Bety Maldonado vendía droga en la puerta de su casa. Llevaba seis meses en eso cuando la detuvieron. Llegaron alrededor de 150 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), rodearon la privada familiar donde estaba su vivienda y detuvieron a 22 personas, entre familiares y hasta vecinos.
Era marzo de 2010. Le dieron seis años de prisión. Primero la llevaron a Santa Martha Acatitla. Pero el expresidente Felipe Calderón había iniciado su guerra contra las drogas, y quienes estaban presos por delitos contra la salud debían estar en un penal federal.
A Bety la trasladaron a las Islas Marías, en octubre de 2011. “Ahí, los agentes de la Policía Federal se encargaron de hacerme saber que valía menos que una piedra, eso me decían, que yo era una delincuente, por eso no podía atreverme ni a mirarlos a la cara. A su paso, las internas teníamos que agachar la cabeza”.
Del año que estuvo allá –antes de lograr que se hiciera efectivo uno de los varios amparos que interpuso para poder volver a Santa Martha– lo más duro fue no ver a su familia. Solo podía llamarles por teléfono una vez cada quince días. Y eso solo si se portaba bien y no acumulaba tres puntos malos.
En las Islas Marías, bastaba con tardarse cinco minutos más al ducharse o presentarse con el pelo y la ropa mojada al desayuno para ganarse esos puntos, no importaba que las internas debieran disputar el baño con otras 40 compañeras. Bety se esmeraba en cumplir con todas las reglas para tener permiso de hacer la llamada, porque para ella, su familia es lo primero.
Lo fue cuando decidió vender droga. Su esposo era adicto y había acumulado una deuda con un grupo delictivo. Llegaron a buscarlo hasta su casa para cobrarle, pero no lo encontraron, se había escondido en un tinaco. Encontraron solo a Bety, a su hija y a su nieta de tres años.
A la menor la sujetaron y la encañonaron. Les dijeron que si no pagaban la deuda, la familia iba a “valer madre”.
“No dudamos que cumplirían, en esa época, en el barrio (en Azcapotzalco) por todos lados se sabía de muertos, de ajustes de cuentas”, dice Bety.
Con el trabajo que tenía por las tardes en la bodega de una empresa de mochilas, donde acomodaba el producto, y lo que sacaba del puesto de tacos que atendía en la mañana, Bety no podía pagar la cantidad que exigían los delincuentes. Decidió ponerse a vender droga. “Fui a los dos días a buscarlos y les dije que yo pagaría”.
Ya había logrado saldar la mitad de la deuda cuando los de la AFI llegaron a detenerla. “Fue un operativo enorme, como si yo hubiera sido un gran narcotraficante y así también me castigaron, lo de las Islas Marías fue un exceso, eso casi me mata, había momentos en los que ya solo buscaba algo con que colgarme”.
A Bety le preocupaba alguien en especial. “Me desesperaba mucho no estar con mi hijo menor, tenía 15 años cuando me detuvieron, como también se llevaron a su papá, que además era adicto, se quedó solo. Mi hijo quería estudiar leyes, pero ya no pudo. Tuvo que trabajar y cuidarse”.
Cuando se castiga con prisión el tráfico de drogas, dice Bety, “no se está castigando solo un delito, se está castigando la pobreza, la ignorancia, la falta de oportunidades. Y también se castiga a la familia, la mayoría de las mujeres encarceladas somos los pilares de ese núcleo”.
Ana Pecova, directora de la organización de la sociedad civil Equis Justicia para las Mujeres, explica que cuando se puso en marcha la guerra contra las drogas, en el sexenio de Calderón, se detenía a personas con poca droga y les imponían castigos ejemplares, como enviar a las mujeres a las Islas Marías.
“Era un intento de mandar el mensaje de que no se iban a tolerar esos delitos. Pero no fueron los grandes capos los que acabaron en la cárcel, las prisiones se llenaron de mujeres que trabajaban, por necesidad o amenaza, en los eslabones bajos de las redes delictivas”.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Equis Justicia para las Mujeres han documentado que en México hay 3 mil 18 mujeres encarceladas o bajo proceso penal por delitos contra la salud. 2 mil 777 de ellas están en prisiones locales y 241 en federales. En los últimos dos años ha crecido 103.3% el número de mujeres que han ingresado a prisión en el fuero común por delitos contra la salud.
Las mujeres acusadas que se involucran en estos delitos, por lo general son pobres, con poca educación y únicas responsables de sus hijos e hijas.
Algunas de las actividades que realizan son: el traslado de estupefacientes; la siembra, la cosecha y/o el cultivo de amapola o marihuana; el empaque de sustancias ilegales para su traslado y el resguardo de drogas en sus hogares.
En su mayoría, estas mujeres fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Solo el 1.3% fueron arrestadas con orden de detención por parte del Ejército. Las autoridades federales, en especial la Marina, utilizaron fuerza física y armas de fuego para someterlas.
Pecova sostiene que habría que preguntarse, ¿de qué sirve tener a estas mujeres en la cárcel? “No son un peligro, están por delitos no violentos, y los grupos del crimen organizado las reemplazan fácil, su encarcelamiento no afecta la operación del narcotráfico. Solo las exponen a más violaciones a sus derechos, además causan un impacto negativo en sus familias y se gastan impuestos por tenerlas en la cárcel”.
La otra falla del Estado
Abigail Sánchez tenía ocho días de nacida cuando su madre la dejó con su abuela. Vivían en una casa de madera y cartón. Casi no fue a la escuela. Para ella un hot dog era un pan con salsa. Conoció las pizzas solo porque su vecina le dejaba las orillas que no quería comerse, y que le aventaba desde la azotea para que ella tuviera que levantarlas del piso si las quería.
A la pobreza se sumaban los golpes frecuentes de la abuela. Abi sufrió abuso sexual en su adolescencia y vivió en la calle por algunos periodos. Después se fue a vivir con un hombre. Pero su condición económica no mejoró, él le daba 100 pesos a la semana para que resolviera los gastos de ella y tres hijos. No había para lujos ni para pizzas.
También en esa época a las carencias se sumaron los golpes. La pareja de Abi empezó a maltratarla. Ella se defendía cuando podía y en un par de ocasiones hasta lo amenazó con un cuchillo. Se separaron, pero el hombre convenció a los hijos de que se fueran con él, a vivir con su abuela paterna, dueña de una pequeña tienda de abarrotes. Abigail se quedó sola y sin dinero. Se unió con otro hombre, que tampoco ganaba mucho en su empleo de albañil.
Abi buscó trabajos, pero siempre tuvo un sueldo bajo. Se hartó. Su propia hermana le ofreció “trabajar” introduciendo droga en los penales. Estuvo en eso casi un año. “Con lo que ganaba pude ir a comer a un restaurante, comprarme ropa, golosinas, tener alguien que me hiciera la limpieza, todo eso que para algunos es algo tan fácil, pero para mí no. Hasta que me aprendieron y acabé en Santa Martha”. Era abril de 2013.
Estuvo cinco años en prisión. Salió apenas hace un año ocho meses. Mientras ella estuvo en la cárcel, al hombre con el que vivía cuando empezó a introducir droga a los penales también lo detuvieron, lo acusaron de secuestro.
En las visitas que le hacía a la cárcel, se hizo amigo de la pareja de otra reclusa. “El hombre le pidió que le rentara un cuarto donde nosotros vivíamos y mi esposo le dijo que sí, como yo no estaba y él pasaba muchos días con mi cuñada, esa persona usó el cuarto para meter ahí a un muchacho al que secuestró”.
La policía llegó un día a la casa y al esposo lo involucraron en el secuestro. Durante su estancia en prisión, falleció, supuestamente de peritonitis, “yo estoy segura que lo patearon en el estómago hasta matarlo”, dice Abi.
Con su esposo muerto, y sin poder acercarse a sus hijos, porque su anterior pareja no se lo permitía, Abigail salió de la cárcel sin tener ningún familiar a quien recurrir. “Quien me ofreció su casa para quedarme fue una maestra de danza que conocí aquí en el penal, me tuvo ahí ocho meses sin cobrarme un peso. Si tengo trabajo es porque dos excompañeras de Santa Martha me consiguieron empleo para hacer limpieza en una casa”. Mujeres llegan al narcotráfico por pobreza y salen de la cárcel más vulnerables.
Eso es el otro problema, las mujeres salen de prisión con una condición mucho más vulnerable de aquella con la que ingresaron. “Las mujeres nos quedamos muy solas en la cárcel. De cada diez sentenciadas, un tercio no recibe visita nunca. El mismo porcentaje sale sin tener a dónde ir. Las sacan a mitad de la noche, sin un peso y sin nadie que las espere”, asegura Natacha Lopvet, fundadora de la Red de Justicieras, una organización que se creó como un espacio de convivencia y apoyo entre exreclusas.
Es la otra falla del Estado para con las mujeres en prisión. “Para nosotras no hay casas de medio camino, por ejemplo, en varios casos son las excompañeras las que te están esperando afuera y ven a dónde llevarte, en la red hacemos eso, porque sabemos que muchas no tienen ni siquiera a donde ir”.
La amnistía de AMLO
La iniciativa de Ley de Amnistía que presentó Andrés Manuel López Obrador beneficiará a las mujeres que estén en prisión por poseer, transportar, vender, cultivar o introducir al país narcóticos, siempre que no hayan cometido delitos de sangre o con violencia, y que no sean reincidentes.
“Pero hay varias que lo son (hasta un 8% de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, ENPOL 2016). Hay usuarias de drogas que tuvieron un contacto previo con el sistema de justicia pero las dejaron ir, reincidieron y acaban de entrar en la cárcel, ellas no califican para la amnistía”, explica Pecova.
Además, señala la activista, la parte de reinserción está ausente de esta iniciativa de ley. “No solo es la cuestión de sacarlas de la cárcel, necesitan acompañamiento para que no reincidan, para tratar su adicción si son usuarias. Si eso no está, la ley queda como una solución rápida, como un parche, pero no será efectiva ni duradera”.
Tanto Pecova como Lopvet hacen énfasis en la necesidad de una política pública que acompañe a las mujeres cuando dejan la prisión. “Salen incluso sin sus documentos, tardan meses en recuperar su INE, cómo van entonces a rentar un cuarto, a encontrar un trabajo, a recuperar a sus hijos si es que han perdido la custodia, si no tienen ni los papeles básicos”, pregunta Pecova.
Frente a esta problemática es que WOLA y Equis Justicia lanzaron la campaña #LiberarlasEsJusticia El contexto es la única diferencia, en la que le hacen tres propuestas al Estado mexicano:
1. Establecer un mecanismo legal para la liberación de las mujeres que están encarceladas y que han sido víctimas de la política de drogas, muchas de cuales están en situación de vulnerabilidad. La propuesta es que salgan todas.
2. Implementar estrategias integrales de reinserción social, para que las mujeres tengan más opciones de vida.
3. Transitar a políticas de drogas integrales, que prioricen la salud pública y los derechos humanos de las mujeres.
