El Gobierno de López Obrador trata de aplicar medidas para erradicar la alarmante violencia de género que sufre el país
Ciudad Juárez ha experimentado un aumento del 9% de los asesinatos de mujeres en lo que va de año debido a la enorme impunidad
El ‘walkie-talkie’ de Anayeli Pacheco arde en llamadas como el inclemente sol en Ciudad Juárez, en la desértica frontera entre Chihuahua y Texas. Su patrulla atiende la última emergencia. Una adolescente de 15 años tiembla con dos rasguños en su cuello. Su novio de 17 años ha tratado de estrangularla, pero no quiere denunciarlo porque asegura que es algo “común”. Nueve mujeres son asesinadas a diario en México, según la ONU.
“Tenemos que explicarles que están pasando por un delito, que necesitan atención psicológica o salir de ese problema. Nos encargamos de empoderarlas”, señala la joven agente. Ella también fue agredida por su pareja y eso la motivó a ingresar en la Unidad Especializada en casos de Violencia Doméstica, de la policía de Ciudad Juárez, la urbe mexicana con mayor índice de feminicidios: 109 asesinatos de mujeres hasta agosto de este año, un 36,2% más respecto al año anterior. Pacheco recibe unas 15 llamados en un turno de ocho horas.
De los 129 asesinatos de mujeres el pasado año en esta ciudad, la Fiscalía solo consideró 30 como feminicidios. “En la mayoría de los casos se debe a ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico”, valora a El Periódico el secretario local de Seguridad Pública, Ricardo Real Vázquez. Esa revictimización provoca que tan solo se denuncien la mitad de esos homicidios en todo el país y cerca del 90% nunca obtienen sentencia, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Desconfianza
“La impunidad alimenta la violencia de género. Las mujeres ni siquiera denuncian porque desconfían de una Justicia inoperante”, reclama a este diario la directora de la asociación Sin Violencia, Elia Orrantia, quien abrió en Ciudad Juárez un refugio de máxima seguridad donde una docena de mujeres, junto a sus hijos, se esconden de sus maridos. Rosa –nombre ficticio– aguantó los maltratos de su esposo durante cuatro años hasta que intentó ahorcarla. “No tenía adónde escapar con mis tres hijos, por eso caí en esa espiral y lo perdonaba”. Como Rosa, muchas de las mujeres que llegan a esta ciudad fronteriza vienen solas y no cuentan con una red social de apoyo para huir de la violencia machista, considera Orrantia.
Ocho de cada 10 mexicanas tienen sensación de inseguridad. Hay motivos para ello: un 44% de las mujeres han sido violentadas por sus parejas. Se han registrado unas 60.000 denuncias por maltrato en los cuatro primeros meses de este año, un 4% más que el anterior. Los delitos sexuales crecieron un 17% en el primer semestre de este año, con más de 25.000 casos.
El abuso sexual subió un 30%. El acoso, más del 50%, especialmente en Ciudad de México, donde un 65% de ellas han sufrido hostigamiento sexual en el transporte público. Las alertas de género –mecanismo para proteger a mujeres– que se han activado recientemente en varios municipios mexicanos “han obtenido pocos resultados”, como destacaba la jefa del gobierno capitalino. Ese acoso generalizado se extiende además al ámbito laboral. Tres de cada 10 mujeres han vivido discriminación y violencia laboral en sus centros de trabajo.
Mayor equidad política, pero no laboral
Asimismo, la brecha salarial ronda el 20%, según la Organización Internacional del Trabajo. México ocupa el penúltimo lugar entre los países latinoamericanos en participación laboral femenina, con apenas seis de cada diez mujeres con empleo. Y tan solo un 2% de ellas ocupa un puesto en comités ejecutivos.
Pese a las desalentadoras cifras de desigualdad laboral, México ha logrado mejorar ligeramente sus índices de equidad de género gracias a los leves avances de acceso a la salud, educación y participación política, sobre todo este último año con la llegada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador que por primera vez creó un gabinete partidario e introdujo en su discurso la cuestión feminista.
“La nueva Administración ha dado señales esperanzadoras, pero otras preocupantes como sus alianzas con grupos conservadores o reducir presupuestos en servicios públicos importantes para las mujeres (estancias infantiles, refugios para víctimas de violencia)”, apunta Isabel Fulda, quien destaca el apoyo del partido gubernamental, Morena, en impulsar la despenalización del aborto.
Falta de derechos reproductivos
A finales de septiembre Oaxaca fue el segundo estado mexicano en aprobar esta práctica, después de que lo hiciese la Ciudad de México hace 12 años. “Es un logro histórico gracias a los grupos feministas cada vez más movilizados –asegura Fulda–. El aborto divide mucho. Los partidos tienen miedo de la influencia de la Iglesia católica. Se piensa que la sociedad mexicana es conservadora, pero se ha demostrado que la ley puede cambiar la opinión pública, cuando ya no se ve el aborto como un delito”.
El aborto clandestino es la cuarta causa de muerte materna, de 30 por cada mil nacidos vivos. Esta tasa casi se duplica en el caso de mujeres indígenas, reflejo del atraso en acceso a la salud y los derechos reproductivos para este grupo social. Poco más de la mitad de las mujeres campesinas o de comunidades originarias disponen de cobertura anticonceptiva, lo que dispara el embarazo adolescente en estas regiones donde la pobreza y derechos de la mujer van de la mano.
Los avances en esta materia todavía son lentos. México es el país desarrollado (miembro de la OCDE) con mayor índice de embarazos de adolescentes, un riesgo que se triplica entre las mujeres sin escolaridad. “Es un círculo vicioso. La mujer se embaraza y deja sus estudios, o deja sus estudios por la falta de oportunidades y se embaraza temprano. Y así se siguen reproduciendo las situaciones de vulnerabilidad”, afirma a este medio la socióloga de la UNAM, Esther Navarro, y concluye que “esa marginalidad expone más a la mujer a ser violentada”.
