A Marta, originaria de Temozón, al oriente de Yucatán, la violó un hombre de su comunidad. Había sido diagnosticada con epilepsia y esquizofrenia. Intentó suicidarse dos veces cuando supo que estaba embarazada. Con seis semanas y media de embarazo acudió al hospital para realizarse un aborto legal, pero le dijeron que sólo podían hacerlo si un juez lo autorizaba.
Ciudad de México, 28 de abril (Aborto Yucatán/SinEmbargo).– Marta, originaria de Temozón, al oriente de Yucatán, tenía 31 años cuando un hombre de esa misma comunidad la violó. La mujer, quien había sido diagnosticada con epilepsia y esquizofrenia, intentó suicidarse dos veces cuando supo que estaba embarazada.
Con seis semanas y media de embarazo acudió al Hospital O’Horán para realizarse un aborto legal, pero le dijeron que sólo podían hacerlo si un juez lo autorizaba, de acuerdo con un informe de GIRE.
Apoyada por GIRE, UNASSE, los Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva y la abogada Amelia Ojeda Sosa, y con fundamento en lo establecido en el Código Penal estatal, en la Ley General de Víctimas y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, solicitó a la Secretaria de Salud el acceso a los servicios de interrupción del embarazo y finalmente la dependencia realizó el procedimiento a principios de julio de 2015.
Como se ha mencionado, la NOM 046 establece que los médicos tienen la obligación de interrumpir el embarazo en víctimas de violación si así lo desean.
“Si tienes 12 años, puedes ir sin permiso de tus padres, esto tiene infartados a la derecha y a la iglesia, pero si tu quieres puedes continuar el embarazo independientemente de la opinión de tus papás. Esto es porque se dan casos en los que obligan a una niña a interrumpir ya que muchas veces la violación sucede dentro de la familia y no quieren que se sepa”, explicó la activista Adelaida Salas Salazar.
Agregó que estos casos “destruyen la vida de la mujer”, pues en ocasiones las víctimas no reciben atención psicológica, aunque tengan derecho a ella.
“La FGE tiene cientos de carpetas de niñas que han ido a denunciar violación, cientos de niñas que se han enfrentado a la burocracia. Por eso sólo 40 de cada 100 violaciones se denuncia, lo ideal es que se persiga de oficio”, opinó.
El Código Penal local establece en los Artículos 312 y 315 que la violación y la violación equiparada son delitos graves que se persiguen de oficio. Sin embargo, los casos entre cónyuges y concubinos sólo se persigue por querella, de acuerdo con el Artículo 314.
Al preguntarle al ginecólogo y activista, Víctor Pinto Brito su postura sobre el aborto legal en casos de violación, teniendo en cuenta que ha habido años (2011 y 2013) que en Yucatán se denuncia uno de esos delitos al día según datos de la Fiscalía, contestó que “no es lo mismo decir una violación por día a un embarazo” por cada violación.
El médico destacó que ese argumento “es una falsedad que utilizan los grupos pro-abortistas de exagerar las cifras de embarazo por violación”.
De acuerdo con el ginecólogo, hay muchas causas médicas que impiden que una mujer se embarace por violación: “el hecho de que sólo sean fértiles algunos días al mes […], el estado de estrés en que se encuentra por el ataque […], y que los violadores tienen problemas de tipo sexual que en un momento dado los hace infértiles”. Sin embargo, en caso de que llegara a suceder, también está en contra del aborto.
Para ejemplificar su postura, el doctor mencionó el caso “emblemático” de una niña de 11 años en Argentina que fue violada por un vecino de 60 años. El agresor la amenazó para que no dijera nada y fue hasta que tenía 24 semanas de gestación que acudió con su madre al médico.
La menor solicitó el aborto, pero los grupos próvida presionaron mediática mente para que “esperara” un mes más y el bebé fuera dado en adopción.
Al final, no se interrumpió el embarazo como había decidido la menor, sino que le hicieron una cesárea intentando salvar “las dos vidas”. La bebé, que fue bautizada por los mismos próvida como “Esperanza”, falleció a los pocos días de la operación.
Actualmente el Gobernador Juan Manzur, así como funcionarios de salud y de justicia de Tucumán, Argentina, tienen denuncias por incumplimiento del deber.
La niña acaba de concluir el sexto grado de primaria. “¿Cuál era la razón para hacerle una cesárea? ¿Qué le costaba esperar 20 días más? Le destrozaron la vida al bebé”, expresó Pinto Brito en entrevista.
Por su parte, Mariana Schroeder comentó: “Imagínate que un papá viola a su niña y la lleva a hacerse un aborto legal. ¿Cuándo se dará cuenta la mamá, que se debería dar cuenta, pero cuándo se va a dar cuenta la mamá que el papá está violando a la hija si no hay una pancita que delate?” (sic).
El ginecólogo afirmó que una mujer adulta tiene el mismo riesgo en un parto que cualquier niña de entre 8 y 15 años. “Si tú te llegaras a embarazar, tienes los mismos riesgos. Si le hubieran hecho un aborto ¿tenía riesgo o no? Es la falsedad de las abortistas”, agregó.
La opinión del también presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán se opone a lo estipulado en el informe “Embarazo en la adolescencia”, emitido en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Dicho documento indica que “la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. En países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo 50% superior al de bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé”.
Incluso los recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer con sus riesgos a largo plazo.
EMBARAZO ADOLESCENTE
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), respalda estos datos y denuncia que el embarazo adolescente es un problema social, de salud pública y de falta de atención en el ejercicio de derechos, ya que “se asocia a niveles de mortalidad materna más elevados que en mujeres mayores, así como a una alta prevalencia de abortos en condiciones inseguras”.
También subraya que “se puede asumir” que la mayoría de los embarazos en estas edades son producto de violencia sexual.
Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte a nivel mundial entre las adolescentes de 15 y 19 años de acuerdo con la OMS.
México ocupa el primer lugar en cifras de embarazo adolescente en los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Yucatán se encuentra en el octavo puesto a nivel nacional.
En el 2017, en México, casi 10 mil bebés nacieron de madres de 10 a 14 años de edad y 380 mil 341 entre 15 y 19 años, algunas de ellas víctimas de agresión sexual y violación.
El 70 por ciento de los niños que nacen vivos de madres de 10 a 14 años, tienen un padre de entre 18 y 78 años, fuerte indicio del abuso sexual sistémico que sufren miles de menores en México. Estas cifras fueron reveladas por el entonces secretario de Salud, José Narro Robles, basándose en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En Yucatán, del 2009 al 2018 dieron a luz 4 mil 150 menores de 15 años en centros de salud del Gobierno del Estado: 389 en el 2009, 685 en el 2010, 378 en el 2011, 374 en el 2012, 592 en el 2013, 478 en el 2014, 441 en el 2015, 378 en el 2016, 260 en el 2017 y 175 el año pasado.
Los municipios con mayor número de casos son Mérida, Valladolid, Umán, Kantunil, Ticul, Tizimín, Kanasín, Yaxcabá y Progreso.
Asimismo, 69 mil 647 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres en el mismo periodo: 6 mil 595 en el 2009, 7 mil 313 en el 2010, 7 mil 612 en el 2011, 7 mil 65 en el 2012, 7 mil 898 en el 2013, 8 mil 900 en el 2014, 8 mil 633 en el 2015, 7 mil 175 en el 2016, 5 mil 110 en el 2017 y 3 mil 346 en el 2018.
En Mérida, Ticul, Valladolid, Peto, Kanasín y Progreso se registró el mayor número de incidencias. La Secretaría de Salud declaró “inexistente” la información correspondiente al 2019.
A pesar de que en la mayoría de los casos de embarazo adolescente los progenitores son mayores de edad, el estigma, la violencia, el riesgo y la manutención del producto, recae en las jóvenes. Una tercera parte de las madres en México son madres solteras, el 53 por ciento de ellas sólo tiene la secundaria o ningún nivel educativo y el 67.5% no recibe pensión alimenticia del padre, de acuerdo con el INEGI.
Por otra parte, en Yucatán del 2009 al 2018 se recibieron alrededor de 2 mil 726 denuncias por violación sexual, de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado a través de solicitudes de transparencia.
La cifra es una aproximación, ya que en una primera solicitud la dependencia declaró que fueron 214 las demandas interpuestas en el 2017, mientras que en la segunda señalaron que fueron 170. Aunque se le pidió, la FGE no proporcionó los datos desagregados por sexo, ni municipio, ni por edad.
De igual forma se interpusieron 4 mil 502 denuncias por abuso sexual en la entidad del 2009 al 2018.
De acuerdo con la investigadora Ligia Vera Gamboa, solo una de cada cuatro violaciones se denuncia.
La mayoría de las veces los agresores son gente conocida o cercana a la víctima; y a los servicios de salud llegan víctimas de violación de todos los estratos sociales, desde los 12 a los 40 años. También han llegado niños de dos a 10 años, informó la jefa del Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud local, Geny Beatriz Sánchez Fernández.
La funcionaria comunicó que cuando las víctimas de una violación llegan a los servicios de salud estatales, el personal sigue la NOM 046. Añadió que en el 2017 se realizaron las primeras interrupciones voluntarias de embarazo y en su mayoría se empleó el misoprostol.
También afirmó que “100 por ciento” de quienes han solicitado la interrupción la han obtenido. Hasta ahora solo dos mujeres adultas jóvenes de la ciudad de Mérida no quisieron interrumpir su embarazo tras una violación: una en el 2017 y la segunda en el 2018, comunicó.
Admitió que “hay mujeres que no llegan” a los servicios de salud, pero agregó que eso no lo puede controlar la Secretaría de Salud. “Tenemos medicamentos de profilaxis para prevención de VIH en todo el estado, en el 90 por ciento de los municipios. Sin embargo, las mujeres no llegan a tiempo”, expresó.
Describió que cuando las mujeres acaban de ser agredidas se encuentran en “shock”: no quieren que las toquen, no quieren ver hombres, gritan y sienten culpa. En ocasiones las víctimas no quieren denunciar y tampoco quieren que el personal médico notifique a la FGE, tal y como marca la NOM 046.
“Les explicamos que tenemos que notificar a la Fiscalía, pero la gran mayoría no quiere que esto se realice, es impresionante. Generalmente porque [los agresores] son parientes o porque no quieren que nadie se entere”, agregó.
Afirmó que no tiene conocimiento de casos en los cuales el personal médico haya intentado convencer a la paciente de no abortar, pero indicó que, si esto se reportara, se hablaría con el personal y se le aplicaría una sanción.
