Hace unos días leí una historia que me impactó de sobremanera. Se trata de una chica de 29 años, que cuando era pequeña tuvo un accidente, y desde entonces, vive con discapacidad física e intelectual. Con la esperanza de darle una vida digna, sus padres la inscribieron en un centro para personas con discapacidad. Veintiséis años después, esta mujer dio a luz a un niño, producto de un acto de violencia sexual contra ella. Lo que más me impresionó, es que nadie en el centro supo que alguien del personal la estaba abusando, no se enteraron ni de que estaba embarazada hasta el día en que el niño nació.
Al leer esta historia muchas preguntas vinieron a mi cabeza, ¿cómo es esto posible?, ¿cómo el centro no tiene control sobre sus empleados?, ¿cómo las personas que la atienden todos los días no se dieron cuenta?, ¿y los médicos que le hacen exámenes físicos?, ¿acaso el gobierno no regula cómo funcionan estás instituciones?
Las respuestas a todas estas preguntas no son fáciles. Esta realidad es tan cruel y persistente que el Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas señala que las mujeres y niñas con discapacidad viven en una situación de “catástrofe humanitaria global” con relación a la violencia que sufren, siendo cuatro veces más severa que la violencia que sufre la población en general.
A nivel global, las niñas y mujeres que viven con discapacidad se encuentran en una situación de mayor riesgo comparada con la de las demás mujeres. Este riesgo se explica porque en muchos casos, la discapacidad con la que viven las pone en una situación de dependencia de las personas que las asisten. Además, en la mayoría de los países, los servicios de atención y prevención de la violencia contra la mujer no están diseñados pensando en todos. La infraestructura no es adecuada y no existen protocolos para atenderlas, y peor aún, el personal que está encargado de recibir las denuncias no ha sido capacitado para escuchar y responder a sus testimonios o le resta credibilidad a los mismos.
¿Qué sucede en América Latina y el Caribe?
La verdad, no estamos muy seguros. Tener una idea del alcance del problema es crucial, pero en América Latina y el Caribe, solo Colombia ha recopilado una muestra de datos lo suficientemente grande como para calcular estimaciones confiables de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015 (ENDS) permite interrelacionar información sobre discapacidad y violencia contra la mujer.
La información de la ENDS Colombia confirma que las mujeres que viven con discapacidad sufren mayores tasas de prevalencia de violencia de todos los tipos (psicológica, física, sexual y económica) tanto de manos de sus parejas como de otras personas. Por ejemplo, mientras que 31 por ciento de mujeres viviendo sin discapacidad son sobrevivientes de violencia física perpetrada por sus parejas, el caso de las mujeres viviendo con algún tipo de discapacidad llega a 42 por ciento (11 puntos porcentuales de diferencia).
Si bien la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han ratificado la CDPD y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la mayoría de las leyes que protegen directa o indirectamente los derechos de las personas con discapacidad, solo unos pocos tienen leyes específicas que abordan integralmente la violencia contra las mujeres con discapacidad. La ley contra la violencia basada en género hacia las mujeres de Uruguay de 2018 se destaca en este aspecto, al incluir entre otras medidas, los derechos de las sobrevivientes de violencia a intérpretes y otras adaptaciones razonables para prevenir, atender y rehabilitar a las mujeres que han sido sujeto de violencia. Las recientes leyes de Perú y Colombia sobre la capacidad legal también son instrumentos importantes que se pueden implementar para promover la autonomía e independencia de las mujeres con discapacidad, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, debo decir que la región sí ha mostrado avances importantes en la formulación de políticas públicas para proteger los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad. El reto que queda pendiente es volcar esas políticas en planes de acción que vengan acompañados de presupuesto e indicadores de monitoreo para su efectiva implementación.
¿Cómo podemos avanzar?
- Recolectar información que permita hacer un diagnóstico acerca de la situación en que viven las niñas y mujeres con discapacidad en nuestra región en relación con la violencia contra la mujer.
- Diseñar e implementar políticas para la atención y prevención de la violencia contra la mujer con un enfoque de acceso universal, para que todos los aspectos de infraestructura y de provisión de servicios sean accesibles a todas las personas, o en su defecto hacer los ajustes razonables a la infraestructura y servicios que ya se brindan.
- Generar evidencia de lo que funciona para poder replicar experiencias de éxito
Además, la nueva publicación del BID, Somos Todos: Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe, ofrece una guía para fomentar la inclusión económica y social de las personas con discapacidad en la región. Esta guía resalta cómo el empoderamiento a través de la educación sexual y reproductiva, la capacidad legal y el acceso a los servicios son fundamentales para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad.
Es importante entender que algunas mujeres corren más riesgo a la violencia y que las soluciones que planteamos deben tomar en cuenta esos riesgos. La reciente publicación del BID, Violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad explica la situación en la región y posibles soluciones a esta epidemia. Necesitamos empezar a trabajar hoy, desde las distintas plataformas a las que tengamos acceso: sociedad civil, gobierno, organizaciones internacionales, sector privado, organizaciones sin fines de lucro u otras. ¡No podemos olvidarnos de la historia de la que hablé al inicio! Las niñas y mujeres que viven con discapacidad también merecen vivir una vida sin violencia.
