Las cifras oficiales registraron 3 mil 654 casos por el delito de violación en México el año pasado, sin embargo, se estima que el número de víctimas sería mucho mayor; en Guerrero, donde la hija de Araceli fue violada, las autoridades reportan sólo un caso de violación durante todo el 2018.
Araceli Ruiz Velasco clama justicia para su hija de 17 años, quien fue drogada con una bebida Gatorade, privada de la libertad y violada por uno de sus tíos en Iguala, Guerrero, en diciembre pasado. La víctima logró escapar, tomó un taxi a casa y denunció; sin embargo, el agresor solo fue juzgado por “tocamientos”. Aunque la familia aseguró que presentaron pruebas y peritajes que acreditaban la violación, el juez se negó a reclasificar el delito y dejó en libertad al atacante: sólo impuso como sanción el pago de 25 mil pesos más la firma periódica del abusador.
“El ataque por sí mismo es desgarrador: él [violador] destruyó el círculo familiar y dejó marcada a mi hija, pero más dolorosa es la injusticia”, expresó la señora Araceli en entrevista con SinEmbargo. “Nos han negado la justicia […] porque teniendo suficientes pruebas no pasó absolutamente nada, y este hombre no metió ninguna prueba, nada, y con eso prácticamente ganó el juicio”.
Araceli contó que el 7 de diciembre de 2018 su primo hermano, al que identificó como Osiris Aníbal “N”, pasó por la menor de edad a su entrenamiento de artes marciales, la invitó a una reunión y le ofreció un Gatorade. Ella perdió el conocimiento tras ingerir la bebida y fue llevada a una vivienda en el centro de la ciudad.
“En esa casa prácticamente no vive nadie, está sola, pero él [Osiris] tiene llaves”, explicó la denunciante.
La familia se alarmó cuando la jovencita no llegó después del entrenamiento e inició con la búsqueda. Llamaron a amigos, parientes y acudió al gimnasio. “Mi hija estuvo desaparecida, yo pedía ayuda para encontrarla. En ese momento no podía creer lo que vivía, era una pesadilla para mí”.
Las investigaciones arrojaron que “un familiar” había pasado por la menor al gimnasio: “Hay testigos que vieron que se subió a la camioneta de él”.
Osiris, primo hermano de Araceli, participó en la búsqueda de la joven:
“Este tipo cínicamente estuvo con nosotros en todo momento disque ayudando a buscar a mi hija, cuando él la tenía privada de la libertad en su casa. Él supuestamente nos ayudaba, pero lo que hacía era desviarnos de la búsqueda, nos decía ‘¿qué tal si tu hija se fue con el novio, mientras tú estás aquí llorando tu hija está en una fiesta con el novio?’”, recordó la madre.
Siete horas después la jovencita llegó a su casa en un taxi: estaba desorientada, traía moretones, mordidas y no podía hablar.
El taxista que la llevó –relató la madre– dijo el lugar exacto donde la recogió y describió que la observó tambaleante, que durante el trayecto pasaron por el Seguro Social, le preguntó si quería que la revisaran y ella le contestó: “no, tengo miedo, me escapé, lléveme a mi casa”.
“Me aterra pensar qué pudo haber pasado con mi hija sino hubiera escapado, porque él no la liberó, ella escapó”, añadió la madre.
LA DENUNCIA
La familia al ver a la chica agredida, de inmediato la llevó al hospital y realizaron las denuncias correspondientes.
La denuncia inicial fue interpuesta solo como abuso sexual agravado porque las autoridades no quisieron levantarla también por privación ilegal de la libertad porque debían transcurrir 24 horas en cautiverio para configurar el delito, contó la madre.
“Les explicamos todo el problema, cómo pasó, le dijimos que fue lesionada, -no sabíamos en ese momento que fue violada-, le dijimos que fue privada de la libertad, y el MP nos decía: ‘no lo podemos registrar por privación de la libertad porque mínimo tienen que pasar 24 horas’. Varios abogados nos han dicho que eso no es verdad, aquí no se cuenta el tiempo, así haya sido media hora una hora. Pedimos que se incluyera el secuestro, por tampoco porque no se pidió algo económico”, narró la madre.
Araceli explicó que en ese momento confiaron en las autoridades porque desconocían el procedimiento “nosotros llegamos a algo desconocido, pensábamos que nos iban a ayudar porque mi hija fue agredida, pero no fue así”.
La madre comentó que al inicio las autoridades no actuaron y hasta después de dos meses de los hechos catearon la casa. En el interior de la vivienda encontraron un bucal de la joven, que usa para las artes marciales, y una liga para el cabello. Posteriormente, se hicieron periciales en genética, mismas que concluyeron que ese bucal sí correspondía a la menor. Otro peritaje ginecológico concluyó que ella tuvo penetración, es decir, que fue violada.
EL PROCESO PENAL
“Estoy cansada de tanta injusticia e impunidad, mi hermana menor lamentablemente, como en muchos casos, fue víctima de una violación […] ” escribió la hermana mayor de la víctima en sus redes sociales el 10 de abril, un día después de que un juez resolvió que solo impondría una sanción de 25 mil pesos como acuerdo reparatorio.
La primera audiencia contra el acusado se realizó el 8 de enero de 2019 y el peritaje en su casa se hizo hasta el 5 de febrero.
El acusado jamás fue detenido durante el proceso. La familia de la víctima recabó pruebas y peritajes para acreditar la privación de la libertad y la violación. Presentó exámenes psicológicos, peritajes ginecológicos que avalaban que había penetración violenta y presentaron mapas de rastreo del celular de la joven.
La parte afectaba buscaba la reclasificación del delito, pero se les fue negada en una audiencia realizada el 10 de abril.
La defensa del imputado solo presentó un estudio psicológico que señala que supuestamente él no es una persona violenta, es todo lo que presentó.
“El juez nos dijo que eso era otro asunto. Desechó pruebas y peritajes de la violación. Él juez nos dijo que ‘aquí venimos por abuso, por tocamientos, aquí en esta audiencia y eso es lo que vamos a decidir’, y casi le ordenó al MP que iniciara otra carpeta de investigación, pero eso es ilegal porque una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito y hecho. Si nosotros vamos al MP ni nos van a recibir porque eso no se puede hacer. Yo no sé por qué el juez dijo eso en ese momento, todo está grabado”, acusó la madre.
El juez sólo juzgó como abuso sexual simple y no agravado, pues tampoco aceptó las actas de nacimiento para acreditar el parentesco de la joven con el imputado.
De haber sido juzgado por abuso sexual agravado la penalidad sería, según explicó la mujer con base a la medida aritmética entre la pena mayor y la menor, seis años con tres meses.
En caso de que sí se hubiese preclasificado por violación la pena mínima por ese delito es de ocho años en prisión.
El juez suspendió el proceso a juicio y dictó una medida alternativa, pues estableció como sanción el pago de 25 mil pesos y que el imputado debe de ir a firmar periódicamente durante seis años, pues solo lo acusó por “tocamientos” y tomó en cuenta que el imputado no tiene historial reincidente.
El pago no fue fianza, ese fue por un acuerdo reparatorio, sin embargo, Araceli aclaró que por parte de la víctima ellos no querían dicho acuerdo.
“El acuerdo reparatorio tenemos que aceptar las partes por eso es un acuerdo. Fue ilegal lo que el juez hizo porque no nos tomó en cuenta a las víctimas. Yo fui muy clara en todas las audiencias con el juez, yo dije que yo no buscaba dinero, yo busco justicia”.
Araceli dijo que para ella la justicia es llegar a la verdad de los hechos y que cada quien sea castigado conforme a sus actos.
En México, durante el 2018 se reportan 3 mil 654 casos por el delito de violación, 78 más (2.8 por ciento) que los registrados a nivel nacional durante el 2017. En enero y febrero van al menos 530 denuncias por este delito.
Sin embargo, se estima el número de víctimas sería mucho mayor, es decir, que existe una alta cifra negra: en Guerrero, donde la hija de Araceli fue violada, se reportó en todo 2018 un caso de violación. Campeche, Nayarit y Tlaxcala, igual solo reportan un caso. Morelos no reporta ni una sola denuncia.
Las entidades con mayor número de denuncias por violación en 2018 fueron la Ciudad de México con un total de 113 casos; Nuevo León, 58; Estado de México, 51; Chihuahua, 42, y Baja California con 39.
