Una jueza había permitido que el presunto responsable siguiera su proceso en libertad, pero tras un recurso de apelación se le dictó prisión preventiva y fue declarado prófugo de la justicia, ya que se desconoce su ubicación.
A cinco meses de la denuncia por abuso sexual en contra de una niña de 7 años por parte de su maestro Juan N., en el estado de Hidalgo, se realizaron dos audiencias para la revisión del caso y el juez determinó vincularlo e imponer prisión preventiva, pero el imputado no se presentó por lo que fue declarado como prófugo.
En julio pasado, el presunto responsable había sido detenido y enfrentó dos audiencias, pero la jueza del Tercer Circuito de Tula, Xóchitl Rodríguez Camacho, decidió no vincularlo a proceso en una de las causas penales y, en la otra, determinó que el imputado podía seguir el proceso en libertad.
Esto pese a que existía un dictamen psicológico que acreditaba el abuso sexual en contra de la pequeña que presentaba “estado emocional alterado en relación con los hechos que se investiga, caracterizado por miedo, angustia, ansiedad, temor, sentimientos de inadecuación ya que carece de defensas psicológicas por su edad para hacer frente a la invasión a su cuerpo, lo que genera alteración psicosexual. Se siente insegura, tensa, bajo presión y amenazas”.
Los abogados defensores del imputado alegaron que la niña no había podido dar las fechas exactas de los presuntos abusos por lo que existían “contradicciones”. Y la agente del Ministerio Público encargada del caso, como defensora de oficio de la víctima, Guadalupe Hernández, no aportó los elementos para lograr que dicho argumento fuera desestimado.
Después de que la jueza Rodríguez Camacho determinó dejar en libertad al acusado, la abogada Hernández interpuso un recurso de apelación el 7 de agosto pasado.
Animal Político publicó este caso el 26 de agosto, y hasta entonces Mónica, la madre de la pequeña a quien se le cambió el nombre por seguridad no había tenido respuesta de ninguna autoridad para que revisaran el caso.
Hasta septiembre, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo dio entrada al recurso de apelación y determinó realizar otra audiencia para revisar si la decisión de la jueza Xóchitl Rodríguez de dejar en libertad al imputado fue correcta.
La magistrada Ariadna Martínez Austria, titular de la Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal, determinó el 13 de septiembre “revocar la no vinculación a proceso” decretada por la jueza Xóchitl Rodríguez en la causa penal 151/2019, por lo que Juan N. fue vinculado a proceso, es decir, debe continuar el desahogo de pruebas en el proceso penal.
En tanto, en la causa penal 133/2019, aunque sí había sido vinculado a proceso la jueza determinó que el imputado fuera liberado; la magistrada Martínez Austria resolvió imponer la medida de “prisión preventiva justificada” en contra del imputado.
Con esta resolución, se desarrolló una audiencia el 10 de septiembre, pero el imputado no se presentó y sus abogados argumentaron que estaba enfermo, por lo que se aplazó hasta el 18 de septiembre.
En ésta última audiencia, el imputado Juan N. tampoco se presentó, por lo que el juez penal de Control en el Tercer Circuito Judicial de Tula, David Antonio Trejo, lo declaró prófugo, pues ya no se encuentra en el domicilio que registró.
Por lo tanto, ahora corresponde a la policía de investigación “avocarse a la localización de detención del profesor y además de allegarse de toda la información necesaria y debe girar un oficio de colaboración a las demás procuradurías del país para que ayuden a la búsqueda y detención”, asegura en entrevista el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, Alejandro Habbib Nicolás, quien está en contacto con la Fiscalía para observar los avances al respecto.
La madre espera que logren capturarlo porque asegura que se atrevió a denunciar para evitar que el maestro “dañe a ninguna otra niña, para que nadie más pase por lo que estamos pasando. Sólo pido justicia”, dice en entrevista.
Respecto a la jueza Xóchitl Rodríguez, Animal Político preguntó al Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo si existía algún procedimiento en su contra por haber dejado en libertad al imputado, lo que permitió su fuga, pero no lo informó por tratarse de “de datos reservados de una causa”, según respondió el área de prensa.
Buscan reclasificar el delito a violación.
Después de la denuncia, la pequeña niña de 7 años ha sido tratada por una psicóloga del DIF en Tula, Hidalgo, pero las citas habían sido programadas cada mes. Hasta este septiembre, se determinó que reciba atención una hora por semana.
Esto debido a que el caso está siendo revisado y que la niña está sufriendo episodios de delirios de persecución después de que, por segunda vez, autoridades de la SEP en Hidalgo acudieron a la escuela a interrogar a los pequeños sobre los abusos.
Entraron a la escuela sin autorización de los padres, y en cuanto Mónica se enteró acudió para tratar de impedirlo, pero el director le dijo que “eran las máximas autoridades” y podían interrogar a los niños. Con esa advertencia, la madre firmó la autorización para que ya “no la volvieran a interrogar. Yo sólo quería que acabara eso”, dijo.
Sin embargo, a partir de entonces la situación de la pequeña se ha agravado. Regresó al nuevo ciclo escolar en la misma escuela y hay días en que no puede terminar la jornada por los episodios de llanto. Asegura ver al maestro dentro de la escuela, asegura su madre.
También porque en las últimas semanas ha recordado más detalles respecto a los abusos y, por tanto, ha sido sometida a revisiones físicas, pues el Ministerio Público busca reclasificar el delito de abuso sexual a violación equiparada.
La reclasificación dependerá, dice el presidente de la Comisión, Alejandro Habbib Nicolás, de los resultados de los análisis, quien también abrió la queja número CDHEH-TA-0415-19 para determinar las posibles violaciones a derechos humanos que las autoridades hayan cometido en contra de la víctima.
La psicóloga de la pequeña recomendó que la niña fuera cambiada de escuela aunque eso implicará más complicaciones para Mónica, porque sólo cuenta con los 500 pesos semanales que su esposo le envía para mantenerse ella y sus dos hijos, y el actual plantel no le regresaría los 800 pesos de la cuota de inscripción, además de que tendrá que gastar en otros uniformes en una nueva escuela y en pasajes porque tendría que llevarla a otro municipio.
