La iniciativa afecta a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
La Cámara de Senadores de Argentina aprobó por unanimidad en la tarde de este miércoles la normativa que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en temática de género, llamada ‘Ley Micaela’.
La iniciativa, ahora convertida en ley, lleva el nombre de la joven Micaela García, de 21 años, asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, por un hombre con antecedentes de violación que había sido liberado por la Justicia.
El hallazgo del cadáver de la joven activista tras una semana de búsqueda, motivó en ese país sudamericano una serie de protestas multitudinarias bajo el lema ‘Ni Una Menos’.
El proyecto había sido aprobado anoche en la cámara de Diputados por 171 votos a favor y uno en contra, y fue incorporado por el gobierno a las sesiones extraordinarias de este miércoles para su tratamiento final por pedido de los legisladores de la oposición.
Sobre la ley
La ‘Ley Micaela’ establece la capacitación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres «para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación».
Impulsada por la diputada kirchnerista Analía Rach Quiroga, la normativa tiene por objetivo «capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado» para que den cumplimiento a los deberes asumidos por Argentina como nación signataria de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) será el organismo encargado de coordinar la capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Argentina, al tiempo que certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada repartición del Estado.
Además, el INAM deberá publicar en su página web un informe anual sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas, y elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto del adiestramiento realizado por cada organismo.
«El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres», señala el texto de la normativa.
La nueva ‘Ley Micaela’ fue aprobada en el marco de una fuerte presencia de las temáticas de género y violencia contra las mujeres en la agenda de los medios locales, redes sociales y espacios políticos de Argentina.
https://actualidad.rt.com/actualidad/299562-nueva-ley-obliga-empleados-publicos
