Familiares de víctimas de desaparición y defensoras de los derechos humanos denuncian que el gobierno de Claudia Sheinbaum estar “ocultando” y “silenciando” la magnitud del problema en la Ciudad de México, pues, por ejemplo, admite que no sabe cuántos desaparecidos hay en la capital del país. Por lo demás, datos de organizaciones no gubernamentales estiman que las mujeres y las niñas se ubican entre los grupos de la población capitalina más afectados.
Considerada durante los últimos 10 años como una urbe con escaso índice de desapariciones de personas, la Ciudad de México está sumándose a la lista negra de entidades en donde la tragedia se agudiza, con mujeres y niñas como un sector especialmente vulnerable.
En entrevistas por separado, familiares de víctimas y defensoras de los derechos humanos que las acompañan coinciden: en la Ciudad de México persisten omisiones y fallas que revictimizan y reflejan la falta de mecanismos efectivos de búsqueda, como ocurre en otros estados.
Unos de los casos que desnudan la situación que vive la capital del país son los de Tania Karina Domínguez Morales y Natali Carmona Hernández, cuyas desapariciones ocurrieron en la administración de Claudia Sheinbaum. jefa de Gobierno.
Víctor Hugo Aguilar Morales, hermano de Tania, y Aidée Hernández Ávila, madre de Natali, denuncian que los funcionarios de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede), creada el año pasado y dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, carecen de la capacidad para resolver los casos. Ambas personas también lamentan el incipiente esfuerzo de la Comisión de Búsqueda de Personas de la ciudad (CBPCDMX), creada en junio último.
Chef de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aguilar Morales narra que su familia se involucró de lleno en la búsqueda de Tania Karina, de 38 años, madre de un adolescente. De ella no tiene noticias desde el 28 de julio pasado, cuando salió a convivir con sus amigos en las inmediaciones del tianguis de El Chopo, en la colonia Buenavista.
La familia de Tania Karina decidió esperar al menos un día para recibir noticias de ella, puesto que en su adolescencia solía quedarse con amistades y no avisar. El 30 de julio presentó la denuncia formalmente ante la Fipede. Mediante testimonios se logró reconstruir el día en que Tania desapareció; para ello se fijó en un croquis la ubicación de cámaras de seguridad, localizando a su pareja y a sus exparejas, amigos y conocidos, entre otras personas.
En los primeros 15 días posteriores a su desaparición, los familiares de Tania advirtieron que la única información que había en el expediente era la que habían aportado ellos mismos, y lamentaron el hecho de haberle confiado a la autoridad que la joven tuvo problemas de adicciones en la adolescencia, “porque esa información fue usada como pretexto para no buscarla”.
“Haciendo un ademán despectivo con la mano, un agente de investigación nos dijo: ‘Cualquier día de estos aparece en los escuadrones de la muerte’. Así les llaman a los grupos de alcohólicos que están en los parques y en las coladeras (…) Nos dijeron que la habían visto en un hotel donde había ‘damas de compañía’, con esas palabras, cerca de Lecumberri, y también nos dijeron que ‘una monjita’ la había visto en un comedor comunitario”, cuenta su hermano sobre la información que recibieron de la autoridad a dos meses de que presentaron la denuncia.
Pese a haber contado en su momento con el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante la gestión de Luis Raúl González Pérez y de la organización civil Justicia Pro-Persona, los familiares de Tania Karina no vieron que la Fipede acelerara sus esfuerzos por investigar y agotar las líneas de investigación que ellos mismos le iban dictando a la autoridad.
Incluso denuncian pérdida de información; es el caso de los videos de la zona donde Tania fue vista por última vez. Esto lo atribuyen a la falta de iniciativa de la fiscalía para realizar diligencias y solicitar datos, como la sábana de llamadas, estados de cuenta bancarios y muestras de ADN.
“Están totalmente rebasados de trabajo. Siempre se quejan sobre la falta de personal: hay sólo dos o tres policías de investigación y hay un abogado de acompañamiento para toda la Fipede; no hay congruencia entre las acciones de relumbrón y las acciones netas”, denuncia Víctor Hugo Ávila, quien se dice convencido de que su hermana no pudo haber desaparecido por su voluntad, toda vez que estaba muy apegada a su hijo.
Indolencia
Aidée Hernández Ávila perdió la tranquilidad el 27 de enero de 2019 cuando su hija Natali, de 31 años, no regresó de un viaje que realizó a Puebla con su pareja, Víctor Macías Moreno, de 47 años.
Sin el apoyo de la familia de Macías Moreno, quien habría aparecido muerto el 10 de febrero en Puebla, ni de la Fipede, que declinó su competencia en el caso, además del extravío del expediente durante tres meses y sin avances significativos, Hernández Ávila se sumó al colectivo Hasta Encontrarles CDMX. El propósito: presionar a la fiscal Ernestina Godoy para que se retomara el caso.
“En Puebla me dicen que no hay pruebas de que hayan entrado al estado. Tengo miedo de que Víctor estuviera ligado a alguna banda de trata de blancas”, advierte.
Aidée explica que cuando le anunciaron que la carpeta de su hija se iba a Puebla, le dijo a la agente del Ministerio Público Cristal Bobadilla que habían localizado a Víctor, pero no a Tania.
“Además –cuenta angustiada– yo tenía dudas de que fuera el cuerpo de la pareja de mi hija porque hay testimonios de que a él lo vieron después de los hechos. La agente no me hizo caso y cuando recuperamos la carpeta en Puebla (algo que yo hice) me dijeron que no se le entendía nada, que tiene 600 hojas y no hay nada que sirva para localizarla.”
Hernández Ávila ahora tiene el respaldo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En entrevista con Proceso, revela que ha recibido “advertencias” de varios conocidos de la pareja de su hija. “Ya no le mueva al agua”, le han dicho.
Dice que en una reunión que tuvieron los miembros del colectivo con Godoy, hace unos días, varios familiares de desaparecidos le reclamaron a la funcionaria la falta de resultados. “Ni siquiera tienen una cifra exacta” de las víctimas, le dijeron. También le reclamaron: “Toman el tema de las desapariciones como cualquier cosa”.
Godoy se comprometió a que el próximo 14 de enero entregará avances sobre los casos que lleva el colectivo, incluyendo el de Natali. “Si mi hija no regresa con vida, mínimo que pague la gente que se atrevió a hacer algo con ella”.
Datos dispersos
La falta de información confiable que ayude a dimensionar el problema es uno de los retos que enfrenta Fernando Elizondo García, nombrado el 21 de junio último titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, instancia que tiene un presupuesto de sólo 7.3 millones de pesos y 10 personas como equipo de trabajo.
En entrevista con Proceso, Elizondo explica que en la capital del país se generó una narrativa en el sentido de que en esta ciudad no hay desapariciones porque no se han registrado hechos violentos de la magnitud que ocurren en otros estados.
“Hay una dispersión de fuentes y no sabemos cuántos desaparecidos hay”, agrega Elizondo, quien es maestro por la Universidad de Harvard y ha trabajado en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.
De acuerdo con la información más reciente del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta abril de 2018 había 797 casos en la Ciudad de México. De ellos, 747 fueron catalogados del fuero común y 50 del fuero federal, pero esta información no ha sido depurada.
Los registros que se han recibido de Locatel, por ejemplo, es que al día se generan 200 denuncias por desaparición; de ellas, 60% resultan en la aparición de la persona sin que se tenga claridad de qué ocurrió con el resto.
El jueves 5, la Fipede informó que al 20 de agosto se integraron 2 mil 272 carpetas, de las cuales 85% estaban cerradas por localización.
En el caso de la CBPCDMX, del 20 de junio al jueves 12 se registraron 195 casos de desapariciones o no localizados. De ellos, 110 corresponden a hombres: 88 adultos y 11 menores, y 85 a mujeres: 30 menores de edad y 47 adultas. Sin embargo, existen casos en los que no se identificó la edad de las víctimas.
De los 195 reportes de desapariciones, 146 personas siguen sin ser localizadas; de las 49 localizadas, 34 fueron reportadas con vida, ocho sin vida y de siete no se tiene el registro de su situación.
La mitad de los casos que ha registrado la CBPCDMX ocurrieron en 2019, casi 10% se reportó entre 2016 y 2018, mientras que el resto es de 2003 a 2009 y de 2010 a 2015.
“Nos están llegando algunos casos de larga data o que las familias llevan tiempo peregrinando por las instituciones. Son casos complicados o que en su momento la averiguación previa se archivó porque no hubo indicios de delito; estamos haciendo planes de búsqueda individualizada, pero sin partir de cero.”
Elizondo destaca que en los casos de la desaparición de mujeres hasta ahora no se ha podido identificar un patrón específico; “sólo llama la atención el rango etario, pues buena parte se trata de menores de edad. No tenemos información suficiente, no podemos decir que son desapariciones voluntarias porque hay casos complejos”.
Elizondo García agrega que su misión al frente de la CBPCDMX es consolidar la información que tiene “para saber qué está pasando y qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar el fenómeno”.
Opacidad
Las defensoras de los derechos humanos María de la Luz Estrada, Omaira Ochoa Mercado y Mitzi Robles Rodríguez coinciden en que las autoridades de la Ciudad de México han fallado en aportar la información necesaria para dimensionar la magnitud de las desapariciones y el impacto del fenómeno en mujeres y niñas.
Estrada y Ochoa forman parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y de Justicia Pro-Persona, respectivamente. Son organizaciones que con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria solicitaron la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México en septiembre de 2017.
Ganaron ante tribunales federales la solicitud contra la que ha litigado la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa.
Ambas defensoras recuerdan que una de las causas de la solicitud era el número de desaparición de mujeres y niñas, pues, de acuerdo con datos oficiales, de enero de 2015 a diciembre último se reportaron 2 mil 494 mujeres como ausentes o extraviadas, de las cuales 644 seguían sin localizar; 60% de ellas tienen entre cero y 17 años.
El último registro que el OCNF obtuvo de la Fipede refiere que en los primeros seis meses del presente año 927 mujeres y niñas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 492 eran menores de edad. De esa cifra, 279 continuaban sin ser localizadas.
Estrada dice que su experiencia con víctimas las ha ayudado a identificar que varias mujeres han desaparecido al contratarse como modelos o para sesiones de fotografía, y que otros casos se deben a sustracciones en el Metro.
“A partir de los casos registrados en el Metro nos reunimos con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y su primera reacción fue que ‘era un tema político para desacreditar a su gobierno’. Le dimos datos de los casos que tuvimos y le pedimos que hiciera cruces con las desapariciones de mujeres que tenían registrados. Hasta ahora no nos ha dado la información. Ella sabe que el tema es grave y por eso emitió una alerta de violencia de género por violencia sexual; en tanto, el litigio de nosotras con Conavim sigue.”
Para Omaira Ochoa no cabe duda de que la desaparición de mujeres “no es un problema que el gobierno de la ciudad esté viendo como una prioridad”. Destaca que Justicia Pro-Persona recibe todos los días llamadas de auxilio de familiares de mujeres desaparecidas.
Contrariamente al gobierno capitalino, considera Ochoa, las redes sociales han roto el silencio de las autoridades, pues han puesto en evidencia que “es un tema urgente de atender, no sólo por el número, sino por las implicaciones de estar en la zona dorada de la trata, que abarca Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México”.
Mitzi Robles, del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, creado en marzo último, explica que la falta de visibilidad del problema es lo que llevó a las familias de las víctimas a unirse, porque “la historia de lo que ha ocurrido en otros estados se repite con las autoridades locales, y vimos que unidas el maltrato es menor y la presión es mayor”.
Mediante el monitoreo de fichas de desaparición, el colectivo ha podido establecer que las alcaldías con más casos, sobre todo de adolescentes, son Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. No obstante, se trata de datos que no han podido ser sistematizados, ante la negativa de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a precisar cuántos casos se han desactivado por localización.
En las autoridades de la Ciudad de México “hay una política de silenciamiento y ocultamiento del problema; a las familias de las víctimas las sientan en una mesa y les dicen que aquello que están solicitando se está realizando, pero en la práctica eso se traduce en nada”, denuncia Mitzi Robles.
Proceso solicitó una entrevista con la fiscal Ernestina Godoy, con el titular de la Fipede, Willy Zúñiga, y pidió datos estadísticos sobre la desaparición de personas, en particular de mujeres y niñas. Al cierre de la edición no hubo respuesta de las autoridades.
