El robo de niños aumentó en México en los últimos años ante la indiferencia de las autoridades federales y estatales, denunciaron la Fundación de Niños Robados y la Red de Derechos por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Pero una nueva modalidad, cruel y despiadada con las mujeres, se concentra en jóvenes embarazadas a las que criminales matan para robarles a sus bebés. Ese modus operandi ya prendió las alertas entre defensores de derechos humanos que piden a los aparatos de justicia y a los gobiernos federal y estatales tomar acciones inmediatas.
El asesinato de mujeres embarazadas para la sustracción de sus hijos debe de combatirse y erradicarse antes que se convierta en un patrón criminal, porque si este modus operandi lo incorporan los cárteles será otra barbarie para el país, alertaron activistas y defensores de derechos humanos enfocados en temas de seguridad y de la niñez.
El reciente feminicidio de Mónica Segura Temich, una joven de 22 años de edad y con ocho meses de embarazo, volvió a poner en el ojo público y en la lupa de las organizaciones civiles este fenómeno que se detectó en el país desde hace al menos siete años, según los registros hemerográficos, y que implica la comisión de hasta tres hechos delictivos: feminicidio, robo de niños y adopción ilegal.
Aunque los grupos del crimen más poderosos del país aún no adoptan en sus operaciones esa forma de actuar, es claro que se trata de delincuencia organizada y las autoridades en México se han quedado cortas para atacarlo, plantean los especialistas.
Mónica Segura fue reportada como desaparecida el primer día de junio, luego de que salió de su casa para reunirse con una mujer que le donaría ropa de bebé. Su cuerpo fue encontrado el 27 de junio en una quinta ubicada en la colonia Jardines de la Silla, en el municipio de Juárez, Nuevo León.
Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P, y Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), recordaron que los asesinatos de mujeres embarazadas no son nuevos, se han presentado desde hace varios años, aunque las autoridades poco han avanzado en su combate.
“Este caso volvió a refrescar lo que ya habíamos denunciado: que pareciera que este perfil criminal (de matar a mujeres embarazadas) se está moviendo por varios estados del país”, dijo Juan Martín Pérez en entrevista con SinEmbargo.
La familia de Mónica, por ejemplo, sospecha que detrás del crimen contra la joven hay una banda; lo mismo dicen las evidencias que salieron a la luz pública. Otras mujeres reportaron a la prensa de Nuevo León que fueron contactadas durante su embarazo para ofrecerles ropa para ellas y sus hijos.
Los especialistas coincidieron que las mujeres con mayor grado de vulnerabilidad a estos delitos son las que se encuentran en condición de pobreza y generalmente viven en colonias populosas, en zonas rurales y, además, son muy jóvenes.
“Sobre todo es gente humilde o de escasos recursos, es un patrón que se ha venido viendo a lo largo de estos años”, reveló Guillermo Gutiérrez.
Juan Martín Pérez alertó que esta situación es grave porque podría tratarse de una nueva forma en que opera la delincuencia organizada: “creo que estamos viendo una nueva variante del crimen organizado que está teniendo en niños y mujeres embarazadas un blanco de ataque”.
Gutiérrez Romero expuso que –con base a la información pública y los casos que su organización atiende– se trata de pequeños grupos o parejas quienes cometen estos delitos, pero podrían estar vinculados a redes más grandes o tener contacto con organizaciones más sofisticadas que se dediquen a la venta de infantes.
“Hasta ahorita son pequeños grupos o parejas. Los bebés son vendidos a padres que quieren hacer una adopción ilegal o a otras organizaciones, pero el hecho que sean pequeñas células no quiere decir que ellos no puedan vender estos bebés a grupos más organizados. Habría que ver cuáles son los alcances de esta gente”, expresó.
Juan Martín Pérez consideró que hasta la fecha se podría tratar de una sola mafia territorial-temática con un modus operandi que lleva a varios estados.
Sin embargo, destacó que es necesario que las autoridades realicen las investigaciones y estudios correspondientes para determinar si se trata de una banda o de un patrón criminal, es decir, una práctica que se generaliza entre varios grupos.
“El asesinato de embarazadas tendría que alertar profundamente a los sistemas de inteligencia mexicanos, si es es que los hay, para evitar que esto se convierta en un patrón criminal, porque si esto lo incorporan los cárteles y el crimen organizado en el país va a ser una barbarie impresionante [..] Sería gravísimo que se convierta en un patrón porque eso significa que mujeres embarazadas están en gran riesgo”, dijo.
ROBO DE MENORES
El robo de niños ha incrementado en los últimos años ante la invisibilización e indiferencia de las autoridades, denunciaron la Fundación de Niños Robados y la Red de Derechos por los Derechos de la Infancia.
De las 62 mil personas desaparecidas en México, se estima que al menos 11 mil 72 son menores de edad, de acuerdo a las cifras oficiales presentadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hace seis meses y que aún no actualizan.
Tan sólo en un año, de diciembre de 2018 a diciembre 2019, al menos 2 mil 720 menores de edad fueron reportados como desaparecidos, de los cuales 1,713 fueron localizados y 1,007 aún no.
Activistas y defensores de la niñez lamentaron que en el país no haya una policía o unidad especializada en la búsqueda de niños robados.
“Es lamentable que en México no exista, como en otros países, una policía que se avoque a la investigación minuciosa de las denuncias por robo de niños”, dijo Guillermo Gutiérrez, presidente de la Fundación Niños Robados.
El activista señaló que debido a la falta de un órgano que se especialice en el tema, no hay información para dimensionar con exactitud el robo o sustracción de menores porque no hay cifras desglosadas.
Juan Martín Pérez explicó que la impunidad es lo que alimenta el incremento de desaparición y homicidios de niños, niñas y adolescentes.
“En los dos últimos años hemos pasado de 3.6 homicidios diarios de menores a siete homicidios diarios, y de cuatro desapariciones diarias a siete desapariciones diarias”, agregó.
El robo de niños coloca a los pequeños en un abanico muy amplio de delitos que van desde las adopciones irregulares hasta trata de personas con fines de explotación laboral y/o sexual.
El representante de la Red por los Derechos explicó que, de cada 10 niños robados de 0 a 4 años, 6 son varones. El robo de menores en este rango de edad es principalmente con fines adopción ilegal.
Gutiérrez Romero indicó que no hay una cifra estimada del valor de los bebés en el mercado negro. Detalló que en ocasiones, cuando los hurtaron en comunidades muy pobres y los responsables los venden directamente a parejas, el precio podría ser desde los 5 o 10 mil pesos, sin embargo, recordó que también pueden ser entregados a grupos criminales.
“El costo puede variar. Hay criminales que ofrecen estos niños a otro grupo delincuencial que ya tiene contactos para la compra-venta; hay otros más sofisticados en donde pueden sacar a los bebés del país. Pero también hay mexicanos y mexicanas que pueden hacer una adopción ilegal. Las cantidades fluctúan, puede ser desde 30 mil pesos hasta los miles de dólares si se trata de una red sofisticada”, explica.
TRATA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Ocho de cada 10 menores desaparecidos de 15 a 17 años son mujeres. La desaparición de las adolescente es – en la mayoría de los casos– para la trata con fines sexuales.
Los varones de 12 a 17 años que son robados, “son víctimas de exploración laboral de grupos criminales, cosecha o recolección de droga”, según explicaron los expertos.
Gutiérrez Romero afirmó que hace ocho años se registraron múltiples desapariciones de menores – al menos 20 casos– en pueblos y zonas aledañas al municipio de Papantla, Veracruz, pero pocos se atrevieron a interponer el reporte ante las autoridades locales, quienes no atendían profesionalmente o no tomaban enserio a las familias que son de bajos recursos.
“Un caso que me tocó atender personalmente está en Veracruz, donde tuvimos conocimiento que en pueblos ubicados a dos horas de Papantla llegaban a robarse menores. Algunos testimonios aludieron que las personas que sustraían a los niños iban disfrazadas de payasos o de turistas”, narró.
El defensor aseguró que la asociación que él encabeza logró identificar a una red de trata y pederastas que operaban en el sureste del país.
“Creemos que es una organización muy violenta de pedófilos. Y cuando nosotros dimos la información completa con nombres y direcciones a la policía, ahí es donde se perdió toda la información, perdieron los archivos que entregamos, las fotografías de los niños que les dimos; ¡nunca hicieron nada!”, dijo Gutiérrez.
El activista destacó que algunas redes de trata o grupos del crimen organizado que también se dedican a la trata llegan a tener un alcance a nivel internacional, pues aseguró que él mismo ha acudido a países asiáticos, como Tailandia, a buscar a menores desaparecidos en México.
Gutiérrez Romero comentó que organizaciones internacionales llegan a pagar en el mercado negro miles de dólares por un niño robado. “Lo menos son 50 mil dólares por un niño mexicano”, declaró.
LOS CASOS
2019
Juana Hernández Patishtan tenía de 16 años y estaba embarazada. La jovencita fue asesinada el 28 de mayo en Playa del Carmen, Quintana Roo. De acuerdo con periodistas locales, la menor era vendedora de artesanías y su crimen fue cometido por su vecina que le extrajo a su bebé para robárselo y hacerlo pasar por su propio hijo.
2018
Ángela Esmeralda Rodríguez Carvajal, de apenas 19 años y embarazada de siete meses, fue hallada sin vida en septiembre de 2018; la encontraron envuelta en un sucio cobertor, en la banqueta de la calle J.B. Lobos, en el puerto de Veracruz.
Casi de inmediato, las autoridades ministeriales de Veracruz indicaron que murió por una hemorragia y por no expulsar la placenta al presuntamente “practicarse un aborto”.
La familia exigió a las autoridades que no criminalizar a la joven, aseguró que Ángela no abortó y alertaron que su bebé pudo ser robado.
Reyna Alicia Martínez Martínez, de 22 años de edad, desapareció el 2 de abril de 2018 junto con su hija de 16 días de nacida en la localidad de San Mateo Macuilxóchitl, Oaxaca.
Dos días después encontraron el cuerpo de Reyna dentro de un tambo de plástico que estaba en la carretera de terracería que comunica a las ruinas de Dainzú en San Mateo Macuilxóchil, pero la bebé seguía desaparecida.
Los agentes siguieron con la investigación enfocada a tráfico de menores. Días después catearon un inmueble y rescataron a la menor. De acuerdo con información de la Fiscalía de Oaxaca dos personas fueron detenidas por el asesinato de Alicia y la sustracción de la menor.
Jessica Gabriela, Alba Lizbeth y Jenny Judith Ceba Velazco eran tres jóvenes que vivían en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, respectivamente, y que fueron asesinadas en marzo de 2018. A las tres las apuñalaron en el vientre. A dos las contactaron por Facebook.
El primer caso ocurrió en Tamaulipas. Ahí, Jessica Gabriela fue contactada por Cynthia “N” y Omar “N” con el pretexto de obsequiarle ropa para su bebé que estaba a un mes de nacer. Ya en el hogar, los presuntos agresores le extrajeron al nonato con un cuchillo de cocina. La joven aún estaba consciente.
Posteriormente, Cynthia se dirigió a un hospital con el bebé muerto, alegando un supuesto aborto. Los médicos no lo creyeron, llamaron a las autoridades y ambos individuos fueron detenidos.
En Veracruz se dio el segundo caso. Jenny Judith fue la víctima. Tenía 22 años. Su bebé sobrevivió y fue rescatado por las autoridades, mientras la presunta responsable del asesinato, identificada como Brianda Padrón Cano, fue entregada por sus padres.
El tercer caso aconteció en Tabasco. Alba Lizbeth salió de la ranchería Corralillo y abordó un transporte local, pero no se supo más de ella. Días después, la mujer de 24 años y con ocho meses de gestación, fue hallada sin vida en un paraje. Su cuerpo presentaba golpes y cuchilladas en el vientre.
2017
Diana Jazmín Corona Durán, de 17 años de edad, fue asesinada y descuartizada el 2 de noviembre de 2017 en San Juan del Río, Querétaro. El bebé de la jovencita desapareció hasta el 8 de noviembre cuando una pareja llegó al hospital con un pequeño que presentaron como su hijo, pero después se percataron que no era cierto. Los agresores de Diana fueron detenidos, de acuerdo a la información de medios de Querétaro.
2016
Isamar Chávez de la Rosa, de 23 años, fue asesinada a golpes en la cabeza con un objeto pesado. Murió en el hospital de Valle Hermoso el 11 de febrero de 2016, Reynosa. Era madre de una niña de tres meses de edad: Sofía Itzayani Castillo Chávez, quien desapareció.
De acuerdo con información documentada por medios locales, Isamar fue atacada por una pariente lejana, Ema Lilia Quintero Jaramillo, de 42 años de edad. La mujer confesó que ella y su hija prófuga, Xitlali Yelitza Leal Quintero de 23 años, mataron a Isamar y robaron al bebé.
Daniela Guadalupe Castañeda Mercado, de 23 años, fue asesinada el 10 de junio por una amiga para sustraer a su bebé con cuatro días de nacido en la capital de Chihuahua. La joven duró dos días desaparecida. Su cuerpo fue localizado el 12 de junio en la orilla de un río.
Las autoridades localizaron y detuvieron a Alejandra B.A en la misma población con el bebé de Daniela. Alejandra fingió el embarazo y el parto, estaba obsesionada con tener un hijo, informaron las autoridades en ese momento.
A Jazmín Estefani la mató y quemó una de sus amigas. Jazmín y su hija, Estefani Valeria Alba Gopar de 11 meses, desaparecieron el 17 de mayo del 2016 en Tijuana, Baja California. El cuerpo de Jazmín fue localizado sin vida y quemado 20 días después, en tanto que de la niña no se supo nada hasta meses posteriores. El 25 de febrero de 2017 detuvieron a Melissa, quien era amiga de Jazmín, pues la investigación arrojó que la mató para quedarse con su hijo para engañar a su expareja de que tenía un hijo y volver con él.
2015
Luvineydi Yasmín Velázquez Thomas tenía 23 años y estaba embarazada. A la niña la bautizaría como Jenny. Fue asesinada en un domicilio en Tijuana, Baja California, el 30 de octubre de 2015.
“… Quería mucho ese nombre porque le gustaba la música de Jenny Rivera”, reportó el periódico Zeta cuando entrevistó la señora Sandra Tomas, mamá de la víctima.
El 2 de noviembre de 2015 detuvieron a Nancy Carrasco Pérez como la responsable del asesinato. La mujer de 34 años confesó que conoció a Luvineydi en el control prenatal. Ella perdió a su bebé y se hizo amiga de la víctima para robar al niño.
El 20 de abril de 2015 se dio a conocer que María Guadalupe fue sentenciada a 50 años de prisión.
2014
A Nadia Catalina Arvizu Ávila, de 29 años, la mataron a golpes y con un cuchillo de cocina le extrajeron a su bebé. El 25 agosto de 2014 fue localizado su cuerpo en la colonia Paloma de Tepic, Nayarit.
María Guadalupe Muñoz Rodríguez, de 29 años, originaria de Zapopan, Jalisco, fue detenida ese mismo en los límites de Nayarit y Sinaloa. La mujer confesó, en un video, su crimen. El 20 de abril de 2015 se dio a conocer que María Guadalupe fue sentenciada a 50 años de prisión.
Nathaly Cartas de León, de 20 años, tenía ocho meses de embarazo y estaba desesperada por obtener un empleo o ayuda económica para juntar los 2 mil pesos con lo que cubriría los gastos de su parto en Reynosa, Tamaulipas. La joven publicó en Facebook su situación en noviembre de 2014.
Rocío, una chica de 17 años, contactó a Nathaly, le prometió ayuda y la citó en el centro Comercial de Soriana. De ahí, con engaños, la llevó a una casa que rentaba en la colonia Santa Fe
La golpeó y la apuñaló cinco veces en el cuello. Después tomó un cuchillo, le realizó un corte horizontal en el vientre para extraerle al bebé y posteriormente tiró el cuerpo de la madre en un llano.
El cadáver de Nathaly fue localizado el 19 de diciembre, el mismo día del asesinato. Rocío fue capturada horas después, pues llevó al bebé a un hospital donde argumentó que era de ella, según recogió la prensa local en esos días.
2013
Clara Mejía Negrete de 21 años fue localizada muerta el 22 de marzo de 2013 dentro de una vivienda en el poblado de San Pablo Oztotepec, de la entonces Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.
La joven había parido 15 días antes. El infante estaba desaparecido y las autoridades emitieron una Alerta Amber. Cuatro meses después se dio a conocer que Rosa Irene, de 38 años, era la asesina. Fue detenida junto con su pareja en Tamaulipas y el bebé fue recuperado. La mujer fingió ser amiga de Clara para después quitarle al niño pues ella estaba “desesperada porque no podía tener hijos y temía que su pareja, 12 años más joven la abandonara”, según reportaron los medios locales.
