Los feminicidios se incrementan: durante los primeros 4 años del sexenio.
La legislación mexicana en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres es “pionera en la región”. Sin embargo, esta normatividad de vanguardia no se traduce en mejores condiciones para las mujeres. Los feminicidios se incrementan: durante los primeros 4 años del sexenio pasado sumaron 6 mil 714. De acuerdo con especialistas y funcionarios, esto se debe a la falta de voluntad política del gobierno mexicano para solucionar las problemáticas de violencia de género hacia las mujeres ya que, en algunos casos, los derechos del género femenino son utilizados como meros “instrumentos de legitimidad política”
En los últimos años, México ha avanzado en materia de legislaciones a favor del respeto y los derechos de las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo reconoce.
Ana Güezmes García, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, asegura que la legislación mexicana en materia de igualdad y no discriminación contra el género femenino es “pionera en la región”.
Destaca la emisión de las leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; la incorporación de la perspectiva de género a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Planeación; las reformas al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para tipificar y sancionar el feminicidio y la discriminación; y la modificación de 15 figuras jurídicas con el objetivo de garantizar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia.
A nivel estatal, la representante de la ONU subraya el hecho de que todas las entidades federativas cuentan con una legislación específica sobre violencia contra las mujeres y 30 estados, con un sistema de coordinación interinstitucional.
Todo este cúmulo de normatividades no ha servido, sin embargo, para modificar favorablemente la condición de quienes representan el 52 por ciento de la población en el país: las mujeres. Datos de instancias oficiales demuestran que plasmar estos derechos en papel no ha contribuido a reducir la violencia que las mexicanas experimentan de manera cotidiana, tanto en el ámbito público como en el privado.
Por ejemplo, los feminicidios –la manifestación más extrema de violencia contra la mujer– registrados durante los primeros 4 años del gobierno de Felipe Calderón se incrementaron respecto de los perpetrados durante los dos gobiernos que le antecedieron: el de Ernesto Zedillo y el de Vicente Fox. De 1995 a 1998 las defunciones femeninas con presunción de homicidio sumaron 5 mil 836; de 2001 a 2004, 5 mil 116; y de 2007 a 2010, 6 mil 714.
Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), plantea una explicación del porqué esta legislación de vanguardia no incide en la realidad cotidiana. A propósito de la tipificación del feminicidio en 19 de las 32 entidades federativas, apunta que hay quienes sólo usaron ésta como un “elemento de legitimidad política”.
El caso de Campeche, una de las siete entidades que aún establecen la “vergonzosa figura del homicidio en razón de honor”, constituye un “ejemplo claro de cómo se utiliza el derecho penal y a las mujeres solamente como un instrumento de legitimidad política”, asegura el funcionario.
Explica que las autoridades de Campeche accedieron a abrogar el Código Penal de ese estado con el supuesto objetivo de corregir la discriminación que conlleva el atenuante del homicidio en razón del “honor”. No obstante, su nueva normatividad “establece el homicidio en estado de emoción violenta”.
Para reafirmar el enorme desinterés que los políticos mexicanos muestran hacia las mujeres, Navarrete Gutiérrez alude a la información que el Inmujeres hizo de conocimiento público hace un par de años. Esta instancia reveló que los recursos que los partidos políticos deben destinar a la capacitación política de las mujeres se ocupaban en realidad para comprar artículos de limpieza.
Ana Güezmes habla de las expectativas que la organización que representa ha puesto en la LXII Legislatura. Su optimismo se deriva de la actual composición del Poder Legislativo en México, que por primera vez en la historia sobrepasa lo mínimo requerido en materia de cuotas de género, establecido en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995): que haya un 30 por ciento de mujeres en puestos de elección parlamentaria. Hoy casi el 37 por ciento de integrantes de la Cámara de Diputados son mujeres mientras que en el Senado de la República la cuota de este género es del 33 por ciento.
El coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres recuerda que los logros en materia de derechos de las mujeres en el país “no han sido producto de la benevolencia política, sino más bien de la lucha incansable de las mujeres”.
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2013/01/15/de-papel-derechos-de-las-mujeres-mexicanas/
