En medio del debate en el país por la despenalización del aborto y luego del resonante caso de la violación de una niña en Salta, que obligó al gobernador Juan Manuel Urtubey a adherir al protocolo nacional que avala la interrupción del embarazo, comenzaron a tomar trascendencia otros hechos similares en otras jurisdicciones por los que se reclama también una guía de actuación, conforme a las disposiciones de la Corte.
Uno de estos episodios ocurrió en Mendoza en los últimos días: se trata del abuso y embarazo de una niña de 11 años por parte de su padrastro, con la complicidad de la mamá. De todas maneras, la menor, quien quedó al cuidado de su abuela, tomó la decisión de continuar con la gestación, avalada por los derechos que la asisten. Sin embargo, ante este aberrante hecho, son cada vez más las voces que le reclaman al gobernador Alfredo Cornejo la inmediata aplicación del protocolo de aborto ante hechos de estas características, a tono con lo dispuesto por la Corte Suprema en el 2012.
Vale aclarar que en tierra cuyana aún no teniendo el protocolo, está la posibilidad de acudir a la Justicia, que suele responder con celeridad ante este tipo de episodios límites para que el aborto se concrete en algún hospital público. En estos casos de vejaciones el Código Penal en su artículo 86, prevé el aborto no punible. No sólo se produjo violación de la niña, sino que también se trata de una menor que no tendría la madurez sexual para dar su consentimiento. En agosto del año pasado, se conoció de una caso similar de una nena de 10 años, que cursaba el octavo mes de gestación, aunque se determinó la continuidad del embarazo.
Sin embargo, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, ratificó la postura judicial ante este tipo de casos. «En caso de violación, la ley exime de pena y justifica la posibilidad de interrumpir el embarazo. En algún hospital público se concreta la práctica, más allá de la discusión por el protocolo», indicó en diálogo con LA NACION.
En los últimos meses, las autoridades sanitarias provinciales han preferido esperar al avance de las discusión en el Congreso y los cambios al Código Penal antes que dejar establecido por ley la adhesión al protocolo, poniendo sobre la mesa la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. De ahí, que se convoquen a nuevas marchas, como ocurre este lunes con un «pañuelazo», para que Mendoza deje establecido el procedimiento y nadie pueda negarse a practicarlo, que termina siendo el principal obstáculo.
A comienzos de año, la ministra de Salud mendocina, Elisabeth Crescitelli, aseguró que la provincia no tiene como prioritario la adhesión al protocolo, ni confeccionar una guía propia, sino que se esperará a lo que decidan los legisladores nacionales con el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. «El protocolo no es el centro del problema. Resolvemos los problemas del hospital público dentro de lo que es legal», fueron las palabras de la funcionaria.
Lo que sí queda en claro en el reciente abuso de la menor mendocina es que se evaluó inmediatamente acceder por vía legal a la posibilidad del aborto, pero tras ser analizada y consultada por un equipo de profesionales del OAL (Órgano Administrativo Local para problemáticas de niñez), la pequeña y su familia tomaron la determinación de esperar a que nazca el bebé.
En diálogo con LA NACION, el reconocido abogado penalista Ramiro Villalba, autoridad del Colegio de Abogados de Mendoza, quien explicó la importancia que hoy se le da a la postura del menor. «La niña tiene derecho hasta de un abogado, en Mendoza está el Abogado del Niño. Los chicos también son sujetos de derecho. Debe intervenir la Justicia y decidir, pero prevalece el deseo de la niña, máxime si la abuela la apoya», indicó el letrado.
La nena fue abusada en el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco y cursa el cuarto mes de embarazo. Por el hecho, que fue denunciado por una maestra de la pequeña, quedó detenido su padrastro y su mamá. En tanto, la niña y sus hermanitos quedaron bajo el cuidado de su abuela, en la comuna de Junín, en el este provincial.
«He recibido en la escuela una familia con cinco niños que están a cargo de su abuelita porque su mama está presa, porque la nena de 11 años que va a sexto grado ha sido violada por el novio de la mamá y en este momento está con un embarazo de cuatro meses», explica la directora de una escuela de Junín en el audio difundido, donde pide la colaboración a las docentes con cuadernos, útiles y ropa para el grupo de hermanos, remarcando el grado de vulnerabilidad de la familia.
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