Las jóvenes de 18 a 30 años son las principales víctimas, con mayor número de casos en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.
Mapa y cifras oficiales coinciden en las delegaciones donde ocurren el mayor número de asesinatos.
II.
Aracely se enteró de los tuits que justificaron la muerte de Lesvy el 8 de mayo, cuatro días después de su publicación. Cuando le informaron que el cuerpo hallado en CU pertenecía a su hija, los días se fueron en trámites.
«Algunas notas dijeron que se dieron a conocer datos de la vida privada de Lesvy. Y no: no era información personal. No habla de quién era ella. Es el dicho de una persona. Y encima publicaron su nombre y edad», imputa Aracely.
La madre exige una reparación integral del daño: «se violaron derechos humanos. ¿Cuántos casos necesitamos para que funcionarios entiendan que no deben estigmatizar a la víctima?»
Aracely y sus familiares tienen algunos aliados. El Centro Vitoria los acompaña integralmente en el caso. Se reúnen con el Observatorio del Feminicidio y el grupo expertas en violencia de género de la UNAM que surgió para apoyar el desarrollo de la investigación.
María de la Luz Estrada, del Observatorio, denuncia que la procuraduría inició la investigación del asesinato como homicidio. «Cuestionamos al procurador», indica, «le hicimos ver que mienten cuando dicen que toda muerte violenta se inicia como feminicidio. Esta es prueba. No aplicaron el protocolo, el cual exhorta a resguardar a la mujer. Filtraron información de un testimonio, su pareja».
Estrada se pregunta si, de nuevo, las autoridades dejarán de lado las razones de género: «dicen que fue estrangulada, y eso es muy recurrente en los feminicidios. Se debe de investigar el contexto: si vivía violencia en la pareja, si operaban bandas en la zona. Eso genera una hipótesis de investigación».
«No hay cifra negra»: Procuraduría
El fiscal de Homicidios de la PGJ-CDMX, Marco Enrique Reyes Peña, asegura en entrevista que las cifras determinan que los feminicidios disminuyeron en 2016.
«El número es dudoso. Aunque los asesinatos presentan características de feminicidios, no los están catalogando así», contradigo.
«Todas las muertes de mujeres se investigan aplicando el protocolo. No hay cifra negra», dice.
«Mamás y organizaciones reprochan que no se sigue el protocolo. Hay pocas sentencias», continúo.
«Estamos al pendiente de que se aplique».
«Pero eso no pasa».
«Eso es lo que tú comentas, lo que tú piensas», refuta el fiscal.
«Lo dicen los casos, el de Abigail, por ejemplo».
«Tendría que revisar», ataja.
Cuando pregunto qué significa que existan más casos en delegaciones colindantes con el Estado de México e incluso en el corazón de la ciudad, la Cuauhtémoc, Reyes replica: «ahí hay más población».
«Es el mismo pretexto del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien niega la presencia del crimen organizado en esa entidad».
Objeta: «algo es claro, muchos de los responsables eran parejas y exparejas».
«La pérdida de evidencia se reproduce en la Ciudad de México», comento.
«No existe un parangón entre ambas entidades, no».
Días después charlo con Teresa Inchaústegui, titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Sostiene: «este problema es sistémico. Lo hemos reconocido y no quiero hacer ninguna defensa de un sistema y sociedad donde los hombres matan a las mujeres».
Vuelvo a lo mismo: la capital repite el patrón del estado: no investigan como feminicidio. Dice: «hay fallas que no se han terminado de afinar. No defiendo lo indefendible. El contagio de zonas no espera, se da en el mismo periodo donde en un punto vecino se presenta la violencia contra las mujeres».
Karen
I.
«El asesino de tu hija está en prisión, pero esto apenas comienza. Si no eres fuerte, no habrá justicia». Guadalupe Guchi escuchó la advertencia del Observatorio del Feminicidio: enterrar a Karen no sería lo más difícil.
Karen estudiaba Ciencia de la Comunicación en la UNAM. Conocía a Mario de años atrás. Alguna vez salieron pero decidió sólo ser su amiga.
El lunes 11 de junio de 2012, antes de las diez de la noche, Mario llegó a su casa, en Azcapotzalco. Charlaron afuera. Pasaron unas horas y ella no regresó a la vivienda. La familia la buscó en las calles. No estaba. Buscaron a Mario y él negó haberla visto. Guadalupe sabía que ese joven de 22 años mentía.
Buscó ayuda en el Juzgado 9 de la México-Tacuba, en Miguel Hidalgo. «Su hija se fue con el novio». Guchi suplicó que interrogaran a Mario. «¿Le consta que él la vio por última vez?»
Cuando el MP lanzó esa pregunta, la joven ya había sido golpeada y asfixiada en el hotel Clavería, en Azcapotzalco.
Horas después, por la mañana, Guadalupe regresó al juzgado. La enviaron a levantar la denuncia a la Fiscalía Anti Secuestros. La familia solicitó a la empresa de telefonía móvil el historial de la línea de Karen e identificó las varias llamadas de Mario del día anterior.
La fiscalía afirmó: «señora, su hija se fue, comprenda, vaya a CAPEA». Guadalupe enloqueció. «Usted acusa a una persona inocente, la vamos a arrestar», amenazaron.
«Solo quiero que se le investigue», rogó la mujer. «Ya, tómenle la declaración».
La policía buscó a Mario. Lo encontraron en la academia de baile donde laboraba. Primero negó haber visto a Karen, después lo aceptó y alegó que ella se fue a casa. Eso bastó para que la policía dijera que él «estaba limpio».
Un comandante llamó a Guadalupe a las 12 de la noche: «hay noticias, una buena y una mala». La primera, Karen había aparecido. La segunda, muerta por asfixia. Las cámaras revelaron que ingresaron al hotel después de las diez. Menos de una hora después, Mario abandonó el lugar.
«Bueno, sí la maté», confesó, «pero saldré de la cárcel en 15 años». Declaró que Karen era su «amante» y la procuraduría lanzó un comunicado con esa versión.
Guchi denuncia: «hasta hoy, los jueces y ministerios públicos asumen como cierto todo lo que dice Mario. En su última versión prácticamente Karen le pidió que la matara».
Puedes asesinarlas
En la Ciudad de México, hay otro problema: el Poder Judicial local.
«Los criterios de los jueces son terribles», indica Rodolfo Manuel Domínguez, abogado del OCNF y asesor jurídico en algunos casos, «lo hemos documentado una y otra vez en feminicidios y sobrevivientes. Invisibilizan la violencia.
«En algunos casos, se logra que se investigue como feminicidio. Pero cuando llega al Poder Judicial, se reclasifica. Es homicidio, dicen los jueces. No hay perspectiva de género».
El magistrado puede negar un feminicidio por el arma empleada. Un cuchillo, por ejemplo. No toma en cuenta las agresiones sexuales. Sólo resalta el objeto, lo que no muestra la violencia de género: justo lo que castiga el feminicidio.
«Sucedió en el caso de Karen», testifica el abogado, «los funcionarios asumen que fue su culpa que la violaran y mataran. Los denominadores son maltrato a la víctima, negligencia, investigaciones sin perspectiva. Sucede en toda la cadena: MP, peritos, policía judicial investigadora, jueces.
«En casos de mujeres sobrevivientes, los agresores son condenados a ocho años. Consideran que no las querían matar, aunque fueran golpeadas y violadas. La situación se agrava en la ciudad. Se olvidan de que la impunidad manda un mensaje de permiso».
A Mario, el asesino de Karen, lo sentenciaron a 35 años por homicidio calificado, pero no es suficiente, señala, pues «se invisibilizó la violencia previa». Tras agotar los recursos jurídicos para atacar el fallo, solicitaron la intervención de la Suprema Corte. El máximo tribual atrajo el caso.
II.
Cuando trasladaron a Mario al Reclusorio Oriente, el Observatorio del Feminicidio buscó a Guadalupe Guchi para respaldarla moral y legalmente. El protocolo dice que la agencia especializada debe tomar el caso. Anti Secuestros ignoró el procedimiento. El asesinato no fue catalogado como feminicidio.
Karen fue agredida hasta morir, pero el entonces titular del Juzgado 52 del reclusorio negó violencia en el crimen, aunque el peritaje independiente demostró una grave lesión en el cráneo. El juez desechó esa información.
«Nunca tomaron en cuenta las razones de género», cuenta Guadalupe, «varias veces solicité careo. Mario no quiso. La autoridad me decía: ‘¿para qué quiere eso si ya sabe que la mató? Le encanta hacernos trabajar'».
Denunció ante los medios las fallas de la procuraduría y el juzgado amenazó con arrestarla. Después aprendió a defenderse: «no entendía esa insensibilidad de abogados y forenses. Esperaba en la banquita, pero supe que tenía derecho a estar en las audiencias. Es pesado: ver a Mario, lidiar con el juez… Me citaban a las nueve. Estaba ahí todo el día. Querían cansarme. No lo lograron».
En junio de 2013, Mario recibió sentencia. El Juzgado 52 tenía facultades para reclasificar el crimen como feminicidio, y no lo hizo. El secretario de acuerdos le dijo a Guchi: «el juez dictó la media para no pelear con ninguna parte».
Guchi y el abogado del Observatorio apelaron ante la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. «Habían sido violados mis derechos porque el juez no aceptó las pruebas sobre lesiones infamantes, sólo dijo: ‘nosotros no vemos esto, lo del feminicidio fue apenas en 2011′».
Se reabrió el caso. Otro año de proceso, con un resultado idéntico. Mario apeló la sentencia en 2015 ante un colegiado. Dice que se declaró culpable por amenazas. Antes afirmó que cometió el crimen por culpa de «un estado emocional violento». El juez, señala Guchi, le da credibilidad.
«Ha sido un proceso muy largo y cansado. Uno de mis hijos sigue yendo al psicólogo. Otro quiso suicidarse. Nada de eso es relevante para las autoridades».
https://www.vice.com/es_mx/article/43y5gm/cualquier-mujer-puede-ser-asesinada-en-la-cdmx-se-disparan-los-feminicidios-en-la-capital
