Agresión en contra de la mas mujeres.
En enero de 2001, Marcela se encontraba laborando en el taller de herramientas para los alumnos de Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana (UIA). De pronto, su compañero de trabajo, Heriberto Rivera Acevedo, aprovechando la soledad del lugar, intentó besarla a la fuerza.
Ella recuerda que las expresiones soeces y la circulación de pornografía eran habituales entre sus compañeros de trabajo, todos ellos varones; sin embargo, nunca les prestó mayor atención, pues le parecían actitudes inofensivas y jamás imaginó que podrían llegar a una agresión física.
Asida por Heriberto de las solapas de su bata de trabajo, Marcela consiguió zafarse y huyó. Al día siguiente, al informarle a su supervisor de lo ocurrido, éste le contestó que le creía, pues era sabido entre los empleados que Heriberto tenía esa clase de conductas con sus compañeras; sin embargo, le dijo que no podría hacer nada, pues el hombre que la había acosado tenía influencias en la universidad de vocación jesuita.
Marcela no tuvo otro remedio que regresar a trabajar al lado de su agresor, sabedora de que no podía renunciar a su trabajo no sólo porque era su medio de subsistencia, sino porque gracias a su empleo había conseguido una beca dentro de la institución para que su esposo estudiara la carrera de contaduría pública.
Temerosa de que Heriberto intentara besarla nuevamente, Marcela acudió con el Sindicato de Trabajadores de la UIA, en donde también encontró resistencia de parte de algunos de sus compañeros, a pesar de que muchos conocían de la conducta lasciva de Heriberto.
“Era mucho desgaste. Todos cambiaron contra mí, me veían como bicho raro”, relata Marcela, acerca de los meses que siguieron a la agresión, hasta que finalmente fue ella a quien el personal de Recursos Humanos de la UIA decidió despedir.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera como violencia laboral tanto al acoso (cuando la víctima y el agresor tienen el mismo nivel jerárquico) como al hostigamiento sexual (cuando hay una relación de subordinación). De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la incidencia de estas conductas es la causa de que una de cada cuatro mujeres sea despedida y que cuatro de cada 10 renuncien a su empleo.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señala que se trata de una forma de discriminación por género, en la que las mujeres están mucho más expuestas a ser las víctimas, ya que carecen de poder o se encuentran en posiciones más vulnerables e inseguras en sus ambientes de trabajo; asimismo, reconoce que este tipo de prácticas puede ser socorrido cuando se percibe a una mujer como “amenaza potencial para obtener puestos de mayor jerarquía”.
El Inmujeres apunta, en el documento Desigualdad de género en el trabajo, que el hostigamiento sexual laboral tiene efectos negativos para la víctima, como estrés, frustración, pérdida de autoestima, desmotivación y ausentismo laboral.
Asimismo, para el resto del personal, implica trabajar en ambientes hostiles, y para las empresas e instituciones públicas, implica un daño a su imagen y decremento en sus niveles de productividad, además de que socialmente “constituye un severo obstáculo para lograr la igualdad y la equidad de género”.
“Cuando yo salí, caí en una depresión porque tenía muy buenas prestaciones, sueldo, la beca de mi esposo. Eran muchas cosas por las cuales yo estaba muy dolida: ¿Cómo salí yo, y él, que era un desgraciado, se quedó?”, reclama Marcela.
Luego de ocho años de pelear por la restitución de su empleo, en octubre del año pasado, Marcela finalmente fue reinstalada en su antiguo trabajo. El abogado del Frente Auténtico del Trabajo, Eduardo Díaz Reguera, considera paradigmático el caso de Marcela, ya que no sólo se logró demostrar el acoso sexual del que fue víctima y que motivó su despido, sino que se consideró la pasividad de la empresa donde trabajaba (la UIA) como un “riesgo de trabajo”, como consta en su expediente, resuelto por la Junta Especial 10 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
Sin embargo, a su regreso, Marcela se enfrentó nuevamente a hostigamientos de parte de sus compañeros, que llegaron incluso a desproveerla de sus herramientas de trabajo y negarle la entrada al campus universitario para justificar un posterior despido por inasistencias.
El esposo de Marcela no pudo concluir sus estudios: le faltaron sólo dos semestres para graduarse. Tres años después de la agresión, mientras estaba en curso la demanda, Heriberto Rivera Acevedo se jubiló.
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