En estos ocho meses se han contabilizado 1,843 víctimas mujeres en el país.
Entre enero y agosto de este año se registraron 1,843 mujeres víctimas de homicidio doloso. El mes de agosto fue el más violento a nivel nacional (254 casos). Los estados de Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato tuvieron el mayor número de víctimas por cada 100,000 mujeres.
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la tasa nacional de víctimas de este delito por cada 100,000 mujeres fue de 2.9; sin embargo, 13 entidades federativas se encuentran por encima de este rango.
Colima es el estado con la tasa más alta, con 14.3 mujeres asesinadas por cada 100,000 personas de este género, ya que durante los primeros dos cuatrimestres del 2019 se contabilizaron 56 mujeres víctimas de homicidio doloso.
Baja California es el segundo estado con la tasa más elevada, es decir, 8.4 mujeres víctimas, y entre enero y agosto contabilizó 155 homicidios dolosos; mientras que Chihuahua, con un tasa de 7.5 delitos por 100,000 mujeres, registró 147 víctimas.
Guerrero ocupa el cuarto lugar, con una tasa de 6.5 ilícitos y 123 mujeres asesinadas bajo la clasificación de homicidio doloso; y Guanajuato contó con una tasa de 5.7 y 178 víctimas.
Si se analiza el número de víctimas durante los primeros dos cuatrimestres desde el 2015 hasta el 2019, el año en curso cuenta con el registro más elevado (1,843), debido a que entre enero y agosto del 2015 se contabilizaron 1,076 víctimas; 1,393 en el 2016; en el 2017 se contaron 1,641 y en el 2018 fueron 1,823.
Si se suman las presuntas víctimas de feminicidio, de homicidio doloso y culposo durante los primeros dos cuatrimestres del presente año 4,610 mujeres han sido privadas de la vida.
Entrevistada por El Economista, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, afirmó que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada con perspectiva de género. Explicó que durante el 2018 se contabilizaron más de 3,500 mujeres asesinadas y más de 50% tenía características feminicidas.
“Nosotras encontramos muchos casos en los que los delitos fueron calificados como suicidios u homicidios culposos, pero son feminicidios y lo sabemos porque revisamos los datos de los casos y solicitamos a las autoridades más información, pero no entendemos por qué no son investigados de inicio con perspectiva de género”.
Recordó la sentencia de Mariana Lima, quien fue asesinada en el 2010 por su pareja y el caso fue clasificado como suicidio, por lo que su madre, Irinea Buendía, a través de un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó reabrir el caso e investigarlo como feminicidio, por lo que el máximo tribunal ordenó que toda muerte violenta se investigara con perspectiva de género.
Estrada detalló que toda muerte de una mujer que no se da por causas naturales debe ser investigada con perspectiva de género y afirmó que “durante la pasada administración se acordó que todos los homicidios dolosos se investigarán como feminicidios, y en términos reales eso no está sucediendo”.
Asimismo, argumentó que la clasificación inadecuada de los delitos no sucede únicamente con los feminicidios, sino que también se da con la desaparición de mujeres y los registros de víctimas de trata con fines de explotación.
Cabe recordar que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2009 sobre Campo Algodonero también marca un antecedente en cuanto a la violencia de género hacia las mujeres en México.
A partir de esta sentencia de la CIDH, en el 2010 la Secretaría de Seguridad Pública emitió el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género con el fin de dotar a las instancias policiales de procedimientos técnicos y metodológicos en la detección, identificación, intervención, protección y prevención de los casos de violencia hacia las mujeres.
“En primer lugar se deben de aplicar los protocolos que se basan en los criterios de la sentencia de Mariana Lima y Campo Algodonero porque a la autoridad no le sirve tener protocolos de actuación si no los implementan”, dijo María de la Luz Estrada.
