Mérida, Yuc. Los 25 diputados del Congreso del estado aprobaron por unanimidad, sancionar con seis meses a cinco años de prisión a quienes incurran en el delito de la porno-venganza, el “sexting” y la divulgación de material erótico y sexual, ya sea con o sin el consentimiento de las otras personas afectadas.
De tal forma, Yucatán se convirtió en la primera entidad en tipificar como delito la porno-venganza y a partir del 1 de agosto de este año, quien divulgue o amenace con difundir imágenes eróticas, sexuales o pornográficas será castigado con cárcel.
En sesión plenaria, diputados integrantes de las cinco fuerzas políticas –PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza– de la LXI Legislatura aprobaron por unanimidad las modificaciones al Código Penal local y que ubican al Estado como referente nacional al legislar sobre el tema.
Los diputados manifestaron que “habrá un plazo considerable para difundir el tema, porque hay que aclarar que no se está sancionando la conducta de tomarse fotos entre parejas, que se conoce como sexting; se está penalizando que sin permiso de una de las partes, esas imágenes, videos o sonidos, sean compartidos, incluida la amenaza de ejecutar esta mala práctica”.
Las sanciones para quien cometa este delito serán de uno a cinco años de prisión a quien revele, publique, difunda o exhiba contenido erótico, sexual o pornográfico obtenido con el consentimiento de otra persona, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio.
También se penalizará de seis meses a cuatro años de prisión a quien coaccione, hostigue o exija a otra persona, con la amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento contenido erótico que previamente le haya sido proporcionado y en caso de ser menores de edad los afectados, la pena aumentará hasta en una mitad.
En la sesión estuvo presente Ana Baquedano Celorio, activista de la defensa de las víctimas de este delito y testigo vivo de las consecuencias del sexting y la porno-venganza, acompañada de jóvenes voluntarios del programa Escudo Yucatán (medida gubernamental para la seguridad de la población).
Cindy Santos Ramayo, diputada de Nueva Alianza, señaló que este dictamen será un parteaguas en México, gracias al trabajo conjunto y voluntario que permitirá a las víctimas el acceso a la justicia y marca un mensaje claro a los agresores. “Cualquier persona en este Estado que amenace, coaccione, extorsione o vulnere la intimidad de otro, la conozca o no, no será justificado y tendrá una pena”, dijo.
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