La saxofonista ha tomado fuerzas de sí misma, de su profesión y de su familia para hacer frente a las dificultades del proceso legal, sin embargo, los ataques de odio y violencia son parte de su día a día
«Se cumplen dos años desde que me intentaron matar con ácido, me convirtieron en una superviviente (…) porque para llegar a la justicia, obligatoriamente tengo que superar puños de etapas amargas que me hacen vivir mis agresores y sus cómplices», sostiene la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, a dos años del ataque que sufrió el nueve de septiembre de 2019, cuando fue rociada con ácido en el rostro y el cuerpo.
El recuento que hacen las víctimas indica que en los últimos años, en México, 27 mujeres han sufrido ataques con ácido. Tan solo en 2021, seis víctimas denunciaron sus casos.
Contra el acoso: mejor prevenir que castigar
Desde entonces, María Elena ha tomado fuerzas de sí misma, de su profesión y de su familia para hacer frente a las dificultades de un proceso legal en el que no se ha cumplido con la aprehensión del quinto responsable: Juan Antonio Vera Hernández, hijo y cómplice del exdiputado local, Juan Vera Carrizal, quien habría ordenado asesinar a María Elena con ácido.
Hace dos años, recuerda, le arrebataron la tranquilidad de una vida plena. Pasó a vivir oculta, avergonzada de sí misma por las lesiones que dejó el ácido en su piel. «Las mujeres hemos vivido una violencia tan extrema que nos han obligado a esconderlo», dice.
Además, Malena padece día a día la incitación al odio y a la violencia que ha encabezado la familia del presunto responsable de la tentativa de feminicidio en su contra: un video en el canal Badabun, de contenido viral, por ejemplo, se dedica por completo a revictimizar a la joven.
La familia Vera, además, ha recurrido a comprar la voluntad de mujeres para pedir la libertad del también empresario gasolinero. Esto a través del movimiento Frente Único de Mujeres Mixtecas, en cuya página de Facebook, a pesar de que afirman estar a favor de la justicia para María Elena, la revictimizan mediante cuestionamientos a su apariencia, forma de vestir y motivaciones, así como el avance de su recuperación.
Además, incitan al odio contra ella y su familia.
Pese a la gravedad del ataque, el único documentado en Oaxaca, ponen en tela de juicio su calidad de víctima y de sobreviviente de intento de feminicidio.
Las hijas del empresario incluso sostienen una campaña para repartir despensas en comunidades de alta marginación, a nombre de una fundación llamada VECA, en alusión al nombre de Vera Carrizal.
«Posiblemente existe trata de personas, que consiste en explotar y usar a la gente para acciones que son ajenas a una legitimidad (…) Están cometiendo otros delitos como el de discriminación contra la víctima, por el simple hecho de que ella está luchando por justicia», señala la abogada de María Elena, Diana Cristal González Obregón.
Explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta el derecho de las víctimas a un debido proceso, en el que se frene la revictimización, mismo que también está contenido en la Constitución mexicana.
Por ello, el equipo legal de María Elena lleva a cabo acciones para que estos delitos no queden impunes. «Exigimos que la fiscalía dé de baja estos perfiles en redes sociales que incitan a la violencia contra la víctima. ¿Qué espera la fiscalía, qué espera el gobernador?».
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), explica que «cuando los agresores se relacionan con la política, ocupan las redes sociales, sobre todo si se trata de gente como ellos, para difamar a las mujeres y poner en duda su integridad (…) es una práctica común cuestionar a las víctimas y revictimizarlas, haciendo pensar a la gente que ella misma se buscó lo que le pasó, reforzando la conducta machista».
En muchos casos, detalla, las víctimas y sus familias tienen que abandonar sus hogares ante la intimidación que sufren.
En otros casos, las fiscalías estatales han retirado de las redes sociales las páginas de desprestigio contra las víctimas; no obstante, la fiscalía general del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha hecho lo mismo.
La especialista afirma que las marchas a favor de Vera, por ejemplo, obedecen a intereses políticos y económicos. «Pasa cuando son agresores que pertenecen a partidos políticos. Mueven sus bases, son mujeres que apoyan a su partido. Es una práctica recurrente en el crimen organizado».
Para María Elena Ríos, la campaña de odio en su contra abona a una situación de por sí difícil de sobrellevar. «Pretenden sembrarle odio a las personas en nuestra contra, tratando de desvirtuar el delito y dejar fuera de foco la ejecución de la última orden de aprehensión.
«¿No tengo derecho a intentar seguir adelante y recoger los pedazos de mi vida? ¿Tengo que verme moribunda para validar mi calidad de víctima? Arrebataron mis sueños, planes y proyectos; quedé muerta en vida, pero sigo adelante porque quiero volver a vivir».
